RAPIÑA BINACIONAL

Por José Raúl Linares y Neldy San Martín/ Apro

dolaresDurante una década, la estadounidense Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) documentó la existencia de una red de 257 empresas en México, Sudamérica y Europa con las que el Cártel de Sinaloa opera sus recursos financieros; pero en ninguna de ellas Joaquín “El Chapo” Guzmán aparece como propietario o accionista; tampoco ningún integrante de su familia ni presuntos testaferros, según una consulta realizada por este semanario en los archivos en línea de esa oficina.
El miércoles 17, la sentencia que emitió el juez Brian Cogan condenando al capo a cadena perpetua no incluyó los reportes elaborados periódicamente por el Departamento de Estado, con investigaciones de la DEA o de la CIA. Lo dicho por decenas de testigos durante el juicio contra “El Chapo” bastó para calcular el monto de sus ganancias en el tráfico de drogas.
“Guzmán Loera es el presunto líder de una empresa criminal multinacional multimillonaria que canalizó drogas a nuestras calles y violencia y miseria a nuestras comunidades”, dijo la fiscal general interina Sally Yates en un comunicado difundido tras haberse dado a conocer la sentencia y la intención de recuperar sus bienes.
En los documentos de la OFAC, “El Chapo” Guzmán sólo aparece de manera indirecta relacionado con algunos bienes. Nunca como propietario, lo que sí sucede con otros narcotraficantes, como Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza, “El Azul”, quienes han invertido en empresas que lo mismo se dedican al transporte aéreo que a la administración de balnearios, desarrollos inmobiliarios, gasolinerías, bancos e incluso una fábrica de juguetes.
Tras ser sentenciado a cadena perpetua por haber introducido miles de toneladas de droga a Estados Unidos, las autoridades de ese país y las de México mencionaron su interés en coordinar el decomiso de los bienes de “El Chapo”, que se calculan en poco más de 12 mil 666 millones de dólares.
Su fortuna, una incognita
Pese a que la expansión del cártel se traslapa con su inclusión en la lista de la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros, también conocida como Ley Kingpin, elaborada para bloquear transacciones de ciudadanos estadounidenses con miembros del crimen organizado, el destino de la fortuna de “El Chapo” sigue siendo una incógnita.
Para intervenir, el gobierno mexicano propuso la creación de una “comisión binacional” con el propósito de buscar los recursos.
En mayo de 2007 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó incluir al narcotraficante colombiano Jorge Luis Llano Gazia en la lista de Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados (SDNT); junto a él aparecieron los nombres de “El Chapo” Guzmán y de Ismael “El Mayo” Zambada.
La aparición de Llanos Gazia, con los que, años más tarde, serían identificados públicamente como los jefes del Cártel de Sinaloa, fue también la primera vez que “El Chapo” fue incluido en una red de lavado de dinero, aunque no como vínculo entre narcotraficantes y testaferros, sino su operador Agustín Reyes Garza, “Don Pilo”.
A decir del Departamento del Tesoro, Llanos Gazia montó dos empresas con el fin de lavar el dinero que ganaba con el tráfico de cocaína que posteriormente vendía al Cártel de Sinaloa. Se trataba de Audio Alarmas, S.A. de C.V., una compañía especializada en la instalación de sistemas de alarma, y Basaltos Tonalá, S.A. de C.V., dedicada a la venta de materiales de construcción, cerca de Guadalajara, donde “Don Pilo” depositaba el dinero de la venta de cocaína que Llanos Gazia se encargaba de comprar directamente en Colombia.
A partir de esta publicación, hasta su segunda detención, el 22 de febrero de 2014, “El Chapo” fue vinculado a siete listas SDNT, derivadas de sus redes especializadas en el lavado de dinero con organizaciones locales; es decir como contratista en redes de intermediarios locales que facilitaban el trasiego de drogas y al pago de nóminas y sobornos a funcionarios de esos países.
Las listas incluyen la intermediación de compañías propiedad de otros narcotraficantes en México o el exterior, como las redes que montaron el propio Reyes Garza, con ligas entre Guadalajara y Bogotá por medio de Estetic Carr de Occidente, S.A. de C.V., y Estética Carwash, S.A. de C.V.
Todas estas empresas están incluidas en las listas de la OFAC, pero es difícil comprobar su pertenencia al narcotraficante nacido en La Tuna.
A diferencia de “El Chapo” Guzmán, sus compañeros en la organización sinaloense poseen propiedades que están en uso y activas.

DEUDA INCOBRABLE
El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, “Chupeta”, ex líder del Cártel del Norte del Valle, testificó que durante una década (1990 a 2000) envió de Colombia a México en avión, barco o submarino, 436 mil kilogramos de cocaína para el Cártel de Sinaloa de “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.
Jesús “El Rey” Zambada, hermano de “El Mayo”, declaró que de 1995 a 2008 almacenó anualmente cargamentos de entre 80 mil y 100 mil kilogramos de cocaína colombiana en bodegas en la Ciudad de México para luego enviarlos al mercado estadounidense.
Pedro Flores, narcotraficante chicano, dijo que él y su gemelo, Margarito, vendieron en ciudades del este, centro y oeste de Estados Unidos al menos 53 mil kilogramos de cocaína de “El Chapo”, mercancía que llegó a Chicago en camiones de carga y vagones de tren entre 2005 y 2008.
“Chupeta”, “El Rey” Zambada y Pedro Flores fueron sólo algunos de los testigos clave en el juicio de tres meses contra “El Chapo” en Nueva York. A cambio de sus testimonios les ofrecieron reducir sus sentencias.
Cálculos sin gasto
Esos testimonios, junto con los de otros delincuentes, sirvieron para que los fiscales del caso calcularan las ganancias del Cártel de Sinaloa por la venta de drogas en territorio estadounidense y sentenciaran a Guzmán Loera, de 62 años, a cadena perpetua y a compensar al gobierno de Estados Unidos con más de 12 mil millones de dólares, unos 242 mil 192 millones de pesos.
Ese dinero sería suficiente, por ejemplo, para financiar los proyectos de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, calculado por el gobierno en 8 mil millones de dólares, y el aeropuerto de Santa Lucía, para el que se prevé una inversión de 4 mil millones de dólares.
Una vez que concluyó el juicio del narcotraficante sinaloense en una Corte federal en Brooklyn, los fiscales presentaron —el viernes 5— una solicitud de incautación de su dinero. Pero como es prácticamente imposible saber cuál es la fortuna real del capo, calcularon cada dólar que supuestamente ganó por la venta de drogas en Estados Unidos, pero sin gastos, como si no hubiera pagado ni un solo soborno, ni el sueldo de algún sicario o distribuidor de droga. Los fiscales decidieron estimar el adeudo solamente sobre las ganancias del Cártel de Sinaloa.
“Los tribunales han encontrado que calcular el monto en función de las ganancias brutas, en lugar de las ganancias netas, corresponde al propósito punitivo en casos de narcotráfico”, establecieron.
Según los fiscales, desde los noventa hasta la última captura de Guzmán, en 2016, el Cártel de Sinaloa distribuyó 528 mil 276 kilogramos de cocaína con un valor de más de 11 mil 809 millones de dólares; 202 kilogramos de heroína por 11 millones de dólares y 423 mil kilogramos de mariguana por unos 846 millones de dólares.
En un documento de 12 páginas, los fiscales reconocen que la cifra es conservadora, pero dada la complejidad que representa calcular el monto exacto del dinero de “El Chapo”, aclaran que el gobierno de Estados Unidos “no está obligado a proporcionar un cálculo preciso de los ingresos que serán decomisados”.
“El gobierno tiene derecho a la confiscación de todos los bienes que constituyan o se deriven de los delitos relacionados con la venta de narcóticos del acusado y cualquier propiedad que facilitara la comisión de esos delitos”, sentenciaron.
Ni en México ni Estados Unidos existe la certeza de que se pueda rastrear la fortuna del capo, que alguna vez fue estimada por Forbes en más de mil millones de dólares.
Tras conocer la sentencia sobre el dinero, Jeffrey Lichtman, abogado de Guzmán Loera, dijo que el gobierno de su país nunca “ha localizado un centavo de los 12 mil millones de dólares en ganancias que presuntamente generó el señor Guzmán” y calificó la orden de incautación como un “ejercicio académico”.

Fracasan intentos en México
En México también fracasaron los intentos por rastrear y decomisar el dinero del Guzmán Loera. De hecho el pasado 8 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que en los últimos 18 años sólo se le ha podido decomisar a “El Chapo” y a su familia un inmueble, cinco armas de fuego, 171 cartuchos, cinco cargadores, una computadora, tres relojes y tres teléfonos celulares, de acuerdo con la información que la periodista Anabel Hernández obtuvo vía Ley de Transparencia.
En el documento de la solicitud de incautación, los fiscales de Estados Unidos aceptan que las evidencias muestran que los ingresos del Cártel de Sinaloa fueron lavados. Tras recabar todos los testimonios y las pruebas, concluyeron que parte del dinero fue usado en los gastos de las operaciones del Cártel de Sinaloa, incluida el pago de la nómina de distribuidores y proveedores, así como los equipos de comunicación y transporte, como aviones, submarinos y camiones.

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