LAS MAZMORRAS

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La presión laboral era bárbara.

Los asuntos relacionados a la inseguridad pública generaban constante información.

En minutos, por no decir segundos, podrían suscitarse hechos de violencia de suma envergadura: una balacera, una ejecución, un asalto con violencia, un feminicidio, las detenciones de algún importante capo del crimen organizado, un picudo burócrata o magistrado, etcétera.

Nada estaba escrito.

El azar jugaba un rol protagónico en mi vida diaria.

Estaba consciente que durante mi horario laboral —de ocho de la mañana a las seis de la tarde— yo era el único responsable de la información que se generara en las fuentes asignadas: procuradurías de justicia, federal y estatal; juzgados civiles y penales, dirección de seguridad pública municipal y penitenciaria del estado.

Sin embargo, la ciudad podría estar a mi alcance si tenía los contactos apropiados.

Por el momento, únicamente contaba con el relativo apoyo del Arre Machos, un policía judicial, dos burócratas del Cereso y los jefes de prensa de las corporaciones policiacas.

En la penitenciaria del estado, el director y el subdirector militaban en un partido político de izquierda. El primero, Gustavo de la Rosa Hickerson, contendió por la alcaldía de Ciudad Juárez.

De ahí el chascarrillo burlón de sus compañeros:

No fue alcalde, pero es alcaide…

De la Rosa era abogado y estaba ligado al movimiento obrero. Dirigía un despacho para asuntos laborales y de derechos humanos.

Estar al frente de una penitenciaria con más de mil internos, significaba relacionarse con personas de alta peligrosidad. Por lo mismo, le relegaba el mando a sus subalternos.

El subdirector, un profesor normalista, y el jefe de los celadores eran los encargados de controlar la cotidianidad de los reos. Hablé con los dos y aceptaron apoyarme, bajo la condición de no poner en riesgo su seguridad laboral.

Otro aliado circunstancial fue el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Eustacio Gutiérrez Corona. Me proporcionó sus números telefónicos —e incluyó el de su domicilio— bajo la recomendación de no dudar en buscarlo, en caso de requerir cualquier asunto relacionado a su ejercicio público.

Obtuve su confianza por un trabajo periodistico publicado bajo mi firma.

El martes 9 de julio me interné a las instalaciones de la estación de policía de Delicias, en el viejo corazón de la ciudad.

Mi propósito era entrevistar al juez de barandilla.

En ese centro de detención eran recluidas las personas que infringían el reglamento municipal, principalmente drogadictos o alcohólicos rijosos.

Para llegar a su oficina era necesario cruzar un gran patio ceñido por ocho celdas y varios cubículos.

Bato, bato, regálame una moneda —escuché por mi costado derecho.

Detuve la marcha.

Tras unos barrotes, ubiqué al hombre que me suplicaba ayuda. Era un esperpento, sin dientes y con costras de mugre en brazos y cara. Tenía el cabello desaliñado, sucio y pegajoso.

La cruda o malilla le quemaba las entrañas.

Al acercarme, me recibió una onda pestilente, nauseabunda. No pude disimular mi sorpresa. El hacinamiento era tal que impedía la movilidad de los detenidos de barandilla.

Intuí un asunto trascendente.

Sin duda, los detenidos eran tratados como bestias, fuera de los cánones de los derechos humanos. Uno a uno emitió su queja por los malos tratos recibidos.

Me enteré como eran golpeados y despojados de sus pertenencias por otros presos, bajo la complicidad del policía de guardia.

Los ultrajes eran inhumanos. Por no tener dinero, la mayoría de los detenidos permanecían encerrados dos, tres o hasta cinco días.

Nunca se les rehabilitaba. Por el contrario, enfrentaban humillación, desdén, tortura, sed y hambre.

Los panistas pregonaban el humanismo, como política de vida. Sin embargo, en los hechos eran igual de despiadados y corruptos que los priistas.

El Diario publicó la crónica de lo que ocurría en una estación de la policía municipal, donde encarcelaban temporalmente a los responsables de cometer delitos administrativos.

El material gráfico del Arre Machos fortaleció la denuncia.

La crónica apareció con el título:

UNA AUTENTICA SELVA… PERO SIN AGUA

En una celda de diez y seis metros cuadrados de la Estación Delicias, desde el sábado 6 de junio, setenta internos purgan su condena.

Enormes cantidades de excremento y orines humedecen el cemento. Los calores y olores acortan la respiración.

Los golpes arrecian entre los presos.

Tres de los más fuertes y sanguinarios, el Gato entre ellos, roban playeras, camisas y calzado.

Corre la sangre y pasan desapercibidos los ayes de dolor entre los policías.

En las otras siete celdas del vetusto edificio de dos pisos, construidas en 1945, otros seiscientos detenidos esperan ser rescatados por sus familiares.

Y, como Jorge Méndez y Omar Eliz, tendrán que lidiar con sus compañeros de desgracia, la deshumanización de los carceleros y la posible generosidad del juez de barandilla en turno.

—No vemos que las cosas cambien con un gobierno distinto. Nos tratan igual o peor que antes — asegura Miguel Monárrez, chofer de rutera.

El viernes 5 de junio fue privado de su libertad por beber cerveza en la vía pública y borracho intentar conducir su auto.

Internarse en el área de detenidos de la estación de policía de Delicias —enclavada entre las calles 16 de septiembre y Oro—, es descubrir el lado oscuro de la condición humana.

Los setecientos detenidos fueron capturados entre el viernes y sábado. Ahora se hacinan en pequeñas celdas sin ventilación y agua potable.

Sus necesidades fisiológicas deben hacerlas ante la vista de sus compañeros de encierro. Por el momento, grandes cantidades de heces fecales rebasan los destartalados sanitarios.

El hedor es insoportable.

—Aquí perdemos nuestra condición de hombres y nos volvemos animales —confiesa Ricardo Ávila Méndez, pintor y fotógrafo y ex colaborador de una empresa televisiva juarense. Llevaba ocho horas de encierro al ser entrevistado.

Lo detuvieron por una riña callejera y estar ebrio al ser abordado por la policía.

El cuadrante de encierro de la estación parte de la avenida 16 de septiembre. Es necesario sortear tres esclusas perfectamente vigiladas. En la primera, un policía inmutable, sin reflejar emoción alguna, detiene a los interesados en penetrar al módulo de barandilla, donde el juez califica las faltas y entrega las boletas de libertad y de cobro.

—Espere hasta que lo autoricen —ordena el uniformado y cierra la puerta.

La espera puede durar de una a dos horas.

Dentro de la oficina, son visibles varios cartelones despintados, sucios y con telarañas. En los carteles se difunden los derechos de los detenidos y el tipo de pago que se debe hacer a la Tesorería Municipal, de acuerdo a la falta cometida.

Existe una lista de 66 faltas y un centenar de delitos. Los primeros, tipificados en el Reglamento de Policía, Vialidad y Buen Gobierno, se conmutan en acciones discrecionales del juez de Barandilla.

El detenido, de decidirlo el juez, puede obtener su inmediata libertad si paga una fianza, hace labores benéficas a la comunidad o pasa 36 horas de encierro en una de las ocho celdas.

En el caso de los ilícitos, considerados como delitos, el detenido es canalizado a la Oficialía Jurídica, donde queda bajo resguardo del Departamento de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado.

Tras un alto mostrador de madera, tres burócratas, entre ellos el juez, atienden a los detenidos.

Los infractores de la ley son interrogados antes de cruzar la segunda esclusa que los conduce a  las mazmorras, al módulo de revisión y al consultorio médico.

Los malos tratos arrecian.

Llegan a la estación, adictos, borrachos y golpeadores de conyugues e hijos.

En diez minutos los convierten en una estadística y un cheque al portador.

El detenido, vituperado y agredido en su dignidad —como lo denuncian sus familiares que esperan su turno para pagar su libertad—, es trasladado por un corto pasillo a la siguiente esclusa laminada.

Un policía desganado y corto de estatura lo recibe y conduce al módulo de revisión, donde la supervisora de turno, María Isabel Egure, ordena les vacíen los bolsillos y requisen cinturones, cordones de calzado o cualquier objeto punzocortante.

Es usual que el dinero del detenido le sea robado por la propia policía, según testimonio de sus víctimas.

De acuerdo al estado de ánimo de la supervisora, permiten al detenido hacer una llamada telefónica a sus familiares.

Tras cumplir el requisito, es trasladado al patio y conducido a una tercera esclusa, donde están las ocho celdas del cuadrante maloliente: cinco en un extremo, de muros pintarrajeados, y tres, en un rincón apretujado y lodoso, por los escurrimientos de agua.

Desde el momento que pone los pies en una de las mazmorras, el detenido flaquea por el hedor y calor. Decenas de ojos lo reciben con desdén, burla e ira.

Es necesario buscar un rincón para sentarse o intentar tirarse.

Es la única manera de mantener la cordura en ese encierro de suicidas.

En el mismo espacio, drogos, farderos, borrachos, carteristas y rijosos.

La violencia se desata en unos segundos.

Tres o cuatro individuos, los más malandros —como les dicen— enfrentan al recién llegado. Lo golpean. Tras doblegarlo, le roban los zapatos, playera o camisa.

Si protesta o denuncia, corre el riesgo de perder la vida.

Miguel Madera, vendedor ambulante y marihuano, fue vapuleado por el Gato y dos de sus secuaces en el momento de su ingreso.

—Me quitaron mis tenis, que acababa de comprar y como me opuse, me dieron de madrazos y me echaron excremento en la cara…

De un día para el otro, los lesionados se reproducen a velocidad vertiginosa.

Un cuarenta por ciento de los detenidos presentan lesiones en el rostro.

El médico de turno, doctor Jaime Flores Neder, responsabiliza de la violencia al alcohol.

Es uno de los cinco médicos asignados. En tres días atiende en promedio de 200 a 300 lesionados.

En el consultorio escasean medicamentos, gasas, guantes desechables, agujas hipodérmicas y algodón.

Los médicos únicamente lavan las heridas y, en caso de tratarse de lesiones graves, los detenidos son enviados al Hospital General.

Durante su tiempo muerto, los galenos se distraen viendo la televisión.

Por la mañana, los detenidos  reciben un vaso de café negro y dos tortillas o un pan y a las dos de la tarde, con ayuda de iglesias protestantes, tienen acceso a un plato de sopa

Solo hay un problema: los débiles o enfermos son despojados de sus alimentos.

La mayoría de los condenados carece de camisa. Durante la noche no pueden acceder a un poco de agua.

La sed arrecia y la violencia se desata.

—Es peligroso cerrar los ojos en la noche, porque hasta pueden violarte —revela Artemio Villa, un cholo de la colonia Altavista.

Lo detuvieron por dormir en la vía pública. Había inhalado Pega Rey.

De acuerdo al Reglamento de Policía, Vialidad y Buen Gobierno del Municipio de Juárez, un detenido no puede ser privado de su libertad más de 36 horas.

En la estación Delicias se registraron testimonios de personas que  fueron liberadas después de cinco días de encierro.

El día que se ingresó al cuadrante de las mazmorras, varios detenidos se quejaron de tener más de 36 horas privados de su libertad.

El Juez de Barandilla, al percibir la presencia del reportero, ordenó su inmediata liberación.

Diez y nueve internos —golpeados y hambrientos—, abandonaron aquel módulo de terror.

Hace diez y siete años fue la sede de la Penitenciaria del Estado.

HEMEROTECA: PRO228

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