LO CLAROSCURO DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCION DE DOMINIO

Por Patricia Dávila/Apro

LEYLa Ley Nacional de Extinción de Dominio aprobada por la Cámara de Diputados la semana antepasada hace parecer que el combate a la corrupción y la extinción de dominio sólo es parte del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguran expertos consultados por Proceso.
Por un lado, advierten, no dejó una figura legal para sancionar a la primera; por el otro, la extinción de bienes puede “caérsele” a la fiscalía con el recurso de amparo.
El 14 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 22 y 73 de la Constitución en materia de extinción de dominio. El objetivo fue facultar a las autoridades competentes para que el Estado pueda obtener la posesión legal de bienes de particulares, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con investigaciones relativas a delitos.
Asimismo, se instruyó al Congreso para expedir la legislación nacional única en la materia. A partir del inicio de la vigencia del decreto, el Congreso de la Unión cuenta con un plazo de 180 días para crear la ley nacional que regule el artículo 22 constitucional (transitorio segundo), el cual se cumple el próximo 11 de septiembre.
Derivado de ello, el pasado 1 de julio el Senado aprobó el dictamen de Ley Nacional de Extinción de Dominio y reformas a diversos ordenamientos, lo que podría ser la norma aplicable en el ámbito nacional.
Trascendencia de la Ley
Para la organización civil Tojil, la figura de extinción de dominio es un mecanismo jurídico de gran importancia y de mucha utilidad para combatir la criminalidad, reducir la impunidad, en particular los delitos de alto impacto, como la delincuencia organizada y la corrupción.
Sin embargo, pese a que desde 2008 se cuenta con esta figura en la Constitución, aún no funciona de manera óptima ni ha dado los resultados que se requieren para minar la capacidad financiera de las redes de macrocriminalidad y el crimen organizado.
Los contrasentidos
Estefanía Medina, una de las fundadoras de Tojil, quien ha participado en mesas de análisis sobre la Ley de Extinción de Dominio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, explica a este semanario:
“Aun cuando el artículo 22 constitucional y el artículo 8 del dictamen aprobado mencionan que la acción de extinción de dominio la ejercerá el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo de lo penal, en términos operativos esta autonomía es ficticia, pues únicamente puede ejercerse la acción de extinción de dominio sobre bienes que tienen una relación con actividades ilícitas previamente enlistadas en el artículo 22 constitucional.”
Es un contrasentido, comenta, que por una parte el texto constitucional refiera a la extinción de dominio como “de naturaleza civil y autónoma”, pero que por otro lado señale que la extinción de dominio será procedente en casos específicos, como bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y estén relacionados con investigaciones de hechos delictivos.
Además, dice, la vincula a un número reducido de delitos: corrupción, encubrimiento, los cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
En países como Colombia, donde los grupos de narcotraficantes alcanzaron niveles de violencia y poder mundial, la figura jurídica de extinción de dominio es mucho más amplia y desarrollada, insiste la entrevistada.
Considera que ahí existe una verdadera autonomía de la materia penal y la extinción de dominio desde su diseño, pues el artículo 34 de la constitución colombiana establece que la acción de extinción de dominio será procedente “sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social”.
En el Código de Extinción de Dominio de Colombia, de 2014, por ejemplo, se considera grave deterioro de la moral social cualquier actividad ilícita, sin que exista la necesidad de acreditar el nexo de causalidad entre el delito y el bien —inmueble o riqueza que posee—, sino que sólo se acredita que fueron adquiridos de manera ilícita.
Junto con Adriana Greaves, Medina fundó Tojil, organización no gubernamental que diseña estrategias contra la inseguridad. Con las reformas de marzo de 2019, dicen ambas, en México no hay un cambio para dar autonomía a la extinción de dominio.
Además, el artículo 9 del dictamen de la Ley Nacional de Extinción de Dominio prevé como elemento de la acción la existencia de un hecho ilícito y el artículo 14 establece que procede, aunque no se haya determinado la responsabilidad penal, siempre y cuando “haya razonamientos sólidos y razonables” que permitan inferir la existencia de los bienes.
En este sentido, insiste Medina —quien en la administración anterior trabajó en la Procuraduría General de la República—, se duplican las funciones del Ministerio Público (MP), pues en una audiencia civil en materia de extinción de dominio, adicionalmente deberá acreditar que los bienes fueron adquiridos de manera ilícita y comprobar que hay un nexo con el delito penal.
Y añade: “La ley es clara cuando el fiscal inicia la extinción de dominio, pero no es clara en cómo se debe de aprobar o no para evitar duplicar (funciones). El MP va a ser quien tenga que probar la responsabilidad o se va a revertir completamente la carga del delito, lo cual es preocupante porque va a atentar contra los derechos de terceros; al final, la fiscalía corre el riesgo de perder los casos en amparos”.
Greaves sostiene: “Van a caer muchos amparos. Si me relacionaron con un delito y el MP no logró comprobar mi responsabilidad más allá de toda duda razonable y salgo exonerada, qué va a hacer: ¿me va a regresar los bienes que ya me extinguió, como el coche y la casa?
“La ley no es clara. Yo sí creo que como el caso nace de la materia penal, si la fiscalía no logra acreditar aquí la existencia del delito va a perder los amparos en la vía civil.”

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