FABRICA DE MENTIRAS

fusilados29

…en este mundo y en el otro, no merece aquel que sin ninguna moderación se complace en divulgar todos los caprichos, todos los gustos, todos los horrores secretos a que están sujetos los hombres en el fuego de su imaginación…

Marqués de Sade

En menos de ocho meses, Eduardo comprobó las miserias y fortalezas del sistema migratorio canadiense. Durante el trayecto a la ciudad de Leamington, al sur de Canadá, revaloró cada una de sus estadías en distintos lugares de Toronto y a las personas que había tratado.

Los inmigrantes de todo el mundo fabricaban dólares con su simple presencia. Los más audaces e inescrupulosos sacaban tajada de sus necesidades. Pocos escapaban a esa plaga bíblica.

En zonas de alta inseguridad pública, el casero hispano guardaba silencio ante sus víctimas. Los obligaba a firmar contratos de arrendamiento por un año. Nunca les advertía de los peligros existentes en caso de deambular, por calles y avenidas cercanas, después de las diez de la noche. Los asaltos y violaciones a mujeres solas eran continuos y alarmantes.

La mayoría de los abogados nunca se preocupaban por el resultado del proceso legal iniciado a favor del refugiado. En realidad les interesaba que el juez del Tribunal de Determinación de Refugiado rechazara su estadía en Canadá. De esa manera le sacaban más plata a sus clientes, a través de la apelación.

En este trámite legal obtenían entre mil 500 a tres mil dólares.

En la mayoría de los casos, los abogados estaban conscientes que los refugiados sustentaban su proceso en una falsa historia de persecución. Su único interés era embolsarse los mil quinientos dólares que les pagaba Legal AID por representar a cada uno de los refugiados.

De acuerdo al nivel de ignorancia del cliente, la tarascada era mayor.

Sin embargo, no todo era negativo: algunas aplicaciones llamaban la atención al sustentarse el miedo fundado. Los abogados invertían talento y dinero para que el solicitante de refugio convenciera al juez migratorio y lograra la residencia canadiense.

De ganar el juicio, el prestigio del abogado trascendería y significaba multiplicar su cartera de clientes.

Algunos paralegales, consejeros o interpretes, ante welfare contaban con una amplia red de parásitos: hacían negocio con las promesas de renta, servicios de mudanza, agencias de empleo, traducciones de documentos necesarios para el juicio de refugio, búsqueda de vivienda de alquiler y solicitud del permiso de trabajo, emitido por el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración. Muy común eran los robos de cheques del welfare, permisos de trabajo y tarjetas del Social Insurance Number. De ahí que varios vivales, por cien o 200 dólares al mes, alquilaban su domicilio para justificar la ayuda asistencial ante Ontario Work.

Este tipo de maniobras fraudulentas eran realizadas por las parejas que aplicaban de manera individual para obtener doble ayuda económica o welfare. Uno de los dos alquilaba una dirección ajena al lugar donde residía con su compañera o compañero sentimental y en dos o tres meses rentaban una nueva casa, basement o departamento y notificaban, ya juntos, su cambio de residencia. Sus mil 300 dólares mensuales quedaban inmovibles en caso de no tener hijos.

El sistema migratorio funcionaba de esa manera. Ninguna autoridad canadiense intentaba alterarlo. Daba sustento a su economía.

De cada diez inmigrantes refugiados, tres no trabajaban mientras duraba su proceso migratorio. Los otros siete, por el contrario, alternaban el  welfare con dinero recibido  en cash.

Sin embargo, por no hablar inglés o francés y el abuso de sus contratantes, percibían entre siete dólares cincuenta centavos a ocho dólares la hora.

De no faltarles el trabajo diario, gracias al welfare, lograban obtener hasta mil 800 dólares mensuales. Una parte de ese dinero era enviado a sus lugares de origen.

Los hacedores de las leyes migratorias compensaban un poco los abusos cometidos en contra del inmigrante. Los principales beneficiados con el welfare eran los empresarios, por no estar obligados a pagar salarios reales: quince a veinte dólares la hora. El welfare complementaba los ingresos economicos del solicitante de refugio.  Lograban colocarse sin prestación salarial, en la industria de la construcción, limpieza de casas, fábricas y empacadoras.

Eduardo fue testigo de cómo un traficante de permisos de renta —documento necesario para justificar el dinero destinado a la vivienda—, chantajeó a un matrimonio que aplicaba para el welfare. Eso sucedió en una de las oficinas de Ontario Work, en la calle Wilson. El hombre llegó hasta ahí, ya casi para vencerse el plazo de la entrevista, y obligó a los interesados a entregarle 200 dólares. Después, al llegar el cheque a esa dirección prestada, abrió el sobre y exigió que la pareja le pagara otros 200 dólares para tener derecho a ese dinero. Un paralegal tuvo que intervenir, solicitar la anulación del cheque ante la trabajadora social, y aguardar un día más para que lo restituyeran en la misma ventanilla de Ontario Work.

Algunos centros de desarrollo comunitario movilizaban a decenas de personas que realizaban su voluntariado — requerido por Ontario Work— y por ignorancia o necesidad tenían que trabajar de jardineros, empleados domésticos, mandaderos o cocineros, en las casas de los directivos, abogados, paralegales, pastores, sacerdotes y líderes espirituales. Los caseros pagaban hasta cincuenta dólares para que les allegaran clientes. Lo mismo ocurría con aquellos que canalizaban inmigrantes a los abogados: lograban obtener de cincuenta a cien dólares por persona.

En este negocio participaban empleados de albergues públicos, personas que hacían su servicio social en centros de desarrollo comunitario; familiares o conocidos de abogados o paralegales, encargados de agencias de empleo y pastores, líderes espirituales o sacerdotes de iglesias. La lista era interminable. Los permisos de trabajo podrían rentarse en cien dólares al mes y algunos paralegales los hurtaban en los departamentos o basement que subarrendaban para allegarse de más dinero, cheques y documentos oficiales.

Los mismos refugiados, ya con permiso de trabajo, abrían una pequeña empresa particular, avalada por el gobierno canadiense, y contrataban personal en cash y lo sobreexplotaban. En el Ministerio de Consumidores, Servicios y Negocios únicamente pagaban 80 dólares por el permiso oficial y ya regularizada su empresa tenían derecho a facturar y pagar los impuestos correspondientes. Era la forma como las agencias de empleo lograban operar y representar a los trabajadores sin estatus legal o aquellos que recibían welfare y laboraban en alguna fábrica, granja agrícola, construcción, limpieza de edificios departamentales o en establecimientos comerciales. Por cada empleado colocado lograban obtener hasta siete dólares por hora. En la misma agencia cobraban por el servicio de envío de dinero al extranjero y cambiaban, previa comisión, los cheques  que ellos mismos firmaban a personas inexistentes, sugeridas por los trabajadores.

Toda una fortuna, legitimada por las autoridades canadienses.

“En este país sólo hay listos y pendejos”, dijo un latino ya con residencia canadiense. “Yo quiero estar del lado de los listos y no de los pendejos. Además a mí no me gusta trabajar con los hispanos, porque son unos pinches ladinos y transas”.

Un matrimonio que había vivido en su casa, se quejaba de los abusos cometidos por este singular personaje. A pesar de tener nexos consanguíneos y una vieja amistad en su país de origen, les cobró 50 dólares por servirles de intérprete y otro tanto por transportar, en uno de sus vehículos, sus maletas y muebles a su nuevo domicilio. Jamás volvieron a cruzar palabra y en pláticas con futuros conocidos o familiares cuestionaban la supuesta ingratitud de uno o del otro.

Eduardo se preguntaba:

¿Por qué los abogados que se enriquecían con los inmigrantes, no los protegían de esos abusos? ¿Por qué no enviarlos desde el primer día que aplicaban como solicitantes de refugio a un albergue público donde tendrían más tiempo para buscar una vivienda digna, fuera del alcance de los caseros voraces? ¿Por qué no les proporcionaban gratuitamente el servicio de intérprete ante Ontario Work y creaban una red de ayuda en alimentos, ropa, calzado y dinero para el transporte público? ¿Por qué no combatir el negocio ilícito de las promesas de renta, robo de los permisos de trabajo y tarjetas del SIN? ¿Por qué no imprimir folletería en donde se le advirtiera al inmigrante sobre todas estas fallas del sistema canadiense y los abusos que se cometían por ignorancia del interesado? ¿Por qué los hispanos se habían convertido en verdugos de los propios hispanos?

Indiscutiblemente algunos inmigrantes, sin historia de persecución, estaban en Canadá para ganar dinero lícito y así ayudar a su familia. La mayoría usaba a su conveniencia a aquellos que les daban apoyo inicial e intentaban invertir lo menos posible de sus ahorros. Eso no significaba ingratitud o abuso, sino su derecho legítimo a sobrevivir en un país agreste, difícil y demandante de mano de obra mal pagada.

Un paralegal tailandés, le sugirió a Eduardo:

“Lo más recomendable para un inmigrante interesado en obtener refugio político, es conseguir el mayor número de pruebas sobre su caso de persecución y no culpar al abogado de su fracaso. Primero debe estar consciente de la falsedad de su historia y al no sustentarla es previsible que el juez del Tribunal de Determinación de Refugiado le niegue su estadía en Canadá. Sin embargo, durante un año o más contará con asistencia social, clases gratuitas de inglés o francés, un permiso de trabajo y una vida mucho más digna que en su país de procedencia.

“De perder el juicio, valorará si su trabajo en “cash” y el dinero del welfare le dan lo suficiente para pagarle mil 500 a tres mil dólares al abogado para apelar la resolución. De hacerlo, se dará un respiro durante seis meses para no ser molestado por alguna autoridad migratoria. Lo recomendable es que de serle negado ese recurso, ya no gaste dinero y opte por vivir sin estatus legal durante el tiempo que tenga planeado radicar en Canadá. En tres años o más, tiene la opción de aplicar por razones humanitarias y alargar más su estadía en este país de oportunidades”.

Don Gerardo Merk, hijo de menonitas, interrumpió los pensamientos del periodista. Notificó que ya habían entrado a la ciudad de Leamington y que los dejaría a él y los otros cinco pasajeros de su Van en la calle Talbot, frente a la tienda de productos mexicanos El Campeón.

Eduardo esa noche dormiría en casa de un matrimonio mexicano que laboraba en una empacadora de jitomate. Juan Serrano y Estela Rubio, oriundos de Toluca, Estado de México, aplicaron como refugiados y trabajaban de “cash” durante doce horas diarias.

“Bienvenido a la chinga”, le dijeron al periodista al abrirle la puerta de su casa.

Un vaho rancio, producto del desaseo y la falta de ventilación, abofeteó al recién llegado. El departamento carecía de muebles y un bote de plástico estaba repleto de basura descompuesta. Eduardo tendría que dormir en el suelo, sobre una vieja frazada, mientras conseguía una colchoneta.

“Mañana te llevo con Daniela para que te meta a trabajar a una granja de pepino”, dijo Juan Serrano, tras lanzar un ruidoso eructo y descubrir sobre su lengua amoratada una masa ensalivada de frijoles refritos que aún no alcanzaba a deglutir.

VIDEOTECA:

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