LA PLAGA GACHUPINA

Por José Gil Olmos, Pedro Matías, Marta Molina y Paulina Ríos/Apro

eolicosgigantesSANTO DOMINGO INGENIO, OAX.– En la región del Istmo se observan, interminables, las espigadas siluetas que recortan el horizonte. Son los aerogeneradores que parecen molinos de viento. Esa zona, la más estrecha de la geografía nacional, concentra la mitad de la industria energética eólica.

Hasta ahí llegaron los inversionistas españoles, como Florentino Pérez, presidente de la firma Actividades de Construcción y Servicios (ACS), con un propósito definido: sacar dinero del viento.
ACS y otras compañías, como su antigua socia Iberdrola y otras que lideran megaproyectos en América Latina, como Gas Natural Fenosa, Acciona o Renovalia, firmaron contratos de 30 años, alquilaron a campesinos pobres sus tierras por 3 mil pesos mensuales para instalar en ellas los aerogeneradores y aprovechar el fuerte viento del Istmo, capaz de derribar árboles, casas, camiones de carga pesados, autobuses, autos y torres de energía eléctrica.
El sitio del negocio
Con 200 kilómetros de anchura, el Istmo de Tehuantepec es la zona más angosta de México entre los océanos Pacífico y Atlántico. Habitada por indígenas huaves, zapotecos y zoques, tiene amplios recursos marítimos, petróleo, maderas y, ahora, el viento, un negocio muy redituable cuya velocidad media anual es de 10 metros por segundo, mientras en el mundo es de sólo seis metros por segundo.
Esos vientos son relativamente estables, lo que le da un potencial energético a la zona que atrajo ya a 24 empresas extranjeras y mexicanas, las cuales han instalado 2 mil 123 aerogeneradores en 28 parques eólicos.
Hoy, esas firmas y sus socios son los beneficiarios finales de los 2 mil 360 megawatts de electricidad que se producen en el Istmo y que representan la mitad de lo que se genera en el país.
Esos nuevos molinos de viento ocupan una extensión de 100 mil hectáreas —equivalente a 100 mil campos de futbol— en las que antes se cultivaba maíz, sorgo, caña de azúcar y pastizales para ganado.
Pese a las protestas de grupos sociales y defensores del territorio frente a los actos de corrupción, y a pesar de los impactos económicos y ecológicos, empresarios y autoridades tienen proyectado instalar 3 mil generadores para 2030.
Hace dos años, el secretario de Medio Ambiente, Energía y Desarrollo sustentable de Oaxaca, José Luis Calvo, incluso anunció que ya se tenía asegurada una inversión de 4 mil millones de dólares, que representa 90% de las inversiones en el estado.
Ajuste económico
En 10 años la vida de este municipio cambió radicalmente. En 2012, cuando la Operadora Azucarera Tehuana cerró el ingenio azucarero, la mayoría de la población se quedó sin empleo. Entonces muchas familias campesinas cambiaron la siembra de maíz por el sorgo. Su propósito era mejorar su economía; no resultó.
Ese mismo año, en 2012 aparecieron como una esperanza un grupo de industrias eólicas: las españolas ACS, Iberdrola y Renovalia, así como Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
ACS e Iberdrola, que por esas fechas eran socias, propusieron a los campesinos rentarles sus tierras por 30 años para instalar en ellas torres de energía eólica que hoy inundan una buena parte de los pueblos istmeños.
Para asegurar el negocio, en casi todos los municipios donde se instalaron, las empresas propusieron a los dueños de las tierras un precontrato de apartado por mil pesos con la promesa de que en los 30 años de arrendamiento tendrían otros beneficios, como empleo, luz más barata, alimento para sus animales, escuelas, hospitales y centros deportivos. Luego vinieron los contratos definitivos, que incluían letras pequeñas que la mayoría de los comuneros no entendieron.
El mismo 2012, en las postrimerías de su administración, Felipe Calderón Hinojosa inauguró el parque eólico Oaxaca I. En el evento estuvo Gustavo Fernández Tresgallo, director general de ACS.
“Esa inauguración mostró el lado sucio de la industria eólica que el discurso oficial promociona como sustentable y limpia”, sostiene Héctor Cruz, maestro de educación básica e integrante de uno de los grupos de campesinos de Santo Domingo Ingenio que rechazaron los contratos.
Esos grupos realizaron asambleas para informar a los comuneros sobre las condiciones de los contratos de uso de sus tierras, tal como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas en Países Independientes, ratificado por México en 1990.
Letras del engaño
Delante de las rejas de una empresa eólica, en las afueras de Juchitán, el centro económico y político de la región istmeña, Cruz comenta: “Los contratos eran muy amañados, tenían letras chiquitas para durar de 20 a 30 años con renovación automática”.
Las empresas convencieron de manera individual a los comuneros. “Rompieron el tejido comunitario”, comenta, pues ahora los campesinos no pueden acceder a sus tierras si no tienen autorización de los empresarios, quienes contrataron equipos de seguridad privada y andan armados.
La mayoría de la población no sabe cuántas empresas se benefician de la electricidad que se genera en su región y se asombran cuando los reporteros les muestran la lista de las más de 400 empresas beneficiarias: Telmex, Cemento Cruz Azul, Walmart, Soriana, BBVA Bancomer, Kimberly Clark, Cemex, Chedraui, Oxxo, Cemento Moctezuma, Jugos del Valle, Nestlé y Pepsico México, entre otras.
Guadalupe Ramírez, indígena zapoteca del municipio Unión Hidalgo, al igual que muchos de sus vecinos, firmó un contrato en 2011 con Demex, que instaló un parque eólico en sociedad con la española Renovalia.
Legislatura
Pero la firma se efectuó casi a ciegas, sin información, por lo que ahora Ramírez y otros 40 propietarios originarios están peleando en los tribunales por que se anulen. Todos están inconformes porque, dicen, no detectaron en el contenido de los contratos que sus tierras quedaban hipotecadas por tres décadas a favor de las empresas.
“Los contratos son leoninos. Cuando se firmaron no teníamos el conocimiento de su contenido, cuando nos explicaron las cláusulas no entendíamos, y luego, cuando quisimos cambiarlas, la empresa Demex no quiso. ‘Firmaron y se chingaron’”, dijo Fernando Ballesteros, representante de la empresa.
Cuando suscribió el contrato, Guadalupe Ramírez confiaba en que las cosas marcharían bien, pero el día que quiso renovar la hipoteca con Financiera Rural le revelaron su situación: sus tierras estaban hipotecadas a favor de Demex.
De inmediato acudió a los tribunales agrarios de Juchitán, pero se le negó la anulación. “Hubo presiones del gobernador Gabino Cué para que no se anulara”, afirma la habitante de Unión Hidalgo, municipio donde Demex tiene 2 mil hectáreas contratadas.
De pie ante un aerogenerador, Guadalupe Ramírez pide que se escuche el ruido que producen las aspas y luego apunta a la base de la torre metálica, de donde sale aceite que se derrama en la tierra. Eso, afirma, es contaminación porque el sonido ahuyenta a las aves y el aceite se trasmina a los mantos freáticos. “Nos dieron atole con el dedo y eso está pasando en todos lados”.

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