LA REVUELTA VERDE

Por Rodrigo Vera/Apro

libertad_comuneros_detenidos_almoloyaSALAZAR, EDOMEX.- A un mes de que salieran de prisión seis de sus compañeros —encarcelados en 2017 por defender sus tierras—, los comuneros de esta localidad retoman su lucha para expulsar a los empresarios y políticos que de manera ilegal construyen sus lujosas fincas campestres en los bosques de la región.
Entre esos empresarios y políticos, afirman los comuneros, están Carlos Slim; Jaime Azcárraga Romandía, presidente del consejo de administración de Grupo Fórmula; Pablo Escudero, senador del Partido Verde y yerno del priísta Manlio Fabio Beltrones, y León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, entre otros.
“Nos arrestaron por oponernos a estos empresarios y políticos que llegaron a invadirnos. Para aplacarnos nos fabricaron delitos, pero salimos libres en calidad de presos políticos (se refiere a la liberación de este tipo de prisioneros, prometida por el nuevo gobierno). Ahora continuaremos nuestra lucha para recuperar nuestras tierras”, asegura don Cutberto Vilchis, líder de los comuneros y quien estuvo encarcelado casi dos años.
En su vivienda, rodeada de montes boscosos empapados por la neblina, a don Cutberto lo acompañan los otros tres representantes comunales de Salazar: Víctor Fernández, Germán Rojas y Armando Rojas, sentados todos en torno a una mesa donde colocan sus títulos agrarios, que datan de la época colonial.
La ley de su lado
Don Víctor comenta orgulloso: “Tenemos documentos de 1545. ¡Sí, señor! Desde entonces nuestras familias ya habitaban en los llanos de Salazar, donde el cura Hidalgo tuvo una batalla muy recordada entre nosotros. Y aquí está todavía la tumba de mi bisabuelo materno, que murió en 1875. Por eso se nos reconoce la posesión histórica de estas tierras”.
Agrega don Germán: “Vivíamos muy tranquilos sembrando maíz y haba. También avena que usamos de forraje para el ganado. Pero luego la zona empezó a ser muy codiciada por sus bosques y por estar cerca de la autopista México-Toluca… y comenzó a venirse gente de mucho dinero a construir sus fincas, invadiendo nuestras tierras”.
Su hermano, Armando, lo secunda: “Sí, así fue. Y uno de los primeros en llegar fue Carlos Slim. Más recientemente llegaron León Manuel Bartlett y un grupo de empresarios muy ricos que comenzaron a construir sus grandes fincas con caballerizas.
“Esas construcciones son parte del proyecto inmobiliario Reserva Santa Fe, prolongación de la zona de Santa Fe de la Ciudad de México, pero mucho más exclusiva y cara, porque la de aquí —dice su publicidad— es sólo para gente que puede comprar extensiones más grandes de terreno para practicar la equitación.

“Con ellos empezaron a llegar grupos de golpeadores que trataban de amedrentarnos. Nos decían: ‘Desalojen los terrenos, venimos de parte de los constructores y compradores’. Nosotros para protegernos pedíamos apoyo policiaco, pero nunca lo tuvimos. Quedamos abandonados a nuestra suerte.”
Palacios
Salazar es un caserío de unos mil 500 pobladores, asentado en un valle del municipio mexiquense de Lerma, muy cercano al área recreativa de La Marquesa. En su planicie todavía es común ver pastores con rebaños de ovejas desparramadas en los pastizales. Tiene una laguna que refleja los montes de los alrededores, tapizados de altísimos pinos, cedros, ocotes y oyameles.
Pero el proyecto Reserva Santa Fe, realizado por la empresa Zimbra, arrasa como una plaga con esos bosques; aquí y allá emergen áreas taladas donde se construyeron ranchos hípicos de varias hectáreas. Ya se pueden ver finos caballos retozando en algunas laderas pelonas, caballerizas bien alineadas, pistas techadas de entrenamiento y obstáculos para practicar el salto.
A las afueras de Salazar, la enorme finca de Slim está protegida por larguísimos muros de concreto cubiertos de enredaderas, que se extienden por el terreno ondulante hasta desaparecer en un paraje boscoso. Sobre las bardas sólo alcanzan a asomarse los techos de la residencia a desnivel del magnate.
En lo alto de una loma está el rancho hípico de Escudero. Tiene una hectárea y pertenece al club ecuestre Reserva Salazar, propiedad de Héctor Alfonso Gutiérrez Casillas. En 2016 el senador le compró la propiedad, en 8 millones de pesos, a éste, de quien al parecer es socio, según una nota publicada el 1 de marzo de 2018 por el diario Reforma.
Y la residencia campestre de Azcárraga se vislumbra también en lo alto, a lo lejos, casi coronando una cima; es de una blancura fulgurante. En cambio, el terreno de Bartlett está en la planicie y aún no puede construir, porque ahí los comuneros siguen sembrando sus milpas y se niegan a salir.
Serpenteando entre los bosques, una carretera asfaltada se conecta con los caminos privados que tiene cada finca. Son accesos empedrados o adoquinados, con exuberantes jardineras a sus flancos. Y ­desembocan en macizos portones adornados con herrajes de motivos ecuestres.
Guardias de seguridad —con cachucha, uniforme gris y mirada recelosa— vigilan las 24 horas los accesos y alrededores de las fincas. En ocasiones lo hacen desde casetas con vidrios polarizados o bien se les ve caminar o patrullar a bordo de camionetas.
Hay terrenos donde aún no se construye nada; son todavía claros con gruesos troncos talados casi a ras de tierra, delimitados por largos listones de plástico blanco y letreros que advierten: “Reserva Santa Fe. Propiedad privada”.

Conflicto comunitario
Dan los comuneros los nombres de otros empresarios que adquirieron predios en esta zona privilegiada: Arturo Elías Ayub, director de la Fundación Telmex y yerno de Carlos Slim; Carlos Alberto Grisi Mariscal, consejero del Grupo Grisi; Ricardo Nizri Guasp, accionista del Grupo Corrado, una compañía contratista que, se dice, pertenece a los exgobernadores priístas Javier Duarte, de Veracruz, y Eruviel Ávila, del Estado de México.
Todos ellos compraron tierras en medio de un litigio agrario entre Salazar y la comunidad aledaña de San Mateo Atarasquillo, conflicto que data de 1947, cuando la entonces Secretaría de la Reforma Agraria realizó un ­reparto agrario entre las comunidades de la zona y emitió una resolución en la que prácticamente declaró inexistente a la comunidad de Salazar, pues su área de 217 hectáreas —que antes se le reconocía— se le incluyó a la de San Mateo Atarasquillo.
Esther Goujon, la abogada de los comuneros de Salazar, comenta: “Esa resolución borró del mapa a Salazar, como si no existiera. Y sus tierras pasaron a ser de San Mateo. Por lo que los comuneros de Salazar promovieron un amparo para recuperar sus tierras”.
Agrega que alrededor de 2005, ya puesto en marcha el proyecto Reserva Santa Fe, los desarrolladores inmobiliarios empezaron a comprarle tierras a San Mateo Atarasquillo, que vendió las suyas y también las que estaban en litigio.
“Fue así como los pobladores de San Mateo estuvieron vendiendo tierras que pertenecen a Salazar. Le vendieron a estos políticos y empresarios tierras ajenas”, recalca la abogada.
No fue sino hasta agosto de 2017 cuando el Tribunal Unitario Agrario del Noveno Distrito le dio la posesión histórica de esas tierras a los comuneros de Salazar. Y después, el 11 de octubre de 2018, el Tribunal Superior Agrario —la máxima instancia en la materia— les confirmó la posesión.
“Quedó así sentencia firme y definitiva. Estos empresarios y políticos ya no pueden hacer nada ante el fallo del Tribunal Superior Agrario. Esas tierras no les pertenecen, las compraron ilegalmente. Pediremos la nulidad en materia agraria”, asegura Goujon.
Aunque se deberán “determinar medidas y colindancias por parte de peritos en topografía”, pues al parecer algunos compradores adquirieron predios que abarcan partes de Salazar y de San Mateo.
—¿De qué manera estuvieron comprando? ¿Con qué documentos? —se le pregunta.
–Por ejemplo, Slim, quien fue de los primeros compradores y utilizó como prestanombres a Daniel Rihan Salum, lo hizo mediante contratos de cesión de derechos. Lo mismo hizo Azcárraga. Pero la ley establece que los bienes comunales no son objeto de comercio, y además que la cesión de derechos sólo se puede hacer entre pobladores del mismo núcleo agrario. ¿Usted cree que Slim y Azcárraga sean campesinos del lugar?… ¡Para nada!
“Además, vimos que sus contratos venían con papel membretado y firmado por funcionarios de la Procuraduría Agraria en el Estado de México. Esto significa que la procuraduría se coludió con ellos y, por tanto, se prestó a actos de corrupción. Ante tanto ilícito, nosotros promovimos amparos contra estas compras.”

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