EL CHANTAJE

Por Oswaldo Zavala/Apro

amlo-trumpNUEVA YORK.- En una tensa y desigual negociación con la presidencia de Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue forzado a endurecer su política migratoria en la frontera sur de México, desplegando a la Guardia Nacional para la detención de indocumentados y aceptando convertirse de facto en un “tercer país seguro” para recibir a quienes soliciten asilo humanitario en Estados Unidos.
Todo para evitar la arbitraria imposición de 5% de aranceles a todas las exportaciones de México a Estados Unidos, una medida que fue criticada incluso por el Partido Republicano —el de Trump— y que, según análisis económicos, de haberse llevado a cabo habría tenido un costo de hasta 41 mil 500 millones de dólares del PIB estadounidense.
Expertos consultados por Proceso afirman que la delegación mexicana fue derrotada por un ardid político de Trump, quien a su vez consiguió una importante victoria política que, sin duda, mejorará sus prospectos con miras a la reelección presidencial de 2020.
Nuevo acuerdo
Un comunicado oficial conjunto emitido la noche del viernes 7 por los gobiernos de ambos países anunció que “México dará pasos sin precedente para la aplicación de un freno a la migración irregular, que incluye el despliegue de la Guardia Nacional por todo México, dando prioridad a la frontera sur”.
El comunicado detalló que como parte de su “Protocolo de Protección Migrante”, todos aquellos indocumentados detenidos en Estados Unidos que busquen asilo humanitario serán “rápidamente devueltos a México, donde pueden esperar para la adjudicación de sus peticiones de asilo”.
“En el caso migratorio ni siquiera se analizan las causas, sólo se ven los efectos”, dijo AMLO en su conferencia matutina del viernes 7. “No se toma en cuenta lo que pasa en Centroamérica, la crisis profunda en Centroamérica”.
Públicamente, el equipo del canciller Marcelo Ebrard intentó seguir esa línea. Según dio a conocer en su cuenta de Twitter, la delegación mexicana se preparaba para una “evaluación del impacto de las tarifas anunciadas en la economía”. Con todo, en otro tuit Trump se refirió a la negociación como “discusiones migratorias” y no económicas.
A lo largo de las negociaciones, el presidente estadounidense mantuvo sus intervenciones en esa dirección. El comunicado oficial conjunto del viernes 7 confirmó que la discusión tuvo lugar para “atender los desafíos compartidos de la migración irregular” y no menciona en lo absoluto la cuestión de la imposición de aranceles ni se indica oficialmente que Trump haya decidido suspender esa amenaza.
“Con las medidas explicitadas hasta ahora en el acuerdo, es evidente que el gobierno de México aceptó las demandas de Trump sin mayor resistencia”, dice Héctor Sánchez, presidente emérito de la National Hispanic Leadership Agenda, la coalición más grande de organizaciones latinas en Estados Unidos, en entrevista con Proceso.
La victoria de Trump
En los primeros días de negociación, fuentes de la agencia Reuters afirmaron que el gobierno de México había ofrecido de entrada el envío de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera con Guatemala.
El gobierno de AMLO intentó enmarcar el acuerdo como un logro positivo para México. Ebrard se apresuró en dar un primer anuncio de la suspensión de la amenaza de los aranceles desde su cuenta de Twitter el viernes 7, agradeciendo a quienes contribuyeron en la negociación “dando cuenta de la grandeza de México”.
Trump pareció secundarlo en su cuenta de Twitter, afirmando que las dos partes habían alcanzado un acuerdo para suspender “indefinidamente” el alza de los aranceles.
El mandatario, sin embargo, no desaprovechó el mismo tuit para subrayar las ventajas estadounidenses del acuerdo: “México, a su vez, ha acordado tomar medidas fuertes para atajar la oleada migrante a través de México hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir sustancialmente, o eliminar, la migración ilegal que viene de México a Estados Unidos”.
La presión para endurecer la política migratoria mexicana, recuerda Sánchez, comenzó de hecho el 29 de marzo, cuando Trump amenazó, igualmente desde su cuenta de Twitter, con el cierre de la frontera con México si el flujo de migrantes indocumentados no se frenaba desde el sur.
“México no debió ceder a este juego ante un gobierno que no está dispuesto a negociar de entrada. Lo que ocurrió esta semana fue la continuación de las amenazas constantes sin espacios mínimos para una solución verdadera”, sostiene.
Rebelión republicana
Todavía el jueves 6 la influyente revista estadounidense Politico publicó una nota que advertía cómo un bloque de poderosos senadores republicanos había expresado su oposición al alza de aranceles en las exportaciones desde México, una medida radical que “corría el riesgo de avergonzar al presidente y a su partido”.
El reclamo fue apoyado por senadores como Rand Paul, de Kentucky, y Ted Cruz, de Texas, uno de los más férreos legisladores de la derecha, que no vaciló en llamar la amenaza de aranceles, según sus cálculos, como un aumento de 30 mil millones de dólares en los impuestos de los texanos.
The Perryman Group, una importante firma texana de análisis económico, calculó que un alza de 5% en aranceles a importaciones de México costaría al PIB de Estados Unidos alrededor de 41 mil 500 millones de dólares, además de 24 mil 600 millones cada año subsecuente. Encima, la economía estadounidense habría perdido alrededor de 406 mil empleos.
Y aunque según una nota de El País publicada el miércoles 5 reportó que el gobierno de México consideró una estrategia para responder con la imposición de aranceles a condados de Estados Unidos que podrían haber dañado al presidente Trump políticamente, nada de esto parece haber rendido frutos en la negociación de México ante Washington.
Como señaló Catalina Pérez Correa, experta en seguridad y académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la negociación parece haberse establecido en cambio en los términos propuestos desde el inicio por el gobierno de Estados Unidos, sin que la delegación mexicana pudiera interponer demandas propias en relación con la seguridad nacional de México.
Una de las agendas ausentes, según advirtió la analista en su cuenta de Twitter, es el flujo constante de armas de fuego que se venden en el mercado estadounidense y que ingresan ilegalmente al territorio mexicano, donde contribuyen a la extraordinaria ola de violencia que ha sacudido al país desde que el gobierno de Felipe Calderón declaró la llamada “guerra contra el narcotráfico”, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, en 2006.
“De la guerra contra las drogas a la guerra contra los migrantes”, escribió Pérez Correa en un tuit el jueves 6. “Estados Unidos define la agenda de seguridad, mientras nuestra frontera norte sigue abierta sin que ninguna Guardia (sic) detenga las armas que entran de allá”.
El tráfico de armas estadounidenses ha facilitado la extraordinaria violencia que en México dejó un saldo de 8 mil 493 homicidios durante el primer trimestre del gobierno de AMLO, un aumento de 9.6% respecto al mismo periodo de 2018, según información oficial.
Pese a los resultados de la negociación que según los analistas consultados no favorecen a México, López Obrador dijo desde su cuenta de Twitter que mediante “el apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos” y convocó el sábado 8 en Tijuana a un “acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de los Estados Unidos”.

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