CONEMAL, BYE…BYE…

Por Mathieu Tourliere / Apro

pobreza-960x500.jpg_1718483346En los últimos dos meses, Gonzalo Hernández Licona se negó a aplicar algunas medidas de la “austeridad republicana” en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); por ejemplo, rechazó deshacerse de los 18 directores generales adjuntos y recortar 20% de la estructura del organismo autónomo, equivalente al despido de 64 personas.
La tarde del pasado lunes 22, un grupo de funcionarios de la Secretaría de Bienestar, al frente de quienes iba el abogado general de la dependencia dirigida por María Luisa Albores González, llegó a la sede del Consejo; subió al octavo piso y le enseñó a Hernández Licona un oficio presidencial en el que se informaba del nombramiento del doctor José Nabor Cruz Marcelo como nuevo secretario ejecutivo del Coneval.
“No renuncié. Me dieron el papel y dijeron: ‘Oye, aquí está otro, maestro’; me dan la notificación de que hay alguien más en mi puesto, que fui remplazado”, recuerda Hernández en entrevista con Proceso.
Si bien afirma que no tiene “ningún reclamo” respecto a su remplazo y que el Coneval “no se niega a la austeridad”, el ahora ex funcionario —quien encabezó el organismo autónomo desde su creación, en noviembre de 2005— insiste en que “si aplicamos la austeridad exactamente como dicen, el Coneval va a tener graves problemas de operación”.
Cuestiona decisiones
En entrevista con este semanario, Hernández cuestiona algunas decisiones del gobierno en materia de política social —el recorte al programa de estancias infantiles, la aparente eliminación de Prospera y la abierta desconfianza hacia estructuras de la sociedad civil— que, sumadas a la austeridad, podrían afectar a los más vulnerables e ir contra la política de “primero los pobres”, impulsada desde el gobierno federal.
Estima que el gobierno no sólo debe transferir recursos a los beneficiarios de los programas sociales, sino también invertir masivamente en salud y educación para garantizar un acceso efectivo a los derechos en esas materias; para ello se necesita una “política redistributiva más agresiva”, que pasaría por una mayor recaudación de impuestos a los más ricos, entre otros.
Hernández considera que desaparecer el Coneval y encargar la medición de la pobreza al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del pasado jueves 25, “sería un error muy grave”, pero asegura que las declaraciones del mandatario no generaron pánico en la institución.
“Las funciones del Coneval y del INEGI son complementarias pero diferentes”, sostiene y abunda: “En las mañaneras hay tantas declaraciones, que se toman un poco a la ligera; es como si dijera: ‘Yucatán y Campeche se parecen mucho, ¿por qué no hacemos un solo estado y le ponemos un solo gobernador?’”.
—El discurso del gobierno de López Obrador se enfoca en “Primero los pobres”. ¿Observa ese cambio radical, se está moviendo todo el aparato del Estado mexicano hacia los pobres?— se le pregunta.
—Déjame empezar por la parte positiva: ciertamente hay un énfasis en las actitudes, en los mensajes y en una parte importante de la política social sí está el interés en la población pobre. También es cierto que hubo un incremento en el salario mínimo mayor que en otros años. Pero hay problemas de austeridad y hay problemas de coordinación que pueden afectar. Habrá que medirlo.
Pese a que el Coneval apenas inició su análisis y evaluación de la política de desarrollo social impulsada por la nueva administración —y todavía no tiene el respectivo análisis exhaustivo—, Hernández señala algunos focos de atención.
Un ejemplo: el gobierno federal desapareció los componentes de salud y de desarrollo social de Prospera, lo limitó en el otorgamiento de las llamadas Becas Benito Juárez y pasó su coordinación a la SEP, pese a que dicho programa tenía incidencia directa sobre la población más pobre del país, según Hernández.
“Si hay un problema de coordinación en el gobierno es que a veces la coordinación es de cuates, pero Prospera tenía una coordinación muy buena, que posiblemente se pierde. Prospera era un programa en el que más claramente llegaba el ingreso a los pobres más pobres. Tenía errores pero era el menos malo o era el mejor”, opina.
—¿Uno de los problemas era el de los vocales que hacían gestión política?
—Puede ser. Había gestión política en muchos programas, incluso en Prospera; pero aun así era el que llegaba a más pobres. Si lo quitas, además del tema de coordinación podría suceder que sus sustitutos no tengan una focalización tan eficiente.
“Perderíamos el tema redistributivo que Prospera sí tenía; y si sus sustitutos no son tan eficientes, tendríamos un problema grande, porque entonces no estaríamos poniendo a los pobres primero.”
Estima que la política social del gobierno federal podría sufrir con las medidas de austeridad, pues subraya que “la política social y su gasto, a pesar de que ha sido mucho, es insuficiente” y no puede limitarse a entregar recursos a los beneficiarios de los programas sociales.
“Si la visión es el ejercicio efectivo de los derechos, falta complementar la transferencia monetaria con mejores servicios, con un gasto social que no solamente vaya a las familias, sino también a los servicios. Lo que se requiere para tener un servicio de salud de calidad es enorme, lo que se requiere para tener un servicio educativo de calidad es enorme. Si no invertimos en eso el efectivo, la transferencia monetaria va a ser de poco alcance”, dice.
Politica fiscal progresiva
Una mayor inversión en los servicios de salud y educación implica una necesidad de incrementar el ingreso y mejorar el gasto, lo que pasaría por la creación de una “política fiscal más progresiva”.
“Recaudar impuestos no es popular. Pero si queremos un México con mayor calidad, uno tiene que recaudar más dinero; por ejemplo con un impuesto más agresivo para la gente con más lana; hablar de impuestos al consumo, que es un tabú. El IVA es mucho más bajo en México que en otros países de América Latina”, asegura.
El pasado 4 de mayo llegó al Coneval el memorando de López Obrador en el que el mandatario ordenó a las 300 instituciones de la administración pública federal que eliminen las plazas de Dirección General Adjunta y tomen medidas para reducir el gasto. En el organismo autónomo la exigencia consistió además en recortar 20% de su estructura.
“Estas dos primeras instrucciones yo me he rehusado a hacerlas. En el Coneval no hay secretarios ni subsecretarios ni jefes de unidad. Empiezas con el director general y debajo están los directores generales adjuntos, que es la gente que trabaja, la gente operativa, la gente que conoce los temas técnicos del Coneval.
“Si uno desaparece esta parte, es como desaparecer el segundo nivel del Coneval, es como si el presidente se quedara sin secretarios de Estado.
—¿Tras rehusarse, hubo llamadas de atención? —se le pregunta.
—Fue un estira y afloja. De hecho hubo un momento en que nos dijeron: ‘Si no hacen el recorte del 20% no vamos a aprobar las 144 plazas de eventuales en Bienestar que se renuevan cada seis meses, equivalente a 69% del personal’. Estábamos atrapados, porque esto fue en junio.
El pasado martes 23, la SHCP informó que tenía garantizado el pago de 133 plazas de eventuales y la Secretaría de Bienestar aseguró que estaba disponible el recurso destinado para las evaluaciones del Coneval. “Lo que está pendiente es el futuro y el destino de las direcciones generales adjuntas, hay que monitorearlo”, insiste.

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