MATALOS EN CALIENTE

Por Gloria Leticia Díaz/Apro

cropw0h01.1-focus-0-0-940-615.pngCon un largo historial de hechos violentos y abusos de las Fuerzas Armadas durante más de una década de “guerra contra el narcotráfico”, Nuevo Laredo se convirtió en escenario del que podría ser el primer caso de ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La muerte de ocho personas y el montaje de un supuesto enfrentamiento entre policías y narcos a plena luz del día, el jueves 5, se atribuye a efectivos del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), el cuerpo élite de la Policía Estatal, con la participación de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los hechos ocurrieron días después de que el 27 de agosto el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca solicitara a López Obrador “una estrategia conjunta para terminar con la violencia y la inseguridad” en la entidad fronteriza.
Las muertes, que el gobierno tamaulipeco presentó como el resultado de un enfrentamiento entre policías estatales e integrantes del Cártel del Noreste (CDN), fueron denunciadas como ejecuciones extrajudiciales por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez.
El caso fue documentado a partir de relatos de testigos, sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes ahora sufren intimidaciones al igual que los integrantes del CDHNL, con rondines de militares y policías estatales en las inmediaciones de sus domicilios.
El miércoles 11 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares para al menos 30 personas, pero el temor persiste, por lo que se pidió a los medios de comunicación mantener en reserva los nombres completos de las víctimas, sus familiares y testigos.
Operativo criminal
De acuerdo con las indagatorias del CDHNL, la jornada violenta del jueves 5 empezó a las cuatro de la madrugada, cuando Luis, de 19 años, fue sacado de su domicilio en la colonia Buenavista por policías estatales. En el operativo participaron miembros del CAIET resguardados por soldados del XVI Regimiento de Caballería Motorizada.
Una hora después, el convoy de militares y policías estatales se dirigió tres kilómetros hacia el sur, hasta la calle Héroe de Nacataz, donde irrumpieron en un edificio de departamentos, del que sacaron por la fuerza a tres hombres y tres mujeres, entre ellas Jennifer, de 21 años, originaria de Cuautitlán, Estado de México, y estudiante de enfermería, quien decidió dejar su casa materna el lunes 2 para acompañar a su novio Carlos, guardia en la automotriz Ford, quien iría a buscar un mejor empleo a Nuevo Laredo.
Antes de llevárselos los maltrataron. A un joven le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y lo golpearon en el abdomen con un bate. Esto lo contaron dos mujeres que vivían en el edificio, a quienes los agentes estatales ataron con cinchos de plástico a sus camas y las amenazaron con “desaparecerlas o asesinarlas” si denunciaban lo ocurrido, según documentó el CDHNL.
Dos de los detenidos en el domicilio de Héroe de Nacataz eran originarias de Coahuila (una mujer de Frontera y un hombre de Monclova), en tanto que otro varón era de Oaxaca. La organización civil confirmó que los familiares de las víctimas no se conocían entre sí.
Las siete personas fueron subidas a vehículos oficiales y conducidas al número 902 de la Avenida 7, en la colonia Valles de Anáhuac, ocho kilómetros al poniente, donde al menos 20 elementos armados irrumpieron a las siete de la mañana, rompieron puertas y levantaron a golpes a Severiano Treviño y a su hija Kassandra, quienes descansaban en habitaciones separadas, la joven con su niña Kendra.
En entrevista con Proceso, Kassandra cuenta que su padre fue golpeado de manera salvaje por policías vestidos de negro, quienes le preguntaban por unas armas, para después obligarlo a vestir ropa con camuflaje y esposarlo.
Frente al domicilio de Severiano los vecinos vieron al menos tres vehículos blindados de la Policía Estatal, de los cuales bajaron a siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, esposados con las manos en la espalda y las cabezas cubiertas por sus propias ropas.
El CDHNL documentó los testimonios de vecinos que vieron a los siete detenidos ingresar vivos al domicilio de Severiano, además de especificar que los agentes estatales llevaban uniformes y armas en otro vehículo.
Los familiares de Kassandra y varios vecinos presenciaron, alrededor de las nueve de la mañana, cuando los vehículos militares abrieron paso a una grúa municipal que arrastraba una camioneta Tundra negro mate, que colocó frente a la fachada del domicilio. Una hora más tarde se escucharon armas de fuego.
Alrededor de las tres de la tarde el operativo terminó con el levantamiento de cuerpos por peritos de la fiscalía del estado. En los primeros peritajes se demostró que tres de las víctimas tuvieron resultados negativos en la prueba de radizonato de sodio, en tanto que cuatro armas localizadas cerca de los cuerpos no fueron disparadas.
En redes sociales circularían fotografías de las ocho personas sin vida, con uniformes de camuflaje, botas y equipo táctico, además de armas de grueso calibre junto a ellas, sin casquillos percutidos a su alrededor. Las personas eran presentadas como “sicarios” del CDN abatidos en un enfrentamiento con policías estatales.

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