ORDEN EN CASA: AUSTERIDAD EN EL ARRANQUE…

Por Mathieu Tourliere/Apro

corrupcion 02Una revisión del gasto que el gobierno federal ejerció en el primer trimestre del año revela que la austeridad republicana mutó en subejercicios que suman 65 mil 457 millones de pesos; 39 de 43 instituciones federales no siguieron la ruta que trazó la Secretaría de Hacienda y gastaron de menos. El precario sector salud fue el más afectado, mientras que el Instituto Nacional de Migración fue el más beneficiado: recibió mil millones de pesos extras para hacer frente a la llegada de miles de familias centroamericanas.
La austeridad republicana que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impuso en la administración pública federal no se limitó en recortar los excesos de la alta burocracia o en despedir a servidores públicos. En los primeros tres meses del año las instituciones no ejercieron 65 mil 457 millones de pesos que estaban destinados a cubrir nóminas, inversiones, materiales y programas.
Según cifras oficiales, 39 de 43 instituciones federales cometieron subejercicio de recursos y afectaron 584 de los dos mil 155 programas y acciones contenidos en el presupuesto; 28 no recibieron un solo peso en tres meses, entre ellos el programa de Desarrollo Rural y el Programa Nacional de Reconstrucción.
El precario sector de la salud pública padeció el golpe más fuerte: entre enero y marzo las dependencias retuvieron 30 mil 804 millones de pesos, de acuerdo con el Informe Trimestral que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el 30 de abril último.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ejemplo, gastó 147 mil 568 millones de pesos durante este periodo, 20 mil millones menos que lo previsto debido a las “menores erogaciones en materiales y suministros y servicios generales”.

Este monto representa 12% de los 167 mil 664 millones de pesos que el IMSS debía erogar en los primeros tres meses del año. No los gastó pese a la situación crítica que enfrenta esta institución, la cual necesitaría contratar a 94 mil médicos y construir 58 hospitales para alcanzar los niveles de atención médica en promedio de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Proceso 2217).

Según el informe de la SHCP, la Secretaría de Salud –que subejerció 2 mil 246 millones de pesos desde principios de año– no invirtió 430 millones de pesos etiquetados para Prospera, así como mil 49 millones de pesos previstos para el Seguro Médico Siglo XXI, la rama del Seguro Popular destinada a los niños menores de cinco años.

El viernes 3 el gobierno federal anunció una nueva serie de medidas de austeridad con su aplicación inmediata en las más de 300 instituciones de la administración pública federal.

Dichas medidas incluyen la desaparición de las direcciones generales adjuntas que actualmente encabezan 849 servidores públicos con una remuneración mensual bruta promedio de 130 mil pesos, según el Analítico de Plazas y Remuneraciones 2019 de la SHCP.

Además, ya no habrá asesores, excepto cinco en Presidencia. Los gabinetes de apoyo se reducirán en 30%, las dependencias reducirán en una tercera parte sus gastos ya aprobados en “materiales, combustibles, viáticos y pasajes aéreos nacionales, así como en estudios e investigaciones” y no comprarán ni rentarán vehículos nuevos.

También se recortarán a la mitad los “viáticos y pasajes aéreos internacionales, exposiciones, alimentación, asesorías para operación de programas, subcontratación de servicios con terceros y congresos, entre otros”, y en 30% los “servicios de monitoreo, difusión de mensajes y actividades gubernamentales y de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”.

“Con la salud no se juega”

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) subejerció 8 mil 462 millones de pesos, pese a que opera con menos de la cuarta parte del personal que requeriría para alcanzar el promedio de la OCDE, según Luis Miguel Victoria Ranflas, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE.

“Entendemos que se trata de hacer ahorros, pero con la salud no se puede jugar”, deplora Victoria en entrevista con Proceso.

Detalla que en el ISSSTE están rebasados en capacidad instalada, que hay equipos médicos que dieron lo que tenían que dar y que a veces no se pueden hacer traslados porque las ambulancias no tienen gasolina. “Hace ocho días ocurrió en Orizaba con una derechohabiente de 88 años que se fracturó, estaba la ambulancia y el chofer, pero no había gasolina y tuvimos que enviar recursos para comprarla”, recuerda.

Indica que desde principios de año alrededor de 3 mil trabajadores del ISSSTE –tanto de confianza como honorarios– fueron despedidos “sin tomar en cuenta la actividad que estaban realizando” y el ISSSTE no cubrió las más de 4 mil 200 plazas que quedaron libres desde enero pasado.

“Suceden cosas tan lamentables como el hecho de que 450 médicos residentes que fueron formados en el ISSSTE, durante cuatro a ocho años, se graduaron en febrero y no pudimos contratar a uno solo porque no nos han liberado el presupuesto. Es lamentable que formemos personal que termina trabajando en el IMSS o en la iniciativa privada”, dice.

Victoria reveló que el sindicato frenó las peticiones de algunos trabajadores del ISSSTE que exigían entrar en paro para que “nos den lo que necesitamos para laborar”; la cúpula sindical les pidió paciencia hasta la junta directiva del ISSSTE, que se realizó el jueves 2.

“Ahí fue muy clara nuestra posición: les dijimos ‘no provoquen a los trabajadores, no nos provoquen’ porque hemos mantenido este diálogo respetuoso, esta suma de voluntades, pero no es posible que nos dejen sin recursos, sin presupuestos y que traten de responsabilizar a los trabajadores”, narra.

Victoria también es el vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) –que agrupa a más de 90 sindicatos de la burocracia federal– y afirma que existe una “inconformidad” entre los agremiados por la falta de presupuestos y por el trato que reciben.

“En algunas secretarías han tenido fuertes presiones; incluso trataron de violentar nuestras condiciones de trabajo. No es correcto. Siempre hemos sido leales y no nos merecemos que un grupo de colaboradores del presidente de la República, sin conocer, violente las condiciones de trabajo de nuestros compañeros”.

Ahorrativo

En su conferencia matutina del jueves 2, López Obrador aseguró que “no hay subejercicios” en la administración pública, sino “ahorros” y un “manejo profesional de las finanzas públicas”.

Justificó que las dependencias gastaron 6.5% menos que lo aprobado porque “el presupuesto de este año no lo hicimos por entero nosotros”, pues “estaban todavía los funcionarios de la pasada administración”.

Sin embargo, durante el periodo de transición el equipo del político tabasqueño diseñó y elaboró el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el cual fue aprobado por el Congreso de la Unión que está bajo el control del partido Morena.

Además, las dependencias deben ejercer los recursos de manera mensual conforme a la hoja de ruta que elaboró Hacienda, a cargo de Carlos Urzúa Macías, y que quedó plasmada en los Calendarios de Presupuesto Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en el Diario Oficial de Federación (DOF), el 14 de enero último.

El presupuesto de este año recortó los fondos a 26 dependencias y organismos federales, con disminuciones de entre 0.2% y 43.2% comparado con 2018. Varias secretarías, como la de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Función Pública (SFP) o de Medio Ambiente y Recursos Naturales perdieron entre una quinta y una cuarta parte de su presupuesto anterior.

Por el contrario, destinó más recursos a las dependencias encargadas de distribuir el dinero de los programas sociales –las secretarías de Bienestar y de Trabajo y Previsión Social, principalmente–, así como a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Turismo (Sectur), encargadas de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y del Tren Maya, respectivamente.

Así, de enero a marzo de 2019 el gobierno federal gastó 233 mil 413 millones de pesos en sus distintas ramas administrativas; eso es 33 mil millones de pesos –o 16.6%– menos que la administración de Enrique Peña Nieto durante el mismo periodo del año pasado.

La Presidencia de la República es la institución que redujo de manera más drástica sus gastos: por cada 10 pesos que destinaba Peña Nieto, López Obrador desembolsaba apenas uno. Entre enero y marzo de 2018 la oficina del mandatario priista derrochó 928 millones de pesos; el tabasqueño, por su parte, apenas gastó 117 millones de pesos en el mismo lapso.

En igual periodo la Cámara de Diputados y el Senado –ambos con mayoría de Morena– aplicaron de manera escrupulosa la política de austeridad: redujeron sus gastos en 28.7% al pasar de 2 mil 959 millones de pesos, entre enero y marzo de 2018, a 2 mil 195 millones de pesos durante los primeros tres meses de este año.

En algunas dependencias la reducción de gastos se realizó a cuestas de los programas que deben implementarse. La Secretaría de Educación Pública (SEP), por ejemplo, tuvo un subejercicio de 19.7%, pues erogó 14 mil 707 millones de pesos menos de lo etiquetado para el primer trimestre.

Entre otros gastos le faltó pagar 5 mil 288 millones de pesos destinados a Prospera –ahora Becas del Bienestar– que apoya a los alumnos de bajos recursos en educación básica; mientras que la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, que tiene bajo su cargo a los Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS), no erogó 608 millones de pesos.

La Semarnat abandonó prácticamente el programa de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento al que destinó apenas 27.6 millones de pesos, 1.7% de los mil 580 millones de pesos que tenía como meta; la SCT gastó apenas cuatro de cada 10 pesos que tenía previsto y no invirtió ni un centavo en el Sistema de Transporte Colectivo, en el que debió haber erogado 2 mil 551 millones de pesos.

El gobierno federal gastó demás en 30 programas y acciones desde principios de año. El mayor ejercicio lo hizo el Instituto Nacional de Migración (INM): utilizó mil millones de pesos extras para responder a la llegada de decenas de miles de familias centroamericanas en la frontera sur.

Sólo en la primera quincena de abril, el INM deportó a más de 273 ciudadanos hondureños por día, una cifra que rebasa las estadísticas registradas durante el gobierno anterior.

Para subrogar las labores de deportación dicha institución otorgó un contrato de hasta 295 millones de pesos a la empresa ETN Turistar de Lujo, que pertenece al apapachado empresario mexiquense Roberto Alcántara Rojas, vinculado al PRI y al expresidente Enrique Peña Nieto (Proceso 2216).

Operadores

Durante su campaña, López Obrador prometió que reduciría en 70% el personal de confianza, y días después de tomar posesión instruyó a su gabinete y a los titulares de los organismos autónomos reducir el personal de la burocracia. “Estamos terminando de limpiar el gobierno de quienes no eran necesarios porque su labor no ayudaba a la gente”, dijo el 5 de febrero pasado.

El 29 de abril último, el periódico Reforma reportó que 9 mil 170 servidores públicos desaparecieron de la nómina de 15 secretarías de Estado durante la presente administración y el viernes 3 indicó que el gobierno federal tiene una bolsa de mil millones de pesos para liquidaciones.

El diario El Economista reportó que al menos 2 mil 573 exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 437 integrantes del personal de la Presidencia y 420 empleados de la SHCP fueron separados o renunciaron a sus cargos durante los primeros tres meses de la administración lopezobradorista.

Estas cifras no incluyen las plazas que quedaron libres –por jubilaciones o renuncias– y que no fueron cubiertas, ni al despido de personal contratado por honorarios, entre otros.

De hecho, la magnitud del recorte de personal en la burocracia no es público; el 25 de abril pasado un grupo de senadores exhortó al gobierno federal que informe sobre el asunto.

Los recortes marcan otro paso en el proceso de reestructuración de fondo de la administración pública federal que se está concretando con el arranque formal de la operación de los Delegados de Programas Integrales de Desarrollo, mejor conocidos como los “Superdelegados de AMLO”.

El gobierno federal pretende que las oficinas de estos personajes concentren todas las acciones federales en los estados, en lugar de que cada institución tenga una delegación. El 2 de mayo reciente el gobierno informó que al terminar el sexenio de Peña Nieto más de 9 mil delegaciones operaban en los estados y “duplicaban funciones”.

Además de supervisar la entrega de subsidios y la aplicación de programas, los “superdelegados” coordinarán un “subgabinete”: cada uno tendrá bajo su mando a cuatro representantes del gobierno federal para los sectores de Bienestar, Economía, Seguridad, así como de Comunicaciones y Energía, pero también un encargado de administración, un responsable anticorrupción y un especialista en temas de seguridad.

El lunes 29 de abril Raquel Buenrostro Sánchez, oficial mayor de la SHCP, ordenó a todas las dependencias que despidan de manera inmediata a sus delegados y representantes en los estados, así como al personal con plaza de confianza y profesionistas por honorarios que fueron contratados para trabajar en las delegaciones estatales a partir de la toma de posesión de López Obrador.

Los 32 “superdelegados” que designó López Obrador son operadores políticos de Morena con abiertas aspiraciones electorales. Varios fueron legisladores y dirigentes estatales de su partido, cuatro –Delfina Gómez, Pablo Amílcar Sandoval, Carlos Lomelí Bolaños y Lorena Cuéllar Cisneros– fueron candidatos a las gubernaturas de sus estados, mientras que Jaime Bonilla Valdéz pidió licencia para competir este año por la gubernatura de Baja California.

Si bien se encuentran adscritos a la Secretaría de Bienestar, responden al presidente vía Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, una oficina de la Presidencia de la República.

García colabora con López Obrador desde hace más de 18 años, fue uno de sus principales operadores políticos y financieros cuando gobernó el entonces Distrito Federal y durante las campañas para la Presidencia.

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