MONARQUIA BUROCRATICA

Por Jorge Carrasco Araizaga/Apro

El conflicto que enfrenta a los poderes del Estado escaló fuera de toda proporción en menos de una semana. En opinión de especialistas, nunca antes el país había vivido un problema de esta naturaleza, por lo que aventuran dos escenarios. En uno, con una solución política, el Legislativo debería retirar la Ley de Remuneraciones, por los vicios que contiene. La salida jurídica apunta a que la Corte resolverá el litigio declarando ilegal el ordenamiento. En la primera quincena del nuevo gobierno, el Estado mexicano es puesto a prueba.

Salarios-640x400Los poderes del Estado mexicano están a prueba. La decisión del titular del Ejecutivo de bajar la vara para los ingresos de los altos funcionarios públicos, sin considerar particularidades; la obsecuencia de la mayoría oficialista en el Legislativo, que apuró una ley defectuosa; y la determinación del Judicial de atenerse a la Constitución bajo principios ahora encontrados han creado una tormenta perfecta.
Ninguno parece dispuesto a conciliar. Una salida jurídica promete prolongar indefinidamente la confrontación, por lo que crecen las voces para encontrar una solución política y “evitar que un poder venza” a los otros o que se imponga el criterio según el cual “quien tiene la cartera, tiene el control”.
La solución política, consideran especialistas, implicaría que el Legislativo retire la Ley de Remuneraciones por los vicios que contiene y elabore otra. La salida jurídica apunta a que la Corte resuelva no sólo declarándola ilegal, sino incluso

desechándola.
La sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de enero y la pronta incorporación de un nuevo ministro a propuesta del presidente López Obrador coronan un enfrentamiento sin precedente.
Aunque se preveía (Proceso 2196), el conflicto escaló en menos de una semana y los tres poderes del Estado salieron a defender sus posiciones hasta ahora irreconciliables. Y en lo que es el origen de la controversia, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados cuestiona si los 108 mil pesos mensuales que se fijó el presidente como salario representan el total de su remuneración. Asegura que podría ganar “substancialmente más” si se consideran prestaciones.
La tempestad se desató el viernes 7, cuando el ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, decidió suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que prohíbe que cualquier funcionario público gane más que el presidente de la República. El ministro, uno de los cuatro aspirantes a encabezar el Poder Judicial, congeló la ley de manera indefinida en respuesta a una acción de inconstitucionalidad presentada por la minoría calificada de la oposición en el Senado de la República.
La ley ya había sido impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que recibió más de mil quejas de funcionarios públicos, así como por integrantes del Poder Judicial de la Federación. Esas impugnaciones están a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, otro de los aspirantes a la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
“Daños irreparables”
La suspensión otorgada por Pérez Dayán fue considerada ilegal por el Senado, por lo que su presidente, Martí Batres, interpuso el lunes 10 un recurso de revisión ante la Corte.
A esa inconformidad se sumó dos días después la Consejería Jurídica de la Presidencia, que presentó un segundo recurso de revisión, inédito en su tipo. El ministro Javier Laynez Potisek tendrá que pronunciarse sobre ambos recursos, en los que se acusa a Pérez Dayán de haber cometido una ilegalidad al ordenar la suspensión.
En entrevista, Pérez Dayán explica que ordenó la suspensión de la ley bajo el principio del Artículo Primero de la Constitución, que obliga a todas las autoridades a proteger los derechos humanos, a pesar de la regulación que, en efecto, impide una suspensión cuando se tramite una acción de inconstitucionalidad, como la que presentó la minoría del Senado.
Asegura que cuando se hizo esa regulación, no se había modificado el Artículo Primero a favor de los derechos humanos y que ese mismo criterio ya lo había aplicado cuando decidió suspender una ley que obligaba a los jueces y magistrados de la Ciudad de México a hacer pública su situación patrimonial. En ambos casos, de aplicarse la ley bajo controversia se estarían causando daños irreparables, aseguró.
Dice que en el caso de que prevalezca la reducción de las remuneraciones, éstas tendrían que hacerse de manera que se asegure la eficacia del Estado mexicano en el ejercicio de las competencias, el nivel de responsabilidad y el grado de especialización: “Lo cual implica un balance relativamente complejo para establecer si el puesto de mayor responsabilidad constitucional, que es el del presidente de la República, es el techo”.
El ministro favorece incluso que los diputados integren una comisión que evalúe el grado de competitividad que deben tener los servidores públicos.
“Estoy de acuerdo con el objetivo. La emergencia financiera que se enfrenta sí requiere un ajuste significativo en los sueldos”, añade en la conversación que tuvo lugar el jueves 13, horas después de que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, acompañado del diputado Pablo Gómez, se reunieran con varios ministros de la SCJN.
Si Laynez Potisek confirma la suspensión dictada por Pérez Dayán, el Senado y la Presidencia de la República tendrán que esperar a que se resuelva el tema de fondo, es decir las numerosas impugnaciones a la ley, incluido el procedimiento mediante el cual fue aprobada por la mayoría de Morena cuando la LXIV Legislatura apenas llevaba 13 días.
Lo que hizo la Cámara de Diputados fue retomar una iniciativa presentada en 2013 y cuyo plazo de dictaminación había vencido. Alegó que su reglamento interior la habilitaba para retomarla. Finalmente se aprobó por 443 votos a favor.
La Corte revisará el procedimiento, la constitucionalidad de los artículos impugnados y si hay una mayoría calificada de ocho de los 11 votos del pleno de ministros, podría desechar la ley.
El tratadista constitucional Elisur Arteaga considera que la disminución de las remuneraciones procede por la mera aprobación de la ley, pese a que la Constitución también prevé la “irreductibilidad” de los sueldos de los jueces y magistrados. Asegura que debe prevalecer el principio de que la ley posterior deroga a la ley anterior.
Sin embargo, asegura que la ley reglamentaria del Artículo 127 constitucional, que ordena que nadie gane más que el presidente –quien se fijó un sueldo de 108 mil pesos mensuales–, sí tiene vicios porque “estaba muerta”, se había dado como concluida. “A pesar de eso, la sacaron y eso la anula”.
Además considera improcedentes los recursos de revisión presentados por el Senado y el Ejecutivo. Dice que a favor de los jueces está el criterio que le da igualdad de reconocimiento en el país a los compromisos internacionales asumidos por México, por lo que hace a la independencia y autonomía del Poder Judicial.
Considera “injusto bajarles el sueldo” a jueces y magistrados: “Los jueces de Distrito deben resolver al año más de mil 500 asuntos en promedio. Significa que tienen que dictar entre y 25 y 30 autos y sentencias al día. Están sobrecargados de trabajo”.
Añade que el conflicto se originó cuando López Obrador “puso la vara tan baja” de los 108 mil pesos al mes. Lo que se puede hacer es que se aplique la obligación constitucional de que nadie gane más que el titular del Ejecutivo, pero que éste “suba la vara. Es más fácil que hacer una nueva ley”.
Asegura que si la Corte la declara inconstitucional y se crea otra ley, ésta también va a ser impugnada y “va a ser un cuento de nunca acabar”. La salida al conflicto es política, afirma. “Hay que mover la vara hacia arriba. Que se convoque a un periodo extraordinario en el Congreso, se subsanen los vicios y se suba el tope para que no se repitan los enfrentamientos”, propone.
Anota: “No desconocemos que en el Poder Judicial había una ambición desmedida. Todo se les pagaba. Hay que corregirlo, pero también el presidente tiene que corregir. Es un trabajo político. No hay otra solución”.
“Mala traducción”
Pedro Salazar, director del Instituto de ­Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estima que “lo más prudente e inteligente sería que el Poder Legislativo abrogue la ley que aprobó y la sustituya con una bien hecha”. Así se evitaría que creciera la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial, y descargarle a éste la decisión de una ley tan discutida y con tantos defectos legislativos”.
Lo deseable sería que el Legislativo junto con el Ejecutivo redactara una ley que estableciera criterios objetivos a partir de los cuales se va a fijar el sueldo. Salazar dice en entrevista que la Ley de Remuneraciones “es una mala traducción legislativa de una buena política pública”.
Explica que, entre otros defectos, la ley establece tipos penales ambiguos, falta en la definición de destinatarios de la ley y varios de sus incisos son contradictorios. “La consecuencia es que es una ley jurídicamente vulnerable y altamente combatible como ha sido”, a través de amparos individuales, colectivos y acciones de inconstitucionalidad.
Las remuneraciones con dinero público son un tema sensible en México, sobre todo porque en algunos casos se incrementaron de manera desmedida. “Es dinero que está por encima de la austeridad republicana”. Pero, los legisladores aprobaron una ley que tiene muchas fallas. “Fue una oportunidad desaprovechada”, afirma.
Los tres poderes “se tienen que atemperar porque cada uno va a poder realizar lo que pretende”. Por supuesto que el presidente tiene una mayoría legislativa indiscutible, pero persisten la oposición, la diversidad de opiniones, los contrapesos y las críticas. Debemos esperar que opere el diseño institucional que tenemos ante la genuina intención de cambio, pero también funcione la “institucionalidad de contenciones. Y es lo que le toca al Poder Judicial, y no bajar a la arena política”, asegura.
Los tres poderes podrían moderarse y “no desbordar el marco constitucional”, como podría ser un cambio en la organización de uno de esos poderes, señala en alusión a la amenaza del senador morenista Félix Salgado, de que se podría modificar la actual composición de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal.
Entre los litigantes, el criterio que prevalece es que la Corte continúe con la revisión de la ley y resuelva sobre su constitucionalidad. José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, asegura a Proceso que además de jurídico, es un conflicto político.
La salida jurídica es limitada, pero se tiene que evitar la idea de que un poder triunfe sobre el otro. Y, también en referencia a Salgado Macedonio, cuestiona la amenaza de la desaparición del Poder Judicial.
Añade: “Con este enfrentamiento en plena disputa por la presidencia de la Suprema Corte y la designación del ministro que sustituya a José Ramón Cossío, estamos ante ‘la tormenta perfecta’, en la que también tenemos a un gobierno con muchos temas abiertos”.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, hicieron un análisis jurídico de las percepciones del Ejecutivo. Según esa revisión, el expresidente Enrique Peña Nieto tuvo una remuneración bruta de 4 millones 452 mil 601 pesos durante 2018; es decir 372 mil 66 pesos al mes, sin considerar prestaciones.
López Obrador, aseguran, ganaría “sustancialmente más” del tope de los 108 mil pesos, pues también deben contarse las prestaciones que tendrá.

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