ROSARIO DE TRANSAS

Por J. Raúl Linares y Arturo Rodríguez/Apro

roblesEl caso de la Fiscalía General de la República (FGR) contra María del Rosario Robles Berlanga no se integró por peculado, malversación, enriquecimiento ilícito o desvío de recursos, y sí, en cambio, por ejercicio indebido del servicio público, delito que, más allá de las consecuencias para la exfuncionaria, coloca por primera vez en el centro de un proceso penal al expresidente Enrique Peña Nieto.
La comparecencia del pasado jueves 8 constituye de por sí un hecho histórico: Robles se convirtió en la primera exsecretaria de Estado en la historia en ser imputada por hechos de corrupción, así como la segunda llamada a proceso; el primero fue Luis Echeverría, quien compareció en julio de 2002, en calidad de exsecretario de Gobernación, en la investigación de la matanza de Tlatelolco.
Pero la relevancia del caso se relaciona con el tipo penal. Según la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018, la imputación se funda en el artículo 214 fracción III del Código Penal Federal.
Se aprovechó del cargo
Dicho precepto establece que comete el delito de ejercicio indebido del servicio público quien “teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia” o entidad gubernamental por cualquier acto u omisión, “no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.
El de ejercicio indebido del servicio público es un delito que se castiga con prisión e inhabilitación para ejercer un cargo público de dos a siete años, además de una multa que puede ir de 30 a 300 veces el salario mínimo vigente al momento de cometerse el ilícito, aunque por tratarse de un delito menor —no grave—, la acusada podría quedar en libertad mediante el pago de una fianza.
Y puesto que durante seis años el superior inmediato de Robles fue el hoy expresidente Enrique Peña Nieto, la estrategia de la FGR se orienta a que, en caso de que el proceso continúe una vez que concluya la audiencia de imputación este lunes 12, la exfuncionaria acepte la responsabilidad por no haber informado al entonces mandatario del desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos y 25 centavos, o bien, a que aun habiéndole informado, ninguno de los dos hubiera tomado medidas para evitar que siguiera ocurriendo.
En cualquiera de las dos opciones, el cauce del proceso llevaría a la posible imputación de otros delitos por acción u omisión, al principio por no sancionar las irregularidades, e inclusive a que se acredite que Robles o Peña Nieto las ordenaron.
La implicación de Peña Nieto no fue mencionada durante la primera parte de la audiencia de imputación, realizada el jueves 8, pero un día después Juan Manuel Portal, extitular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en cuyo periodo se documentó la primera parte del caso, afirmó que el exmandatario estuvo enterado del desfalco.
El paso siguiente de la FGR sería necesariamente llamar a Peña Nieto, ya sea por el caso Robles o por una eventual implicación directa.
Pormenores jurídicos
La estrategia jurídica de la FGR y de la instancia denunciante, la ASF —órgano que acreditó el desfalco denominado como la Estafa Maestra en el portal Animal Político donde se dio cuenta del caso—, implicó un reordenamiento de la investigación que, según fuentes de la fiscalía, debió empezar de cero.
A finales de enero pasado, luego de que Alejandro Gertz Manero fuera confirmado como fiscal general, un equipo de trabajo integrado en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia solicitó a la ASF que, en su calidad de denunciante, remitiera de nueva cuenta la información relacionada con el caso, pues durante 2018 éste se mantuvo congelado, con expedientes desorganizados y sin avance.
El monto calculado por la FGR resulta de la suma de recursos malversados mediante un complejo esquema de simulación de servicios y aplicación de sociales, el cual se puso en práctica durante el periodo en el que Robles fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015, así como de la Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano (Sedatu), entre el 27 de agosto de 2015 y el 30 de noviembre de 2018.
Según la carpeta de investigación, a la cual tuvo acceso este semanario, en junio de 2014, a un año y medio de que el entonces auditor Portal iniciara en el cargo, informó a Robles sobre el esquema que se había empleado para el desfalco, durante un encuentro en las oficinas de la ASF.
Lo anterior fue corroborado por Portal en la entrevista para Radio Fórmula, en la que aseguró que un ejemplo de los desvíos fue la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa en el que se simularon contratos con universidades y entidades públicas para usarlos como parapeto:
“Le dije claramente que estaba desviando recursos. Que no entendía, que cómo era posible que desaparecía el dinero en programas que no estaban teniendo resultados.”
A decir de la doctora Muna Dora ­Buchahin, quien hasta el 1 de julio de 2018 fue directora de Auditoría Forense en la ASF y fue la primera persona en documentar el caso, el valor total de las pérdidas asciende a más de 20 mil millones de pesos.
La ASF empezó a documentar los desvíos en la Sedesol en febrero de 2015. Desde entonces señaló que la dependencia había desviado 845 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
José Antonio Meade Kuribreña, excandidato presidencial y secretario de Hacienda en la pasada administración federal, tomó el control de la Sedesol en agosto de 2015 y durante su gestión, de poco menos de un año al frente de la dependencia, nunca se pronunció sobre el fraude.

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