PODREDUMBRE AZUL

Por Everardo Monroy Caracas

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Mi propósito inicial: conocer el terreno que pisaría.

Ciudad Juárez apestaba.

La corrupción había carcomido a su clase política. Lo mismo ocurría con las instituciones gubernamentales. Principalmente las responsables de impartir justicia y combatir la delincuencia.

Me impresionaba confirmar el deterioro moral de jueces, policías y militares. Los traficantes de drogas, contrabandistas y tratantes de blancas tenían el control político del municipio.

Impunemente ejecutaban a sus adversarios.

Ni siquiera los barones de las maquiladoras intentaban mejorar las condiciones de vida de sus obreras y obreros. Por lo mismo, los inmigrantes pobres levantaban sus casuchas de tablones y tabique en los suburbios de la ciudad. La mayoría, carecía de los servicios básicos y la pavimentación de sus calles.

Ni siquiera existían guarderías para cuidar y alimentar a los hijos de las madres solteras, futuros delincuentes.

El robo de la electricidad era tolerado y el agua potable, la almacenaban en bidones y tambos de doscientos litros.

Nubes de moscas sobrevolaban en los traspatios por los orines y el excremento expuesto al aire libre.

Chihuahua era gobernado por el PAN. Lo mismo en Ciudad Juárez. Ni Francisco Barrio Terrazas y Ramón Galindo Noriega demostraban capacidad política para mejorar las condiciones de vida de sus gobernados. Tampoco daban visos de enfrentar con dureza la corrupción y al crimen organizado.

En el estado prosiguieron los mismos vicios de poder e inmoralidad administrativa, heredados del PRI.

El Diario empanizó su cabezal. Sin embargo, contaba con una cuadrilla de reporteros con salarios dignos, en comparación a los otros periódicos de Chihuahua.  Tambien multiplicó un nuevo estilo de redactar la información, menos editorializada y apegada a los hechos. En sus manos, el reportaje y la crónica, como géneros periodísticos, tuvieron ascendencia.

 En la planta baja del edificio encalado me asignaron un escritorio con computadora. Formaría parte del equipo de reporteros asignados a los asuntos políticos y policiacos.

Los periodistas chihuahuenses eran recelosos de su cultura y sapiencia. Desconfiaban de los chilangos —como llamaban a las personas oriundas del sur del país—. Nos consideraban labiosos, ladinos e hipócritas. No fue fácil ganarme su confianza.

(En otro capítulo explicaré el origen de esta especie de xenofobia)

Las ordenes de trabajo las recibíamos del jefe de información.

En mi caso, redactaría reportajes de investigación sobre temas específicos.

Durante dos semanas no tuve fuentes de información.

Hablé con L y le sugerí hacer una breve radiografía de la violencia. La investigación me permitiría conocer la realidad cotidiana de los juarenses. José Revueltas sugería que para desentrañar la verdadera moral de los pueblos era necesario indagar en sus iglesias y cantinas.

No hubo objeción.

Dos días trabajé en el reportaje. Tendría el apoyo grafico del Arre Machos. En su troca, como llamaba a su vehículo, recorreríamos la ciudad. Las entrevistas las contactaba previamente por teléfono.

Durante la noche hurgaba información en la hemeroteca de la empresa.

V me hizo un préstamo de mil pesos para rentar una habitación y comprar alimentos. Arre Machos habló con su casero. Los dos problemas quedaron resueltos la noche del 8 de junio.

El mismo domingo redacté una nota relacionada a la violencia doméstica. Se publicó al día siguiente. Aproveché material sobrante de la entrevista  que me había concedido la dirigente del Grupo feminista 8 de Marzo.

—Aquí se tienen estimaciones serias sobre la violencia doméstica —me confió Esther Chávez Cano—. El problema es grave y debe atacarse de fondo. Los datos señalan que entre un 25 y 50 por ciento de las mujeres asistidas en alguna clínica de salud sufrieron abuso físico de su marido. Las mujeres de 25 a 30 años son las que más agresiones padecen, por imposiciones autoritarias de su pareja. Mientras que las de once a 16 años son víctimas de la violencia sexual.

Durante treinta y seis horas logré allegarme de suficiente información. El reportaje lo publicarían en dos partes.

Le entregué un adelanto a L y fue aprobado por el concejo editorial.

La primera parte apareció el martes 10 de junio. El director editorial, V, la intituló:

Del asesinato a la impunidad/Parte I.

En Ciudad Juárez la violencia tiene varias caras. Una de ellas, alentada por el mercadeo de enervantes. Es la más sanguinaria, la más peligrosa, la menos conocida. Simplemente, bajo directrices de los capos, los barones de la droga, en menos de seis meses, sus gatilleros —sin rostro, ni nombre— han sembrado 21 cadáveres en las calles, carreteras y parajes solitarios.

A esos muertos, quienes normalmente terminan con uno o varios balazos en la cabeza, los llaman ejecutados. Es probable que nunca se esclarezcan los hechos —como ha sucedido en años anteriores— al encontrarse dentro de territorio vetado por el Poder Judicial chihuahuense.

—La opinión pública, en el caso de los ejecutados aparecidos en diferentes puntos de Chihuahua, casi nunca se entera de los resultados de las investigaciones. Tal pareciera que es asunto intocado o de privilegio para las autoridades judiciales — concluye la vocera de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, Judith Galarza.

Y en mucho tiene razón.

El propio comandante del Departamento de Homicidios de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, Antonio Navarrete Pérez reconoce que poco o nada puede hacerse para esclarecimiento de esos crímenes al encontrar —argumenta— resistencia en las investigaciones por parte de familiares de las víctimas.

Para el gobernador del estado, Francisco Barrio Terrazas la interpretación puede ser otra. Los cuerpos policiacos están infiltrados por la delincuencia organizada, principalmente del narcotráfico.

E hizo pública la tesis después de suscitarse una balacera entre policías municipales y de la Judicial Federal, el jueves 22 de febrero de este año. Dejó un saldo de un muerto y dos lesionados. Hecho ocurrido en la Estación Delicias de la Dirección General de Seguridad Municipal. Hasta la fecha sigue sin esclarecerse.

El lunes 27 de febrero, Barrio Terrazas expresó:

—En esos hechos no debe descartarse el narcotráfico, como causa de la balacera entre federales y municipales, y que en ocasiones narcotraficantes proporcionan a policías cargas de droga para que estos justifiquen su trabajo.

Y mientras el gobernador, en conferencia de prensa, hacía señalamientos flamígeros, los periódicos locales publicitaban los primeros cuatro ajusticiamientos del año en Ciudad Juárez. Crímenes en los que ninguno de los verdugos o responsables intelectuales fueron aprehendidos por las diferentes corporaciones policiacas.

El lunes primero de enero una persona descubrió un cadáver frente a un bar. Sucedió a las 20:40 horas, en la calle 16 de septiembre. El muerto fue identificado como Pascual López alias El Pato. Tenía un balazo en la cabeza.

Un agente judicial, comisionado en la investigación, concluyó:

“Se trató de un ajuste de cuentas. El tipo estaba en negocios turbios”.

El domingo 7 de enero, a tres metros del libramiento de la Avenida de Las Torres, un niño avisó a la policía sobre la presencia de un hombre esposado, de aproximadamente 30 años, con siete balazos en el cuerpo y la cabeza. En su ficha signalética se anotó: “De tez blanca, 1.70 de estatura, ojos claros y vestía un pantalón negro de mezclilla, una chamarra rompevientos y tenis blancos“.

El tiro de gracia lo recibió en la frente, a corta distancia. Utilizaron una pistola 9 milímetros.

Mientras que el cadáver reposaba en la plancha del Sistema Medico Forense, el alcalde, Ramón Galindo Noriega denunciaba que varios policías preventivos trabajaban para los capos del narcotráfico como gatilleros.

Y abundó:

—En Ciudad Juárez existen 500 picaderos de cocaína y heroína. No se vale que la Procuraduría General de la República solape a los narcotraficantes…

Galindo vivía con zozobra. Telefónicamente fue amenazado de muerte al poner en evidencia veinte o treinta policías preventivos consumían mariguana y cocaína y protegían a narcos. 360 estaban bajo su jurisdicción.

El policía preventivo Eduardo Valle Vega, fue contratado como sicario en noviembre de 1995. Identificó a sus patrones ante el Ministerio Público: Omar Normando Barraza Olivares alias El Súper Ratón y José Omar Nava alias El Nava. Le pidieron que asesinara a sus compañeros Juan Guerra Luna y Felipe Lozano Carlos. El motivo: extorsionar en repetidas ocasiones a sus  patrones. La Policía Judicial del Estado los relacionaba al tráfico de enervantes y tener en su nómina a pandilleros y viciosos de poca monta. Omar y José fueron exculpados por un juez federal. Les liberó un amparo judicial. Nunca fueron encarcelados.

La audacia de El Nava llegó a tal que personalmente buscó en su propia oficina al alcalde juarense. De frente le expresó su inocencia. Eso ocurrió el jueves 4 de enero.

Eduardo Valle tuvo el apoyo de su amante, Martha María Ríos Ledezma. Fallaron en su intento, pero por equivocación asesinaron a un rescatista de la Dirección General de Policía. Durante el operativo de arresto la pareja hirió de bala a tres elementos de la preventiva.

El lunes 2 de enero, José Luis Reygadas Seyffert, regidor con licencia, y director general de la Policía, afirmó:

—Soy el primero en reconocer los errores que se dan. Debo ser cuidadoso en el mando de estos problemas, porque sin duda se afectarán muchos intereses. Pero no tenemos cortapisa alguna para hacerlo. Vamos a pegar de lleno en contra de la distribución y comercialización de drogas. No habrá contemplación. Juárez no necesita de las actividades del narcotráfico.

La Procuraduría General de la Republica, el martes 9 de enero concluyó que no había delito que perseguir. Su entonces delegado, Arturo Chávez Chávez —actual procurador general de Justicia del Estado— se exculpó de hacer cualquier tipo de indagaciones. A su decir, la dependencia nunca recibió denuncia del Ayuntamiento. Por lo tanto, no podía intervenir para esclarecer la posible colusión de policías preventivos con el narcotráfico.

El vocero de la PGR, Hugo Valles, confirmó lo externado por su jefe:

—No podemos intervenir porque no existe una denuncia formal de los hechos y la PGR debe actuar en base a derecho.

Tampoco lo hicieron al enterarse, el domingo 14 de enero, que un día antes un velador de Salvárcar descubrió el cadáver de un hombre de 22 a 25 años. Yacía bajo cuatro neumáticos humeantes, con el tiro de gracia y bolsas de polietileno con residuos de cocaína. El cuerpo se hallaba en la privada de Tlaxcala, a 200 metros de la Avenida Jilotepec.

Treinta y siete días después, otro ejecutado fue sembrado en la casa número 445 de la calle Fray Marcos de Niza. Durante la madrugada, tres sujetos lo bajaron de un taxi, hincaron y asesinaron de cinco balazos. El primero en la cabeza. El ajusticiado no llevaba identificación. Entró en calidad de desconocido a la morgue.

El entonces procurador general de Justicia del Estado y actual comisionado del Instituto Nacional del Combate al Narcotráfico, Francisco Molina Ruiz estaba más preocupado en combatir a sus detractores políticos que a los barones de la droga. Lo expresó el jueves 15 de febrero, a través de un desplegado.

 El diputado local Pedro Domínguez Alarcón había denunciado que Molina Ruiz nada hacía para combatir al crimen organizado.

Aclaró:

—Si hablamos de deficiencia, corrupción es porque no veíamos indicios de participación del estado y su corporación al combate, real al narcotráfico. Lo único que percibía la sociedad eran los abusos y casos de tortura. De lo que sí podemos hablar es que el primero de los únicos dos exámenes antidoping que hubo en el pasado, 32 agentes de la Policía Judicial comisionados en la Judicial Federal dieron positivo al usar cocaína, mariguana y anfetaminas. Por cierto en el segundo antidoping, a pesar de que salieron varios agentes positivos, no existe registro que ampare despidos por ese motivo.

La denuncia en nada modificó la conducta de los sicarios y sus patrones.

Por ejemplo, el viernes 16 de marzo ajusticiaron a Miguel Ángel Álvarez, hijo de un distribuidor de cerveza del poblado de San Isidro. El 24 de febrero fue secuestrado en su camioneta pick up F150, blanca, modelo 1985 y con placas fronterizas ZTU 2134. En la ejecución no faltó el tiro de gracia. La policía judicial no hizo detención alguna.

El hecho tambien pasó desapercibido para la Subprocuraduría General de Justicia del Estado.

En esas fechas se cocinaban una serie de cambios en el Poder Judicial.

Desde la segunda quincena de marzo corrió el rumor de que Barrio Terrazas haría ajustes en la PGR y PGJE, después de negociarlo con su amigo y compañero del Partido Acción Nacional, el procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia.

Lo finiquitó antes de viajar a Chile.

El martes 26 de marzo, Molina Ruiz renunció como procurador general de Justicia del Estado. De inmediato lo designaron como comisionado del INCN. Lo sustituyó Chávez Chávez, ex delegado de la PGR y militante del PAN. Era uno de los consentidos de Barrio Terrazas.

Chávez Chávez no quiso tocar a fondo los intereses del narcotráfico. Su primera declaración pública la centró en adelantar que su mayor reto sería “bajar los índices delictivos, detener delincuentes comunes y sostener la acusación con éxito ante los organismo jurisdiccionales. Se liberaran sentencias condenatorias”.

Molina Ruiz, en sus oficinas de la ciudad de México, le  confió a los reporteros: “Nos tocó agarrar al tigre por la cola”.

Tardaría veintiún días Lozano Gracia —por sugerencia de su amigo Barrio Terrazas—, de designar a Hernán Rivera Rodríguez como el relevo de Chávez Chávez en la Procuraduría General de la República. El martes 16 de abril tomó protesta en la sede de Chihuahua.

Por lo pronto, el narcotráfico continuaría en su labor depurativa en Ciudad Juárez. Los cambios burocráticos en nada alteraron su particular estilo de impartir la ley, controlar el tráfico de drogas, lavar dinero y defender a sangre y fuego su violento territorio fronterizo.

Después de los nombramientos se realizarían otros diecisiete ajusticiamientos del 3 de abril al 5 de junio de 1996.

HEMEROTECA: pro95

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