EL ARTE DE ROBAR

Por Arturo Rodríguez/Apro

corrupcionEl caso por defraudación en los programas sociales que llevó a prisión preventiva a María del Rosario Robles Berlanga y mantiene líneas de investigación abiertas a la posible responsabilidad de otros ex funcionarios, documenta que desde los primeros meses del sexenio de Enrique Peña Nieto se inició la sangría de recursos que fue denunciada entre el 16 de octubre de 2015 y el pasado 28 de junio.
A casi un mes de la comparecencia de Robles, en la que el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna decidió enviarla al penal de Santa Martha Acatitla el pasado 13 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación por la omisión en que presuntamente incurrió la ex funcionaria al no informar a Peña Nieto sobre el desfalco superior a 5 mil millones de pesos.
El caso contra Robles, quien fue titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se funda en el conocimiento previo que tuvo de 25 expedientes de auditoría, acreditados ante la FGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que muestran un cuantioso desvío de recursos, operado principalmente ­mediante universidades públicas, así como de otros organismos y entidades estatales relacionados con áreas de comunicación social.
La autoridad presume que, además de no cumplir su deber de informar sobre esos expedientes al mandatario, Robles no aplicó las medidas necesarias para darles seguimiento y evitar la repetición del desvío.
Hasta ahora la FGR no ha engrosado ante la autoridad judicial la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 y, sin embargo, el contenido de ésta incluye las 25 auditorías —a las que tuvo acceso este semanario— que en todos los casos corresponden a los periodos en los que Robles estuvo al frente de la Sedesol y la Sedatu.
Los escrutinios y los montos
Dichas auditorías arrojan indicios de un desvío por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos. Del total de auditorías, 17 corresponden al periodo de Robles en la Sedesol y las otras ocho al tiempo en que fue titular de la Sedatu. El primer grupo suma 3 mil 178 millones 606 mil 129 pesos y las más abultadas son las identificadas con los números consecutivos de 1636 a 1639, pues suman 701 millones 563 mil pesos.
Estos recursos fueron transferidos a través de convenios con las universidades Tecnológica del Sur del Estado de México, Politécnica de Texcoco y Tecnológica de Nezahualcóyotl, localizadas en territorio mexiquense y las cuales a su vez los repartieron a dos empresas que las distribuyeron entre otras más.
En las cuatro auditorías consecutivas que se mencionan, con fecha de presentación del 20 de diciembre de 2017, destaca que esas universidades transfirieron sus recursos a las firmas Integrasoft y Grupo Corporativo Integral Vazme (esta última disuelta en 2016).
Éstas depositaron la mayor parte de los recursos a las cuentas de cinco empresas: 163.6 millones a Srevint; 81 millones a Factores y Servicios Humanos; 30.5 millones a Elevait; 20.1 millones a CMA de Servicios Estratégicos, y 12.9 millones a Corporativo Kukmu. En tanto, 10 millones más se repartieron entre tres personas no identificadas.
La ASF encontró que las empresas mencionadas no debieron ser contratadas, ya que desde el convenio entre la Sedesol y las universidades se establecía que éstas tenían capacidad para realizar el objeto de los contratos y no tenían que subcontratar a nadie.
Los montos otorgados a Srevint y Factores y Servicios Humanos son los mayores y dichas empresas han sido señaladas de tener vínculos con la propia Robles (Proceso 2233).
En el trámite para la renta de su departamento en Reforma 222, en la Ciudad de México, la entonces funcionaria se identificó aportando como domicilio uno localizado en Torreón, Coahuila, propiedad de su prima política Susana Islas (accionista de una de las empresas), que a su vez es hermana de Alejandro Islas, accionista de otras dos que, en conjunto, y sólo por este caso, obtuvieron injustificadamente cerca de 245 millones de pesos.
En la educación
De las dos intermediarias entre las universidades mexiquenses y las empresas que finalmente recibieron los recursos, también sobresale Grupo Corporativo Integral Vazme, fundado por José Andrés Méndez Vázquez y Francisco Javier Damián Alvarado. En aquel tiempo éste último se desempeñaba como primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.
Desvíos de cientos de millones
En Hidalgo se ubica el segundo caso de mayor cuantía encontrado por la ASF. Se trata de los convenios entre la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo. El monto marcado como irregular en la auditoría D17002 es de 601 millones 658 mil 806 pesos.
En este procedimiento se halló que, además de las instituciones de educación superior utilizadas en el esquema fraudulento, éste se amplió a la contratación de entes estatales de comunicación social, que repetían el esquema: hacían convenios con la Sedesol y contrataban compañías que a su vez subcontrataban a otras, algunas de las cuales resultaron ser empresas fantasmas.
Radio y Televisión de Hidalgo contrató a 21 empresas para ejercer el monto convenido con la Sedesol, a fin de realizar campañas publicitarias sin sujetarse a la normatividad. El ente estatal pagó por servicios que no se comprobaron o ya se habían obtenido. Al menos cinco de las empresas favorecidas no tenían otra actividad y sus domicilios no corresponden al asentado en su trámite fiscal.
Este esquema de defraudación se reprodujo en la Sedatu. Con las ocho auditorías a partir de las cuales se abrió el expediente de la FGR suman mil 726 millones 364 mil 268 pesos defraudados en esa dependencia durante la gestión de Robles.
El caso que involucra el mayor monto de esa carpeta de investigación ­corresponde a los 450 millones que se le entregaron mediante un convenio al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
La denuncia por ese caso se fundó en la auditoría 1791-DSGF, que se destinó a proyectos de difusión y publicidad en los que, a decir de la ASF, se transfirieron recursos a las cuentas de las empresas Publicidad Natnit, Desarrollo Publicitario ADp, Agatha Líderes Especializados y Servicios NLMK, entre otras.
Las mismas compañías aparecen prácticamente en todas las auditorías a los ejercicios presupuestales en comunicación social donde se detectaron desvíos.

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