EL RASCAHUELE GRINGO DE PEMEX

Por Mathieu Tourliere/Apro

pemexEl gobierno de Estados Unidos investiga a Petróleos Mexicanos (Pemex) desde hace por lo menos un año y medio: la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de ese país sospecha que a partir de finales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y a lo largo de la administración de Enrique Peña Nieto, la petrolera mexicana falsificó su información financiera.
El 8 de mayo de 2018 la SEC constituyó un grupo de 26 especialistas en delitos financieros y le encargó una “investigación privada” sobre Pemex, de acuerdo con un oficio “no público” de la autoridad bursátil estadounidense en poder de Proceso.
La investigación incluye los casos de compraventa de las empresas Agronitrogenados y Grupo Fertinal, pero no se limita a ellos: abarca virtualmente todas las irregularidades perpetradas durante las administraciones de Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina, los sucesivos directores generales de Pemex desde 2012.
La SEC tiene información según la cual “al menos desde enero de 2012” Pemex violó dos artículos de la ley bursátil estadounidense. Los mismos artículos motivaron la indagatoria en Estados Unidos sobre los actos de corrupción que realizó la empresa brasileña Odebrecht en 12 países —México incluido—, que derivó en una sanción de 3.5 mil millones de dólares.
Alejada de oficialismo
Bajo esta premisa, la SEC lanzó la investigación privada para “determinar si personas o entidades incurrieron en algunos de los actos o prácticas reportados, o cualquier otro acto o práctica que tiene un propósito similar”, y encomendó a un equipo de alto perfil que indague a Pemex.
Entre los investigadores destacan Charles Cain, quien dirige la unidad encargada de aplicar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (ley antisoborno); Éric Bustillo, director regional de la oficina de la SEC en Miami; así como Ernesto Palacios y Thierry Olivier Desmet, los agentes que condujeron la investigación sobre Braskem, una filial de Odebrecht.
La SEC les otorgó un mandato que les confirió “el poder de llevar a cabo juramentos y declaraciones, citar testigos y obligarlos a comparecer, recopilar evidencia y requerir la producción de cualquier libro de contabilidad, documento, correspondencia, memorando u otro archivo que se considere relevante o materiales para la investigación”.
Al colocar bonos de deuda en la bolsa de Estados Unidos, Pemex responde a la ley antisoborno de ese país y a la jurisdicción de la SEC. En caso de que la investigación en curso desemboque en una sanción contra la petrolera, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá pagar por irregularidades cometidas durante los últimos dos sexenios.
Pemex es un elemento central en el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación que impulsa López Obrador: el mandatario presenta a la petrolera como palanca de desarrollo y pretende ponerla “al rescate de la soberanía” del país.
Parte de su estrategia pasa por subsanar la empresa, cuya deuda se disparó durante el gobierno de Peña Nieto: pasó de 60 mil millones de dólares en 2012 a 105.8 mil millones de dólares en 2018. Para reactivar la producción de la petrolera, el gobierno federal planea inyectarle 86 mil millones de pesos el año entrante, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
‘Irregularidades probadas’
En su investigación sobre Pemex la SEC sigue la pista de posibles actos de corrupción en el caso Fertinal, en el que estuvieron involucrados el multimillonario Ricardo Salinas Pliego y figuras de primer nivel de la administración de Peña Nieto, como Proceso ha documentado en varios reportajes publicados desde principios de año.
En este caso, la autoridad bursátil estadounidense no actúa sola: también participan funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI, reveló The Wall Street Journal el pasado miércoles 4. Ambas instancias están facultadas para investigar sobre sobornos en el extranjero.
La indagatoria sobre Fertinal nació con la denuncia reciente de un “informante”, quien afirmó en un escrito entregado a la SEC que Peña Nieto recibió un soborno de 50 millones de dólares para autorizar la adquisición de la empresa. El ex mandatario, quien reside actualmente en España, desmintió categóricamente la denuncia.
De acuerdo con el oficio de la SEC en manos de Proceso, antes de ordenar la investigación el organismo tenía “información que tiende a mostrar que, al menos desde enero de 2012 (…) Pemex o sus funcionarios, directivos, empleados, socios, subsidiarias y/o afiliadas” violaron los artículos Sección 13(b)(2)(A) y Sección 13(b)(2)(B) de la Ley de Intercambio.
De manera más precisa, la SEC cree que la petrolera y sus funcionarios infringieron el primer artículo —Sección 13(b)(2)(A)— al maquillar “libros de contabilidad, archivos y estados de cuenta”, los cuales no “reflejaron de manera justa las operaciones y activos disponibles de Pemex”.
Según la comisión, funcionarios de Pemex también pudieron “causar un fracaso en mantener (…) un sistema de rendición de cuentas interno eficiente, que garantice razonablemente que las operaciones se llevaron a cabo acorde con las autorizaciones específicas de la dirección y que fueron registradas como se requiere para la elaboración de un estado de cuentas conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y que asegure la transparencia sobre los activos”, en violación al segundo artículo —Sección 13(b)(2)(B).
En diciembre de 2016 la SEC determinó que los directivos de Braskem, filial de Odebrecht, violaron estos dos artículos al “crear registros financieros falsos para encubrir su esquema de sobornos” y que “fracasaron en tener un sistema de auditoría interna suficiente para detectar y prevenir la autorización de los pagos ilícitos”.

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