LA REVUELTA AZUL

Por José Raúl Linares/Apro

Policía-Federal-EFEA finales de 2017 Alfonso Durazo, quien estaría llamado a ser secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, le entregó a Andrés Manuel López Obrador un informe en el que detalló las debilidades institucionales de la Policía Federal (PF).
Ahora, tres fichas de ese informe que logró consultar este semanario exhiben los argumentos que inclinaron al nuevo gobierno a la creación de la Guardia Nacional y la preferencia para hacerlo con integrantes de las Fuerzas Armadas, por sobre la PF.
En la primera ficha, Durazo hizo hincapié en el bajo crecimiento de efectivos de las PF entre las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Su número real, en el sexenio pasado, se estancó en “40 mil elementos”, cuando fue adscrita a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.
La segunda señala el fracaso del modelo policial que implicó la creación de la Gendarmería Nacional, que según un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incorporó 5 mil elementos como una división de la PF. No pudo justificar que su existencia rindiera frutos; tampoco que los gastos o despliegue ayudaran a reducir los índices de violencia.
La tercera habló de posibles abusos de mandos de la PF en la utilización de recursos destinados a operativos y equipo. En 2010 la ASF documentó irregularidades, desde la incorporación de empleados “fantasma” en la nómica —en el período de Facundo Rosas Rosas al frente de la corporación— hasta reportes —que implican a sus titulares en el pasado sexenio— por contratación irregular de boletos de avión, hospedaje y alimentos.
Este último punto empató con el programa anticorrupción que encabezó el hoy presidente en su campaña política, luego en su etapa de transición y durante su primer semestre de gobierno.
A finales de noviembre de 2017, los efectos de este diagnóstico quedaron plasmados en el Proyecto de Nación 2018-2024 y se repitieron en otros documentos, como el Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, emitido el pasado 29 de junio. El Proyecto de Nación 2018-2024 estipuló: “La intervención del Ejército en tareas de seguridad pública ha llevado a muchos funcionarios policiales a una cierta complacencia y abulia, que ha limitado e inhibido el crecimiento profesional de los cuerpos de seguridad pública”.
Más adelante: “Se analiza la pertinencia de crear una Guardia Nacional con el apoyo de los 214,157 soldados y 55,574 marinos que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del Ejército y de la Marina en regiones, zonas, batallones y otros agrupamientos menores”.
Antecedentes oscuros
El pasado 4 de junio Durazo sostuvo que existió corrupción en la PF en el proceso de adquisición de gasolinas y tecnología. En medio de las protestas por el traslado de policías a la Guardia Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana afirmó que detrás de la rebelión hubo “instigadores” y “oportunistas”.
“Fue evidente que algunos líderes visibles del movimiento no son integrantes de la corporación, sino de los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios para la compra de gasolina, tecnología, entre otros”, indicó.
Reveló que uno de los asuntos en litigio dentro de la PF es el relativo a la adquisición de un sistema de inteligencia llamado Rafael, que se contrató el 23 de diciembre de 2015. Es decir, durante el periodo en que Monte Alejandro Rubido estuvo al frente de la Comisión Nacional de Seguridad, y en la etapa en que Enrique Galindo Ceballos era comisionado general de la PF.
En su columna “Estrictamente Personal” del pasado viernes 5, Raymundo Riva Palacio escribió que Rafael no es un sistema sino una empresa israelita, Rafael Advance Defense Systems, que proporciona “tecnologías de defensa” y abarca soluciones de seguridad y ciberseguridad. Por la contratación para los servicios de dicha empresa, Damián Canales, entonces jefe de Inteligencia de la PF, firmó un contrato por el que se pagó 33 millones de dólares, sin que los bienes se registraran en el inventario o en el patrimonio de la institución.
Durazo habló de un sobreprecio de cuatro veces el valor real y comentó que en breve se presentará la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y una petición a la ASF para revisar el proceso de adquisición.
Las sospechas se empalman con las dos últimas entregas de la ASF relacionadas con la cuenta pública 2017 y 2018. En la primera detectó pagos indebidos por 163 millones 212 mil 500 pesos para pasajes y viáticos, necesarios para los operativos hechos en el país en materia de seguridad pública, entre ellos irregularidades en la compra de gasolinas, hoteles y alimentación.
La última entrega de la ASF refiere pagos indebidos por 14.4 millones de pesos por la compra de 11 vehículos, sin autorización del Comité Técnico del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipo de Seguridad Pública y de Aeronaves.
También se sospecha que elementos de la PF se coludieron con el crimen organizado. Los primeros indicios aparecieron a finales de la administración de Felipe Calderón. En junio de 2012, un operativo para capturar a dos policías federales investigados por tráfico de cocaína en el aeropuerto de la Ciudad de México provocó un tiroteo en el que dos agentes perdieron la vida. La Secretaría de Seguridad Pública, encabezada entonces por Genaro García Luna, acusó a los agentes que provocaron el incidente de estar ligados a una red de narcotráfico.
El pasado 14 de noviembre, Jesús ‘‘El Rey’’ Zambada, integrante del Cártel de Sinaloa y quien testificó en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, confesó que entre 2001 y 2008 traficó cocaína desde el aeropuerto capitalino, custodiado por agentes de la entonces Policía Federal Preventiva. Señaló que la corporación y la Procuraduría General de la República recibían sobornos del cártel.

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