CHIHUAHUA, SU ROSTRO OCULTO

hablemos cabezalEn 1985 viajé a Ojinaga, Chihuahua para cubrir, como reportero del Diario, la presencia del gobernador priista Saúl González Herrera.

Nada es fortuito.

Mi presencia en esa ciudad fronteriza, con menos de 20 mil habitantes y gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuvo un propósito político, concebido a mis espaldas por el editor y alguien del gobierno.

Eran días difíciles para el priismo y de bonanza moral para el panismo.

El 6 de julio de 1986 tendrían lugar las elecciones para designar al gobernador del estado.

Los priistas no estaban dispuestos a ceder la estafeta, a pesar de tener los panistas el apoyo mayoritario de la ciudadanía chihuahuense.

El panista y alcalde de Ciudad Juárez, Francisco Barrio Terrazas era el favorecido por las encuestas y el clero y empresariado local.

González Herrera llegó a la gubernatura sin ser electo. Simplemente sustituyó a su antecesor, Oscar Ornelas, un abogado y ex rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El presidente de la república, Miguel de la Madrid Hurtado pidió la renuncia de Ornelas por avalar, en 1983, el triunfo electoral de dos panistas en las alcaldías de Chihuahua y Ciudad Juárez: Luis H. Álvarez y Barrio Terrazas.

En Ojinaga fui abordado por un funcionario menor del ayuntamiento, afín al priismo.

—Aquí gobierna el narcotráfico y los priistas y panistas son controlados por un capo, El Pablote.

Era la primera vez que escuchaba ese nombre. En realidad, los ojinaguenses lo llamaban El Zorro de Ojinaga.

De inmediato me puse en contacto telefónico con mi jefe de información. Le comenté del hallazgo.

—Investiga —me dijo nada sorprendido— y si vale la pena lo que encuentres, se publica…

Como un moderno Virgilio, el burócrata menor me internó en los pasadizos del infierno. Indiscutiblemente, el dinero de El Pablote había logrado comprar las voluntades de las cúpulas priistas y panistas. De no aceptar los sobornos, peligraban sus vidas.

No tuve pruebas para incriminar de narco corrupto al alcalde Armando González, pero su sucesor, Armando Valenzuela Colomo, también priista, siguió por la misma senda de tolerancia y silencio el tráfico humano y de drogas.

Los panistas tampoco cambiaron el estado de cosas, a pesar de tener una gran ascendencia entre los chihuahuenses.

El Pablote fue ejecutado el 24 de abril de 1987,  nueve meses después del escandaloso fraude electoral del 6 de julio de 1986.

El director de la extinta Policía Federal Judicial, Guillermo González Calderoni, con apoyo de la DEA, fue el responsable del operativo. El capo poseía un rancho en el municipio Manuel Benavidez —El Santa Elena—, cercano al rio Bravo. En ese lugar, y desde un helicóptero, lo balearon.

En un nuevo encuentro con el funcionario menor de Ojinaga, pude enterarme que la cúpula priista estatal y nacional se sintió traicionada por el capo.

El Pablote soltó mucho dinero para que los candidatos del PRI fueran derrotados —me reveló el burócrata.

La plaza de Ojinaga le fue conferida a Amado Carrillo Fuentes, sobrino del capo Ernesto Fonseca Carrillo.

El trasiego de drogas continuó sin cambios. Lo mismo las complicidades ayuntamiento-narcos.

En 1992, después de una negociación en lo oscurito con el presidente Carlos Salinas de Gortari, el PAN gobernaría Chihuahua a través de Barrio Terrazas.

Y en Ojinaga uno de sus militantes quedó al frente de la alcaldía de Ojinaga: José Isaac Uribe Alanís.

Otro hecho que pudo influir en la derrota priista, fue la destrucción, el 6 de noviembre de 1984, de mil hectáreas sembradas de marihuana en el municipio Allende.

Ornelas sabia de la presencia del enorme sembradío que era controlado por capos de Sinaloa y Chihuahua.

Diez mil jornaleros, bajo la supervisión armada de sicarios, sembraban, cosechaban y empacaban la droga.

Litros de tinta se vertieron sobre lo ocurrido.

En algunos testimonios se dijo que fue el gobierno estadounidense quien intervino para allanarle el camino a la gubernatura  a los panistas, afines a sus futuros propósitos de privatizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Es posible.

Después del operativo de Búfalo, Chihuahua siguió en manos de los principales capos del narcotráfico y contrabando humano.

Los panistas, hasta el día de hoy, nada hacen para combatir el consumo y tráfico de enervantes.

Junto al PRI, al que le cedieron la estafeta durante dos sexenios —después de Barrio Terrazas—, convirtieron al estado en un picadero. Casi el diez por ciento de su población es adicta a las drogas.

Según información de la Secretaria de Seguridad Publica, Chihuahua está en el rango tres, de dieciséis, en indicadores de violencia. Después de Guanajuato y Estado de México.

Del 1 de enero al el 31 de julio de 2019, se registraron mil 268 ejecuciones.

Se estima que cerrará el año con tres mil homicidios dolosos.

La misma dependencia federal informó que, en Chihuahua, de enero a noviembre, la incidencia delictiva fue de 66 mil 646 casos.

Sin embargo, el problema es mayor.

Y va un dato escalofriante de lo ocurrido en 2018:

El 93.2% de los delitos cometidos no fueron denunciados, de acuerdo a datos vertidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Es el Chihuahua, en manos del prianismo, que debe moralizar la 4T.

HEMEROTECA: pro15dic09

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