MÉXICO: PODER CASTRENSE…

Por Jorge Carrasco Araizaga/Apro
_104005032_gettyimages-1034424520Como sus antecesores, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador estará acotado frente a los militares. Incluso más. La dependencia creciente en las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad ha ampliado los espacios castrenses ante los presidentes, pese a los casos de violaciones a los derechos humanos. Aunque él mismo ha referido que en su gobierno habrá “un Ejército de paz”, los militares seguirán como actores centrales en el combate a la delincuencia organizada. Al menos en el mediano plazo.
La manera en que el Ejército y la Marina actuarán no está siquiera en manos del que será su nuevo comandante en jefe, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los ministros del máximo tribunal van a definir los alcances de la Ley de Seguridad Interior.
Ese instrumento legal, peleado por los militares desde la década pasada para su confrontación con la delincuencia organizada, ha sido defendido por los próximos secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), el general de división Luis Cresencio Sandoval González; y de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, designados el lunes 22 por el presidente electo.

“Como presidente, López Obrador tendrá una situación más complicada con las Fuerzas Armadas que sus antecesores. En años recientes los militares han ganado espacios e influencia y al mismo tiempo hay grandes exigencias de justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, dice Mónica Serrano, investigadora de El Colegio de México, especialista en seguridad y derechos humanos.
Las relaciones entre civiles y militares en México pasan además por la política antinarcóticos de Estados Unidos y eso significa que la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas puede ser en los términos que le interesen a ese país, como ha ocurrido en Colombia, observa Serrano.
En entrevista telefónica con Proceso desde Bellagio, Italia, donde realiza una investigación sobre derechos humanos y la política de drogas de Estados Unidos, Serrano asegura que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina han ganado presupuesto, presencia y prerrogativas a consecuencia de su participación en el combate al narcotráfico.
“Los militares tienen ahora más poder político. La relación entre civiles y militares se ha alterado. No se puede explicar de otra manera que el presidente electo se haya presentado en los cuarteles centrales de los mandos del Ejército y la Marina. Se cuadró”, dice la investigadora en coincidencia con el reportaje “AMLO se cuadra” (Proceso 2182).
TENSAS RELACIONES
No conocemos los detalles de las reuniones con los salientes secretarios de la Defensa y de la Marina. Pero es claro que los militares han ganado espacios en los tres gobiernos que hemos tenido desde 2000, después de más de siete décadas del régimen del PRI, dice la autora, entre otros títulos, de “Crimen transnacional y seguridad internacional, ¿más de lo mismo?”.
Tres gobiernos consecutivos han considerado que no hay otra opción y las Fuerzas Armadas han asumido más responsabilidades en las tareas de seguridad. Los militares, de manera racional, han pedido garantías. El problema es que esas garantías son problemáticas por la tensión que se ha originado en las relaciones cívico-militares, añade la entrevistada.
Para Serrano, los militares se han fortalecido en esa relación mientras que los civiles tienen menos cartas para exigir. Además, en el contexto de la democratización, la activación del federalismo y la descentralización del poder político, “las relaciones de los militares con el poder civil ya no son exclusivamente a través del Ejecutivo federal, como antes. Ya tienen una relación libre con los gobernadores”.
De Tlatelolco a Ayotzinapa los militares han evitado la rendición de cuentas. ¿Cómo explica ese déficit de medio siglo en el que el país pasó de un régimen autoritario a uno de pluralidad política?
La rendición de cuentas de los militares en cualquier país depende de la correlación de fuerzas entre civiles y militares y de la calidad del liderazgo civil. En contextos democráticos, la rendición de cuentas depende de manera fundamental de la capacidad del Poder Legislativo para exigir en una gama amplia de aspectos, desde las tareas y misiones asignadas a las Fuerzas Armadas por el gobierno en turno, hasta el tamaño del presupuesto y su asignación.
En México el Congreso está lejos de cumplir esa función.
Entre otros factores, por eso el Ejército, en lugar de permitir una investigación cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y sacrificar a quien haya que sacrificar, dice que la institución está en peligro.
INCORDIO MILITAR
El lunes 1, en declaraciones a El Universal, el general Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, descalificó a la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa ordenada por un tribunal colegiado. El general, quien en 2005 gestionó en la Procuraduría General de la República (PGR) el desafuero de López Obrador, dijo que carecerá de imparcialidad y objetividad porque se quiere buscar “la responsabilidad del Ejército por una supuesta omisión”.
El futuro de la Comisión sobre la desaparición de los 43 normalistas depende también de la Suprema Corte, aunque el próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, advirtió que no será una instancia para investigar al personal castrense.
Cuestionada sobre la negativa del Ejército a la rendición de cuentas, que ha sido una constante, como en el caso de la masacre del 2 de octubre de 1968, la investigadora asegura que ese no ha sido un verdadero tema en México:
“Durante los largos años de la ‘primera’ transición a la democracia, el tema de los militares no figuró en la agenda de las negociaciones entre los gobiernos priístas y la oposición. El peso de la hegemonía priísta hizo de las sucesivas reformas electorales el tema prioritario de las fuerzas de oposición. Salvo un breve llamado, en el contexto de las elecciones de 2000, del Grupo San Ángel, a la neutralidad de las Fuerzas Armadas, el papel y subordinación de éstas al poder civil no fueron tema central de la agenda de la transición”.
Serrano dice que esta omisión contrasta claramente con otras experiencias, como la española y la argentina. En esta última, “la derrota del régimen militar a manos de Gran Bretaña en las Malvinas dio a los civiles un margen considerable de maniobra para replantear la posición de los militares en el nuevo marco democrático. Y sin embargo ello no ocurrió sin jaloneos, sin amenazas a la estabilidad democrática. Pero en ambos casos, la calidad y el ímpetu del liderazgo civil fue un factor clave que explica la firmeza del control civil en condiciones aparentemente adversas”.
Añade que la ventana de oportunidad para una reforma y reorientación de los mecanismos de control civil sobre el poder militar se abrió en México con la primera alternancia en el año 2000. Sin embargo, ello no sólo no ocurrió, sino que figuras militares —desde luego el general Macedo de la Concha (quien fue titular de la PGR)— ocuparon puestos clave en la administración de Fox. Tan importantes como la ausencia de una visión y de un liderazgo civil fueron los cambios en la correlación de fuerzas entre civiles y militares que trajo el apogeo del mercado de la cocaína.
“Si en el sexenio de Zedillo el Ejército y la Fuerza Aérea participaron activamente en misiones de interdicción y se ampliaron las facultades de las Fuerzas Armadas en tareas antinarcóticos, en el de Fox se autorizaron los primeros despliegues militares”, dice en referencia al operativo México Seguro en Tamaulipas, en 2005, cuando el Ejército y la Marina se desplegaron simultáneamente en varias ciudades de ese estado.
¿Por qué la clase política mexicana ha sido especialmente considerada con los militares?
La falta de visión y liderazgo ha sido un factor importante. Esa ausencia hace difícil, si no es que imposible, la rendición de cuentas. Desde los noventa del siglo pasado hemos atestiguado cómo la economía ilegal de drogas y la lógica de las políticas antinarcóticos modificaron la relación de poder entre militares y civiles, agudizando la dependencia de los civiles con respecto a las Fuerzas Armadas para enfrentar una situación de inseguridad cada vez más intensa y compleja. A medida que la violencia del narcotráfico aumentó, los sucesivos gobiernos civiles, el federal y los estatales se han vuelto más dependientes de los militares.
¿Podrá el próximo gobierno enfrentar el problema de las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en el combate al narcotráfico?
En algunas experiencias internacionales hemos visto cómo mandos militares han sido llevados a la justicia por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el alcance de los esfuerzos para llamar a cuentas a los militares depende, entre otros factores, de la correlación de fuerzas y de la fuerza de las familias de las víctimas.

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