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CHARROS Y GANGSTERS CONTRA MÉXICO

Por Areli Villalobos (Apro)

Gangsters_contra_charrosDe 2013 a diciembre de 2017, la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) firmaron 13 contratos mediante los cuales la dependencia se comprometió a otorgar al gremio magisterial 2 mil 610 millones de pesos, de los que hasta el mes pasado ya había recibido mil 960 millones.
Esa suma la obtuvo el SNTE durante la gestión de Aurelio Nuño Mayer —quien estuvo al frente de la SEP de agosto de 2015 a principios de diciembre pasado y firmó nueve de los mencionados contratos—, pues los documentos rubricados por su antecesor, Emilio Chuayffet, simplemente no se ejercieron.
De acuerdo con los convenios firmados —consultados en las páginas de transparencia de la SEP y del SNTE—, la única condición de la secretaría fue que los agremiados al sindicato que encabeza Juan Díaz de la Torre remitieran las facturas de sus gastos. Tal condición se cumplió y las declaraciones fiscales foliadas están disponibles en el sitio en internet del sindicato.
No obstante, la inversión de cada recurso ejercido, así como las razones de contratación de una u otra empresa, el impacto de cada peso –positivo o no–, no están disponibles en los reportes trimestrales remitidos por el sindicato a la SEP.
De 13 convenios, dos no son públicos, otros tantos los firmó Chuayffet y los otros nueve corrieron a cargo de Nuño: cinco fueron en 2016 y cuatro en 2017. Es decir, más de 80% de los acuerdos SEP-SNTE —el sindicato con la “mejor estructura electoral”, a decir del dirigente del Partido Nueva Alianza, Luis Castro Obregón— tienen la firma de Nuño.
A partir de las cifras oficiales de los 11 contratos, Proceso elaboró una base de datos en la que se agruparon los montos pactados, los recursos ejercidos y justificados mediante comprobantes fiscales, así como las fechas en que se firmaron los contratos y el puñado de empresas beneficiadas.
Los documentos se pactaron por cinco conceptos: para “Acciones de difusión sobre los beneficios y compromisos de la Reforma Educativa”, 850 millones de pesos; para “fortalecer” las prestaciones sociales del SNTE, fomentar la cultura del sindicato, capacitación y actualización de maestros, 730 millones; para el Programa Nacional de Apoyo a la Reforma Educativa —que comprende “motivar” la participación en los procesos de evaluación y capacitación—, 500 millones; para el Programa Nacional de apoyo al Modelo Educativo, 500 millones; y para la formación de una “Orquesta Filarmónica Nacional” del gremio, 30 millones.
Cabe destacar que, a pesar de que para 2013 el gremio refiere un ejercicio superior a 350 millones de pesos, es difícil corroborar ese dato, pues en esa época el sindicato magisterial aún no estaba obligado a transparentar recursos. Lo mismo ocurre con los documentos signados en 2014. El SNTE comenzó a hacer públicas sus actividades en 2015.
OTRO DATO SUSTANTIVO:
Alrededor de 80% de los recursos públicos fueron pactados y ejercidos por Nuño, entonces titular de la SEP y actual jefe de campaña de José Antonio Meade Kuribreña, el único precandidato del PRI a la Presidencia.
Más: en 2016 la mayoría de los fondos se otorgaron al SNTE justo cuando los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intensificaron sus jornadas de lucha contra la Reforma Educativa.
Ese año la SEP tuvo uno de los más severos cuestionamientos sociales, luego del enfrentamiento del 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, entre simpatizantes de la disidencia magisterial y policías federales. El saldo fue de siete muertos.
El 7 de julio siguiente se firmaron dos contratos —uno por 150 millones y otro por 140 millones— para que el SNTE “apoyara” con una campaña de difusión de los beneficios y compromisos de la Reforma Educativa, y para “apoyar” las prestaciones sociales de los maestros en materia de ahorro, fomento a la cultura, capacitación y actualización.
El año 2017, cuando la Procuraduría General de la República otorgó la prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo, fue el segundo con más acuerdos entre la secretaría y el sindicato de Díaz de la Torre.
Antes de dejar la SEP, Nuño —quien también participó en la coordinación de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en 2012— firmó otro convenio con el SNTE por más de 880 millones de pesos.
Lo pactado es similar a 20% de los recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales que se destinarán a la reconstrucción de los 16 mil planteles afectados por los sismos del pasado septiembre.
LA TELEVISORA Y EL SINDICATO
El que la SEP asigne recursos al sindicato de maestros para “apoyar” la difusión de la política educativa no es una operación nueva. Esa fórmula se aplicó en 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando Gordillo Morales aún dirigía el SNTE.
Ese año, en coproducción con Televisa, el SNTE llevó a las pantallas mexicanas el programa Todo mundo cree que sabe, presuntamente encaminado a difundir la Alianza por la Calidad de la Educación. Se transmitió hasta 2011 y fue financiado con recursos otorgados por la SEP.
En ese entonces los medios informaron que entre 2009 y 2012 se canalizaron 750 millones de pesos a ese proyecto. Sin embargo, a pesar de las solicitudes de información interpuestas, se desconoce la cantidad exacta, pues el SNTE comenzó a transparentar su información a partir de 2015.
En lo que va del sexenio de Peña Nieto, Televisa ha sido una de las principales beneficiadas con dinero del SNTE por “difundir los beneficios y los compromisos de la Reforma Educativa y de la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente”, pilar en la mencionada reforma.
Los documentos y las cifras obtenidas por Proceso revelan que de febrero de 2014 a septiembre de 2017 la televisora recibió 187 millones 152 mil 847 pesos, según la suma de 13 facturas, cuyas tres cifras más altas están fechadas en 2016: dos en febrero y una en agosto.
En los ocho informes que el SNTE remitió a la SEP para explicar el ejercicio del dinero público bajo el rubro de “difusión de los beneficios y compromisos de la reforma” y en los dos para la “implementación del Programa Nacional de Apoyo al Modelo Educativo”, se detalla que el pago a la televisora fue para “servicios de producción y posproducción de spot de TV en formato de cine”; para que “el presidente del SNTE diera a conocer los alcances y beneficios de la Ley General del Servicio Profesional Docente” —según se lee en el informe correspondiente al periodo del 30 de abril al 29 de julio de 2016—; para “que se publiquen en la plataforma de internet del SNTE los beneficios de la Reforma Educativa” —informe del 1 de agosto al 1 de noviembre de 2016– y para “difundir en los canales de televisión abierta cápsulas informativas sobre el Nuevo Modelo Educativo, las que fueron diseñadas por el SNTE, teniendo como base los documentos elaborados por la SEP”, según revela el informe del 27 de abril al 27 de julio de 2017.
Televisa es la empresa a la que el SNTE le dio la mayor cantidad de los recursos públicos, como se acredita con los comprobantes fiscales que el sindicato hace públicos para transparentar los recursos otorgados por la SEP.
Es decir, de los mil 774 recursos que el SNTE dice haber ejercido desde 2013, 10% fue a parar a manos de Televisa; de los 3 mil 574 comprobantes fiscales que da a conocer el gremio, 13 fueron para la televisora.
Sin embargo, Televisa no fue el único medio al que se le dio dinero para cubrir los cinco rubros pactados con la SEP. También se destacan las cifras pagadas a periódicos y empresas publicitarias para el manejo de imagen; de autotransportes, paquetes de comida y hasta compras en papelerías, supermercados y restaurantes, aunque la mayoría de los contratos no desglosan las actividades favorecidas.
MÁS BENEFICIADOS
El dinero pactado por la SEP fue a parar al menos a 521 empresas, entre ellas: Demos, Desarrollo de Medios, que edita La Jornada, que recibió 32 millones 9 mil 824 pesos desglosados en 17 pagos; Nexos, 5 millones 817 en siete pagos; TV Azteca, uno por 5 millones 499 mil; Milenio, 33 pagos que en total suman 4 millones 432 mil; Excélsior, uno por 3 millones 480 mil; El Universal, un millón 905 mil, en 12 pagos.
A La Crónica de Hoy le dieron 144 mil 81 pesos en tres pagos; a la Compañía Periodística de El Sol de México, 30 mil 510 pesos; y a Ediciones del Norte, 315 mil 705 pesos en abril de 2017.
Estas cantidades, sumadas a los 13 pagos a Televisa, representan 13% del total de los recursos ejercidos por el SNTE sólo en medios de comunicación.
Otro de los rubros a los que el gremio destinó más recursos fue el del autotransporte. Viajes Orbit Tours México obtuvo 42 millones 220 mil pesos; de hecho, fue la compañía a la que más recursos se le dieron para esos servicios. En los documentos dados a conocer por el sindicato se asegura que los viajes y hospedaje en hoteles, como el Camino Real Monterrey, se justifican por seminarios, encuentros, talleres y mesas de trabajo organizados por distintas secciones sindicales, principalmente en el noreste, centro y sur del país.
Proceso buscó al secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre, para hablar sobre los montos erogados. Sin embargo, los encargados de su agenda dijeron que estaba de vacaciones.
En total, por cinco rubros se pactaron 2 mil 610 millones de pesos entre la SEP y el SNTE, suma de la cual sólo se ha ejercido 68%; es decir, mil 774 millones 855 mil 559 pesos.
Asimismo, falta 81% de los 500 millones que la SEP prometió el 21 de marzo de 2017 para implementar el Programa Nacional de Apoyo al Nuevo Modelo Educativo; los 30 millones acordados el 16 de octubre de 2017 para la “conformación de una Orquesta Filarmónica Nacional del SNTE”, y 96% de los 200 millones que el 20 de julio de 2017 prometió la SEP “para que el SNTE apoye con campañas de difusión”.

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El escupitajo

EL ESCUPITAJO

EL ESCUPITAJOFrío, frío, frío…

No es un estado de ánimo, sino una cuchilla sin filo que lastima la piel, la seca y descarapela. La gente da de tumbos en la nieve y la sigo visualmente desde el balcón de la sala. En el departamento la calefacción está apagada, pero la temperatura es agradable.

Luis aprovecha el calor artificial de los departamentos vecinos para ahorrarse ese gasto. También las paredes del edificio son refractarias.

Chequeé mis correos electrónicos en la computadora de Luis y leí algunos periódicos de Nayarit y el Distrito Federal. El Meridiano y Enfoque sueltan la misma basura. No cesa la violencia y corrupción.

Alma Luna despertó casi a las doce y se desplaza desnuda al saber que Luis está ausente. Mi primo Toto me informa que Teresa sigue molesta porque no le he enviado dinero. Lo de siempre.

Daniel no tiene problemas de salud y eso me tranquiliza. No le contesté al primo para no alertar a la familia. Debo hacerlo hasta tener la seguridad que contaré con el asilo político.

 Lo del Pinto es doloroso. Jamás imaginé que a través del perro incomodarían a Teresa. En Bucerías seguramente ya trascendió el asunto, por tratarse de una comunidad pequeña.

Toto y mi tía Elvira trabajan en un hotel de la Costa Flamingos y también han sido amenazados. Sin embargo, en estos instantes, es imposible ayudarlos. Estamos en las mismas.

Alma Luna preparó una torta de huevo con queso y salsa verde, de lata.

Tuve que abrir la puerta del baño y encender el extractor de aire. Por cierto, desperté con un molesto tic en el ojo izquierdo y espero no tenga consecuencias.

Tanto he cambiado físicamente.

La barba ya grisea y el cabello empieza a escasear. En las sienes tengo las marcas del uso desmedido de lentes. Desde los tiempos de preparatoriano estoy atado a ese par de cristales bifocales por mi miopía heredada.

Los cuarenta y dos años corroen los ánimos y siembran detalles de vida que antes parecían no interesar.

Ahora es distinto.

Cuando reviso los dos dibujos que hice anoche de Alma Luna mientras dormía, no alcanzo a comprender por qué sigue a mi lado.

Es demasiado hermosa, sensual y libre. Jamás se preocupa de sus dos hijos adolescentes y ello a sus padres tampoco les molesta. Es como si hubiesen alquilado su vientre porque los muchachos nacieron y crecieron bajo su amparo y son felices.

Les dicen “Mamá Lena” y “Papá Rudy”.

De Alma Luna solo tienen referencia cuando les envía dinero o habla por teléfono una o dos veces al mes. Ella nunca ha querido revelarme quién es el padre de Raúl y Celia. Tampoco me interesa.

Teresa y Daniel son mi prioridad y Alma Luna lo desconoce.

 Cuando Luis arriba al departamento, después del ajetreo obligado, le dice a Alma Luna que mañana nos acompañará a nuestra entrevista en Ontario Work porque Carlos no podría hacerlo. También dice que Jaime está interesado en darle empleo los fines de semana. De mí no hace alguna alusión o cuestionamiento. Soy inexistente y prefiero continuar así, encerrado en la habitación. Dibujo y le una novela biográfica de Irving Stone. Involuntariamente evoco un cuadro de Van Gogh, el de su cuarto que pintó durante su estancia en Arlés y detengo la lectura. De inmediato busco una de mis libretas de apuntes y quedo sorprendido, porque tres meses atrás, aún en Chihuahua, rescaté un fragmento de una de las cartas que el holandés le envió a su hermano Theo:

“Esta vez se trata únicamente de mi habitación; sólo que aquí el color ha de serlo todo, y su simplificación, que da una mayor grandiosidad a las cosas, pretende evocar el descanso o el sueño en general. En una palabra, al mirar e cuadro debería reposar la mente, o más bien la imaginación”.

Escribí al respecto en mi bitácora de viaje:

“Van Gogh de buen estado emocional, tal vez por el pronto arribo de Paul Gauguin. Perspectivas pronunciadas, cero sombras y un buen dominio de las pinceladas con capas espesas y los negros que marcan fuertemente cada objeto y separan los espacios. El color nos envuelve, principalmente el amarillo solar. Van Gogh inmerso en un halo de esperanza, de felicidad sin contención”.

Estoy por terminar de leer la biografía del pintor atormentado.

Leo la descripción del diálogo final entre los hermanos. Van Gogh en el lecho del café Ravoux, en Auvers, y su hermano al lado, tomándole las manos. “Mi obra…, arriesgué mi vida por ella…, y mi razón casi no resistió…”

La expresión, reconstruida por el escritor estadounidense, simplemente sintetiza lo que ya sabíamos los fieles seguidores del artista. Desconozco si Theo comentó o escribió lo ocurrido en esa habitación mortuoria.

Alma Luna se hace presente y me entrega una taza de café.

 “¿Quieres salir?”, pregunta.

“Prefiero leer y dibujar un poco”, respondo.

“Entonces voy a acompañar a Luis, quiere invitarme a cenar y hablarme sobre un trabajo que me ofrece uno de sus amigos. ¿Te acuerdas de Jaime, el contador?”. Sin duda lo recordaba, pero no quise ahondar sobre algunos detalles. El tipo cincuentón y de pelo lacio, descuidado, jamás disimuló su interés sexual por ella. “Trataré de conseguirte chamba a ti, ¿quieres?”.

Esbocé una sonrisa y la atraje hacia mí. Nos besamos.

“Tú eres mi representante a partir de hoy y estoy a tu servicio”.

Alma Luna me abrazó con mayor fuerza y susurró: “Tenme confianza. Los dos estamos en esta aventura y si necesito enseñar las tetas para que estos pendejos nos ayuden, lo haré… Pero hasta ahí. ¿Lo comprendes?”.

Sin palabras… únicamente la tumbé en la cama, tomé sus pechos en mis manos y los besé repetidamente.

“Te bañas Papito, te quiero besar completito y que hagas lo mismo conmigo”.

No podía apartarme de Teresa. Estaba presente en esos momentos, porque Toto había aludido el asunto del Pinto. Mi madre seguramente la cuidaría con el niño, pero necesitaban dinero.

Un diciembre frío, frío, frío… y yo en un lecho caliente, de moribundo…

 

LEA: Llamando a las puertas de la re – Karl Marx

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Polvos ajenos

EL CHAMAN DE UCRANIA

Por Everardo Monroy Caracas

Z – Vassilis Vassilikos

polvos ajenosNo lo conoces, pero se apellida Zuckerberg y ama a Estados Unidos, porque es el país moral que le permite tener sexo con una mujer ajena a su origen.  La obtuvo por la universalidad de su cultura, cebada con dólares, y la grandeza de su invento: Faceboock.

Pero acabemos.

Cada vez que camines en carbones encendidos tienes una historia de origen.

Hoy tienes que fabricar monologos y caminar de cantina en cantina.  Nada eres. Solo un cliente de barra o un obrero responsable.

El Manifiesto del Partido Comunista, el de 1848, alimenta inteligencia y cinismo. Nadie, en su juicio normal, va a cambiar el rumbo de un país con locos uniformados que odian a los negros.

Así funciona el mundo.

Lo cierto es que el alemán y el inglés jamás se equivocaron. La gente terminará en unidad, como en Venezuela o Cuba: defendiendo su derecho a sobrevivir y soñar en el Paraíso de mujeres y hombres felices.

Los gringos de ahora, como Mad Max, tendrán que beber orines después de destazar a su madre e hijos y verse en televisión.

Eso me dijo Taras, un chamán de Ucrania…

LEA: Llamando a las puertas de la re – Karl Marx

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ALAS DE PAPEL

Por Everardo Monroy Caracas

imageNi superhéroe o semidiós de la mitología escandinava o griega. Únicamente un mortal, de origen cubano, que logró levitar tras pasar largas temporadas alejado de los amigos y amores carnales. Las enseñanzas de Siddhartha Gautama te arrastraron a la santidad. Tampoco Federico Nietzsche aportó algo rescatable en tu formación cognoscitiva.

Así, de repente, cerraste los ojos y dejaste que tu cuerpo, ya ajado por la edad y el ayuno, empezara a alejarse del piso de madera. No tuviste necesidad de forzar la puerta, porque Lisandra la dejó abierta después de abandonar la recámara. Ella solo te visitaba dos veces al mes por recomendación de tu hijo Policarpo.

Tu primer descenso ocurrió en Pyongyang, en la Plaza del Gran Mariscal, y ante el grupo de mexicanos antifascistas que ensayaban una obra de teatro sobre la vida de Benito Juárez y su encuentro con sus ministros liberales, todos de levita negra y corbatín del mismo color. Te  acercaste al Benemérito de las Américas, que en realidad era un descendiente del actor Ignacio López Tarso, y te preguntó que si en realidad habías logrado trasponer la frontera de las dos Coreas sin sufrir metralla o persecución aérea.

—Para nada –respondiste y volviste a elevarte.

Lo que realmente puso en peligro tu seguridad fue al incursionar en territorio afgano, exactamente en Kabul, y meterte a un edificio semiderruido por los obuses de los musulmanes radicales, de formación sunita. Quisiste descansar un par de horas y te colaste por un pequeño hueco de uno de los muros del octavo piso. Te sorprendió descubrir a personas hacinadas, semidesnudas, sucias y vendadas del abdomen. La mayoría sostenía frascos de suero conectados por delgadas sondas plásticas en sus antebrazos.

—Somos prisioneros de guerra y donadores de sangre y órganos –te reveló un adolescente, pelado a rape y casi en huesos.

Optaste por despertar antes de ser capturado por los tres hombres de larga barba, kafiyyeh, blusón con chaleco bordado y pantalones bombachos que corrieron hacia ti, metralleta en mano, al descubrirte a la mitad de las escaleras sin barandal del quinto piso.

LEA: Z – Vassilis Vassilikos

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Polvos ajenos

EL BUZÓN DE LAUREANO

Por Everardo Monroy Caracas

polvos ajenosTe sustraes a la misión que deberás enfrentar durante un día tiritante. Es martes y cada edificio arroja un vaho blancuzco y lagrimean sus ventanales. Uno a uno, levantados por una misma cabeza, intenta darle confianza a sus moradores. Las heladas tundras quedaron atrás y hasta el rio San Lorenzo ha logrado enfrentar el pasado trágico de los antiguos conquistadores.

El miércoles 17 será tu cita en la vetusta construcción de Saint Jacques y seguramente cruzaras los veintiséis cubículos con cristales antibalas antes de ser interrogado. Las mismas respuestas escucharan de tu boca.

Algo te inquieta y dejas de escribir.

Lo escuchas descender las escalinatas y despojarse de sus zapatones contra la nieve.

En esta ocasión te equivocaste de persona. No es el cartero tímido que prefiere ingresar al edificio en calcetines ante las constantes quejas del sucio conserje ruso.

Es Laureano, el mexicano sexagenario que regresa de la fábrica de ropa y busca su correspondencia en uno de los contenedores adheridos al muro de entrada. Lo identificas por su carraspeo y los constantes salivazos que lanza.

Y maldice porque el cartero le metió en el buzón propaganda impresa de comida rápida.

Nadie se salva de ese desliz pro consumista…

LEA PROCESO: prpce2149

 

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FORTUNAS DE SANGRE

Por Mathieu Tourliere (Apro)
Aunque México ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero desde el año 2000, no ha hecho avances significativos. Y aunque la ola de violencia derivada de las actividades del crimen organizado ha provocado pérdidas incalculables, las acciones del gobierno federal al respecto son irrisorias e ineficaces, como demuestran las cifras contenidas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI, que se dio a conocer el miércoles 3.
Conoce-el-origen-de-la-fortuna-de-las-personas-mas-ricas-del-mundo-tecnologicoEl sistema de combate al lavado de dinero en México tiene huecos tan profundos, que en 2016 las autoridades se incautaron apenas de 0.1% de los más de 56.5 mil millones de dólares de dinero sucio que generaron el narcotráfico, el fraude fiscal y otros delitos financieros.
Tras 11 años de “guerra contra el narcotráfico” –en la que han sido asesinadas más de 200 mil personas–, el gobierno aún no golpea los bolsillos de los grupos criminales. De hecho, 98% de los delitos vinculados con lavado de dinero, que la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a investigar en 2016, quedaron impunes.
Los narcotraficantes no son los únicos que aprovechan las deficiencias del sistema: políticos corruptos, criminales de cuello blanco y evasores fiscales recurren a los mismos métodos para insertar su dinero ilícito al circuito financiero legal, según informes recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el gobierno federal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –que este sexenio fue dirigida por Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade Kuribreña– y la PGR son las principales responsables del fracaso. La primera no vigila adecuadamente a los operadores del lavado de dinero y la segunda no investiga, y menos castiga, a los criminales.
Un ejemplo: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la SHCP, cuenta con un equipo de apenas 16 personas para auditar a las más de 66 mil empresas y profesionistas cuyas actividades presentan un riesgo de blanqueo de capitales, como casinos, agencias automotrices, empresas inmobiliarias, joyerías y servicios de transporte. En los últimos tres años la institución inspeccionó a 118 de esos establecimientos, apenas 0.2%.
Entre los profesionistas que escapan en gran medida a la supervisión del SAT se encuentran los más de 4 mil notarios públicos, los cerca de 450 mil abogados y 600 mil contadores que trabajan en el país, mismos que, según un oficio que el propio gobierno federal entregó a la oficina para América Latina del GAFI, cumplen una función “fundamental” en el lavado de dinero.
“A veces el notario puede estar coludido con el prestanombres (por ejemplo cuando el notario registra decenas de empresas a nombre de la misma persona sin reportarlo)”, señala el GAFI, el cual recordó que el SAT nunca ha revocado el permiso a un notario, aunque en 2016 detectó que 10 de ellos habían cometido más de 150 infracciones.
Según el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, publicado por el organismo internacional el pasado miércoles 3, existen “serias deficiencias” en la identificación de los llamados “beneficiarios finales”, es decir, los verdaderos dueños de las empresas y cuentas bancarias. Aprovechando estas fallas, los delincuentes utilizan intermediarios y prestanombres para crear sociedades de papel y abrir cuentas que les permiten lavar dinero anónimamente.
Particularmente expuestas a ser utilizadas para lavar dinero, las sociedades de banca múltiple –que gestionan actualmente 8 billones 858 mil millones de pesos en activos– tienen controles laxos para indagar a los beneficiarios finales e identificar a sus clientes de riesgo, entre ellos los políticos y otros “personajes políticamente expuestos” (PPE).
Según el GAFI, los bancos identifican a los beneficiarios finales “sólo en circunstancias limitadas” –muchas veces confían en las propias declaraciones de sus clientes– y en 99% de los casos clasifican a sus clientes PPE como de riesgo “mediano” o “bajo”.
El gobierno de Enrique Peña Nieto informó al GAFI que apenas está elaborando una estrategia nacional para combatir el lavado de dinero, la cual “establecerá prioridades más claras” y “está por finalizarse”.
Migajas del PIB
El gobierno federal estima que cada año los ingresos del tráfico de mariguana y cocaína, del fraude fiscal y de “otros delitos” suman por lo menos 56.5 mil millones de dólares (equivalentes a 6.6% del PIB nacional de 2014), los cuales requieren del lavado para ingresar en la economía formal, de acuerdo con un informe confidencial que la administración entregó al GAFI y que consultó la agencia Reuters.
En un reportaje publicado en noviembre pasado, la agencia señaló que esta suma no incluye “los ingresos del tráfico de heroína y metanfetamina” ni el dinero generado por “los crímenes de cuello blanco como el desvío de dinero público y el uso de información privilegiada, el tráfico de personas y de armas, el robo de hidrocarburos y la explotación sexual”.
Tras analizar el informe confidencial del gobierno –que sirvió de base para su propio estudio sobre México–, el GAFI consideró que algunas de sus conclusiones “no aparecen razonables o completas en algunos aspectos”. Lamentó, por ejemplo, que el gobierno no identifique la corrupción como una “amenaza principal” en materia de lavado de dinero.
Sin embargo, al igual que las estructuras de blanqueo de capitales utilizadas por el narcotráfico, los esquemas de desvío de dinero público más sonados de los últimos años involucraron redes de empresas fantasma y prestanombres.
Fue el caso en las administraciones de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y de Roberto Borge Angulo en Quintana Roo, pero también en el presunto desvío de cientos de millones de pesos de la SHCP –entonces dirigida por Videgaray– operado a través del gobierno chihuahuense de César Duarte Jáquez para financiar las campañas del PRI en las elecciones de 2016.
El GAFI se alarmó de que, en materia de corrupción, la PGR es todavía más estéril que con el lavado de dinero: de las 13 mil averiguaciones previas que inició entre 2013 y 2016, la dependencia consiguió apenas 51 condenas, equivalentes a una eficiencia de 0.4% o, dicho de otro modo, de una tasa de impunidad de 99.6%.
Por si fuera poco, la ley no incluye como PPE a los militares retirados, algunos de los executivos de las empresas paraestatales o funcionarios municipales, y tampoco obliga los bancos a determinar si los beneficiarios finales de las cuentas de sus clientes pertenecen a esta categoría.
Según los expertos del GAFI, la evasión de impuestos es una práctica “generalizada” en el país, que representó una pérdida de 484 mil millones de pesos para el Estado en 2012. Peor aún: año tras año, desde 2013, se redujo el número de investigaciones que la PGR inició por el delito de evasión fiscal: de 2 mil 418 en 2013, a sólo 455 en 2016.
Eficiente en el papel
El Estado mexicano reconoció en 2000 la “vulnerabilidad” de su economía frente al lavado de dinero y se adhirió al GAFI, creado 11 años antes. En los últimos 17 años, los sucesivos gobiernos pasaron leyes y diseñaron mecanismos institucionales para combatir el delito acorde a las reglas del organismo.
El esquema actual recae en gran parte en la colaboración de los bancos y las empresas con actividades susceptibles de lavar dinero con las autoridades. Son los responsables de detectar las “operaciones de riesgo”, de identificar a sus clientes y de enviar reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP cuando lo estimen necesario.
La UIF centraliza y analiza los informes y, de confirmar las sospechas, pasa los casos a la PGR. A su vez, ésta investiga, integra el expediente y lo presenta ante un juez.
Las comisiones nacionales Bancaria y de Valores (CNBV), de Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro, junto con el SAT y el Banco de México, verifican que los bancos y empresas realicen las acciones de vigilancia e inspección, y castigan a las infractoras.
Tal es el marco normativo del combate al lavado de dinero que, según el GAFI, “mejoró significativamente” en México desde 2008.
Sin embargo, este año la ASF evaluó la eficiencia de la Procuraduría y de Hacienda en la detección y persecución de los delitos financieros. Su diagnóstico, junto con el informe del GAFI, exhibe el abismo que separa las leyes de la realidad.
Desastre en la práctica
La PGR tiene un alto grado de ineficiencia en la investigación y la persecución del lavado: en 2016, según la ASF, solo 39 de las 2 mil 26 averiguaciones previas abiertas acabaron ante la justicia, y sólo tres generaron sentencias condenatorias, lo que representa un nivel de ineficiencia de 98%.
La calidad de las investigaciones se deterioró en los últimos años: en 2013 se dictaron sentencias en 22% de las averiguaciones, contra 3% en 2016. “De mantenerse este comportamiento no se estaría en posibilidades de que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación contribuya en reducir la impunidad de los delitos financieros”, advirtió el órgano fiscalizador.
Para explicar estos hallazgos, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros se escudó detrás de la falta de personal para “atender la operación” del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, según la ASF.
La auditoría plantea que la PGR contaba en 2016 con 118 agentes adscritos a las unidades de combate a los delitos financieros. Hasta hace poco tiempo la dependencia no tenía el lavado de dinero entre sus prioridades, por lo que estas unidades todavía no tienen protocolos que les indiquen cuándo abrir una investigación, observó el GAFI.
Si bien la PGR tiene acceso a la enorme cantidad de información financiera, fiscal, bancaria y corporativa generada por la UIF –su base de datos tiene alrededor de 650 millones de registros–, entre 2013 y 2016 la consultó solamente mil 439 veces.
Además, la PGR realizó confiscaciones de bienes y de efectivo en apenas tres de los 35 casos “exitosos” de lavado de dinero que siguió desde 2013. Según el GAFI, la Procuraduría se incautó de 50 millones de dólares derivados del lavado de dinero en 2016, apenas 0.1% del monto que resulta de las operaciones ilícitas anuales.
El organismo internacional también notó que la PGR concentra sus esfuerzos en las operaciones de lavado de dinero en México, y a menudo se ocupa de los esquemas trasnacionales. Así, se tarda entre cinco meses y un año en atender las solicitudes de cooperación de otros países en materia de lavado de dinero.
Entre 2010 y 2016 la dependencia sólo presentó 210 solicitudes de asistencia de otros países en materia de lavado de dinero. Dirigió la mayoría a Estados Unidos (92) y en menor medida a Colombia (33), España, Guatemala y Panamá, y en estos siete años envió una sola solicitud a los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes, las Islas Caimán y Singapur.
Según el GAFI, en este lapso la PGR no extendió ninguna petición a otros paraísos fiscales como Bermudas y las Bahamas, pese a las evidencias de que ricos mexicanos incorporaron estructuras offshore en estas jurisdicciones, como lo exhibieron las investigaciones periodísticas globales Panama Papers, BahamasLeaks y Paradise Papers, en las que participó Proceso y que detonaron investigaciones en la UIF.
Pese a los millones de reportes que las instituciones financieras envían cada año a la UIF, ésta interpuso solamente 317 denuncias por presuntos hechos de lavado de dinero entre 2013 y 2016, que el GAFI considera un número “insuficiente”.
El gobierno mexicano reconoce que, a excepción de los bancos, una fracción ínfima de las empresas y de los profesionistas susceptibles de lavar dinero envía sus reportes a la UIF: según los datos oficiales, entre 2014 y 2016 la unidad recibió 477 alertas del sector inmobiliario, tres de casinos y 89 de notarios, pero ninguna de joyerías ni de abogados y contadores.
El GAFI notó que los casinos, donde circulan importantes flujos de dinero en efectivo, siguen operando en México bajo una ley “obsoleta” que data de 1947: la Secretaría de Gobernación les otorga una licencia, pero puede investigar los historiales de los accionistas y directores. Es más: la ley de 1947 ni siquiera se aplica a los casinos que operan en los cruceros.
Multas irrisorias
La CNBV cuenta con un equipo de 99 personas de tiempo completo para inspeccionar y vigilar las conductas de alrededor de 3 mil 300 instituciones financieras, una cifra que el GAFI califica de “baja”.
El organismo estima que, pese al monitoreo de la CNBV, las instituciones financieras “no demuestran una atención suficiente ante los riesgos asociados con la malversación de empresas”, y subraya que las sanciones aplicadas contra ellas resultan “extremadamente bajas”: menos de 9 mil dólares en promedio.
Desde 2014, de las 12 mil 200 sanciones que impuso la CNBV a empresas del sistema financiero, sólo 31 estuvieron relacionadas con el lavado de dinero, según una revisión de la base de datos oficial efectuada por Proceso.
En estos cuatro años, Intercam Casa de Bolsa resultó la empresa más castigada por la CNBV, que detectó varias deficiencias y omisiones en sus acciones de prevención del lavado de dinero: recibió seis multas por un total de 41 millones 680 mil pesos. El banco se amparó y hasta la fecha no ha pagado ni un peso.
Aunque se aplicaran, estas sanciones no representarían una gran pérdida para Intercam, que en noviembre pasado manejaba 24 mil 593 millones de pesos de activos totales, 60% más que en el mismo mes de 2016, según las estadísticas de la CNBV.
Ese grupo financiero fue fundado en enero de 1996 por Luis Esteve de Murga –cuñado del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont– y Mario Eduardo García Lecuona Mayeur, un exbanquero de Citibank; ambos siguen en su consejo de administración.
En abril de 2008, la embajada de Estados Unidos en México publicó el testimonio del narcotraficante colombiano Mauricio Bernal Palacios, quien señaló que durante 2004 los grupos criminales lavaron cerca de 100 millones de dólares a través de cuentas bancarias en Intercam y en Monex, uno de los bancos involucrados en el escándalo de las tarjetas de prepago utilizadas por el PRI durante la campaña electoral de 2012.
En términos de sanciones, México queda muy por debajo de Estados Unidos. En julio de 2012, por ejemplo, la CNBV presumió la “mayor sanción” de su historia, que impuso al grupo financiero HSBC por 369 millones de pesos (equivalentes a 31 millones de dólares al cambio de ese mes) por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
Cinco meses después, la SEC, el equivalente estadunidense de la CNBV, impuso una multa cercana a 2 mil millones de dólares al mismo banco –64 veces superior a la sanción mexicana–, tras determinar que los cárteles de Sinaloa y el del Norte del Valle lavaron por los menos 881 millones de dólares a través de HSBC.
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La Unidad de Inteligencia Financiera, campeona del maquillaje/VERÓNICA ESPINOSA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
IRAPUATO, GTO.- Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que éste “suavizara” el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, que recientemente dio a conocer ese organismo internacional.
El informe evidencia la mala actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto en ese rubro, lo mismo que las administraciones estatales, de las cuales ni la tercera parte cuenta con unidades de inteligencia patrimonial y no destinan presupuesto a ese tema, pese a que está definido como prioritario en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Juan Miguel Alcántara Soria, quien fuera subprocurador de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), revela a Proceso que con ese cabildeo la SHCP pretendía que no se le exhibiera, independientemente de las omisiones y señalamientos que el informe contiene sobre el desempeño de la Procuraduría y los gobiernos estatales.
Alcántara, entrevistado el jueves 4, al día siguiente de que el GAFI publicara su Informe 2018, dice:
“Mi percepción es que esto se hizo para cuidar a los secretarios, a Luis Videgaray y a José Antonio Meade, porque la versión original (del informe) era mucho más radical en su señalamiento de deficiencias y omisiones, particularmente de la UIF adscrita a la oficina del secretario de Hacienda. Todo lo que se señala sobre esto tiene destinatario: nombres y apellidos que son los dos secretarios de Hacienda del gobierno de Peña Nieto”, además del propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz Sacal.
El actual consultor en prevención y combate al lavado de dinero comenta que funcionarios del GAFI aseguraron que la versión inicial del documento “apuntaba con mayor dureza a la responsabilidad de Hacienda”.
“Estamos enterados de esa versión porque, como consultores desde 2014 en temas de combate al lavado de dinero, socios y exsocios de la firma tenemos los contactos con funcionarios del GAFI. Es una relación visible, constante y comprobable; por eso conocimos esta primera versión que se puso a consideración del gobierno mexicano y también del cabildeo fortísimo de la UIF de la SHCP para suavizar los términos.”
Con ello se logró “de alguna manera exculpar a la SHCP para culpar a la PGR y a los estados y municipios por las omisiones y deficiencias”, sostiene Alcántara, quien también fue procurador de justicia de Guanajuato.
Recuerda que, en noviembre pasado, al término de la reunión del GAFI en Argentina, Hacienda difundió un boletín en el que supuestamente el organismo validaba los esfuerzos del gobierno mexicano en el combate al lavado de dinero, “cuando no se había aprobado la versión final del informe”.
En efecto, la SHCP y la PGR emitieron dicho boletín el 2 de noviembre, cuando José Antonio Meade aún no dejaba la primera para convertirse en precandidato del PRI a la Presidencia.
“El reporte indica que México cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008”, dice el comunicado publicado en el portal de Hacienda, y menciona que el informe se haría público “una vez que concluya su edición final”.
Como funcionario de la PGR y del SNSP en el sexenio de Felipe Calderón, Alcántara Soria intervino en la elaboración del segundo de los tres informes que el GAFI ha recopilado sobre la actuación del gobierno mexicano en estos rubros, en 2008:
“Me tocó primero participar en la parte de legislación, con el artículo 400 bis del Código Penal (que tipifica las operaciones con recursos de procedencia ilícita), cuando fui subprocurador, y luego impulsar la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el último avance legislativo que se hizo al final del sexenio de Calderón.”
Ambos avances fueron incluidos en el “Segundo Informe de Evaluación Mutua”, del GAFI.
Posteriormente comenzó en el CNSP la aplicación de las estrategias acordadas con el organismo internacional, como la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, que firmaron 32 entidades en noviembre de 2010.
“No se les llamó unidades de inteligencia financiera porque el tema financiero es competencia federal, no de los estados; a éstos les competen los asuntos patrimoniales, como registros públicos y comercios”, aclara Alcántara.
Sin embargo, explica que el entonces procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, decidió que en la capital sí se llamaría UIF y consiguió darle autosuficiencia con varias acciones, sobre todo en las materias de importaciones, exportaciones y extinción de dominio.
Cerrazón federal
Como ya se había acreditado que México realizaba ese proceso legislativo y de construcción institucional, lo que evaluó el GAFI en 2017 fueron los avances en este entramado legal y en la estructura para combatir los delitos.
Sobre la tercera evaluación, Alcántara Soria indica: “Nos permite enfocar por un lado qué no se hizo bien y quién no lo hizo bien, pero también qué hay que hacer hacia adelante”.
Sin embargo, indica que al menos este año no se vislumbra liderazgo o capacidad del gobierno de Peña Nieto para dar algún paso en el tema, sobre todo en medio del proceso electoral, y menos aún ante la ineficiencia del titular de la UIF, Bazbaz, a quien Alcántara señala como el principal responsable de la parálisis en el área.
En 2015 integrantes de la consultoría Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, SC, de la que es socio Alcántara, se reunieron con Bazbaz en su despacho de la Ciudad de México, puesto que asesoraban a varios estados en la creación de sus unidades de inteligencia patrimonial. Ahí le expusieron al funcionario que no se estaba cumpliendo la estrategia para prevenir y combatir el lavado de dinero asumida públicamente por el Estado mexicano.
Relata el exsecretario ejecutivo del SNSP:
“Le pedíamos a Bazbaz que asumiera el liderazgo que le correspondía para incrementar las capacidades del Estado mexicano a través de los gobiernos estatales en esa estrategia, y lo que lamentable y reprobablemente nos contestó fue que él no iba a compartir ninguna información derivada de la inteligencia que se estaba generando para la UIF por todo el sistema financiero (bancos, casas de bolsa, instituciones de seguros y fianzas, etcétera) y las actividades para sujetos obligados, como vendedores de autos, joyas, contadores y notarios; que toda esa información no se la iba a poner a disposición ni de la PGR ni de la Policía Federal, porque no les tenía confianza.
“Bazbaz nos dijo: ‘Yo sólo voy a poner a disposición de terceros información o reportes cuando me lo instruya el secretario de Hacienda. Si los estados con las unidades me quieren dar información, bienvenida, pero yo no les voy a dar nada’. Le cuestioné esa actitud, porque entonces era un esfuerzo infructuoso toda la inversión, incluso de instituciones financieras privadas, del gobierno y del gobierno de Estados Unidos. Nos dijo literalmente: ‘Háganle como quieran’.”
Lo peor, dice Alcántara, es que los exsecretarios Luis Videgaray y José Antonio Meade no repararon una grave omisión: “La SHCP es la única facultada para querellarse ante la PGR ante un posible delito por lavado en el sistema financiero. Tiene ese monopolio. Y se ha abusado de esa facultad discrecional: como no hay querellas de Hacienda, pues por mucho que la PGR esté observando lavado de dinero en un banco, no puede hacer nada, porque si la secretaría no lo denuncia, la procuraduría está imposibilitada jurídicamente para proceder”.
De ahí, enfatiza, que el informe 2018 del GAFI señale un mínimo porcentaje de reporte de actividades sospechosas que la UIF denuncia a la PGR: 1% de los que recibe. “Y si la PGR persigue el 1%, dada su incapacidad, ese 1% es nada”.
Eso sí, en la reunión con los consultores Bazbaz reconoció que la UIF cuenta con tecnología de punta financiada con 100 millones de dólares por la embajada de Estados Unidos, como parte de la Iniciativa Mérida durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando el titular de la unidad era José Alberto Balbuena.
Éste fue socio de la consultoría mencionada y actualmente colabora con el empresario Ricardo Salinas Pliego en la prevención de lavado de dinero.
En tanto, la cerrazón federal tuvo consecuencias.­
Dice Alcántara Soria: “Estados Unidos tenía mucho interés en tener acceso a todos los registros públicos del país para los casos de lavado que llevan allá. Si esto se hubiera instrumentado como se planeaba, desde Estados Unidos se podría acceder a todos los registros públicos y encontrar, por ejemplo, todas las propiedades de Guzmán Loera en segundos. Pero esto se abortó con Bazbaz y ya no se logró el fruto de esa inversión que Estados Unidos esperaba recuperar con los resultados de largo aliento”.
Impotencia de la PGR
En el ámbito local, Bazbaz también le cerró la puerta a los estados que comenzaron a formar sus unidades de inteligencia patrimonial. “Esperaban conectarse al ciclo de la inteligencia para la diseminación de la información” y no pudieron hacerlo, dice Alcántara.
E indica que en 2015, como consultor, conoció una docena de proyectos para crear dichas unidades en los estados, algunos sólo en calidad de decreto gubernativo. Se avanzó en algunos, como los de Puebla, Sonora y Zacatecas, pero cuando la UIF quedó fuera de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad (según el entrevistado “ya no fueron invitados por Osorio Chong”), la embajada estadunidense se acercó para ofrecer financiamiento, sobre todo en software.
“Nos invitaron a algunas de sus sesiones con estas unidades estatales. Todos decían: vamos con Bazbaz y no nos recibe, no nos permite formalizar acuerdos de colaboración, coordinación y apoyo mutuo para elaborar y aterrizar estrategias de prevención y combate al lavado de dinero. Ahí constatamos que había estados que estaban inquietos, pero nunca encontraron la aceptación, la coordinación con la Unidad a cargo de Bazbaz. La cooperación sólo se da en casos excepcionales.”
Por ello, el exsecretario ejecutivo del SNSP no tiene reparos en señalar a Bazbaz, Videgaray y Meade como los principales responsables de las grandes deficiencias en el combate y la prevención del lavado de dinero, que contribuye al crecimiento de la violencia y de la delincuencia en el país.
Como ejemplo menciona el robo de hidrocarburos: “Tenemos corresponsables, que son Pemex y la UIF de la SHCP, que perfectamente pueden saber dónde está ese flujo de efectivo y no lo están denunciando a la tercera institución corresponsable, que es la PGR”.
Por eso recalca que la escalada de violencia que han generado las bandas de huachicoleros en varias entidades hace necesario que no se minimice el descuido con que el gobierno de Peña Nieto ha tratado el lavado de dinero.
Sobre el financiamiento al terrorismo, que se evalúa en el informe del GAFI, el entrevistado opina que parece muy lejano de México, “pero con la globalización nadie está exento”.
Y sobre la corrupción, comenta el caso de Javier Duarte en Veracruz: “La Auditoría Superior de la Federación le imputa a Duarte desvíos por más de 30 mil millones de pesos. Pero ahorita la PGR, vía judicial, le está solicitando decomisar 600 millones. Esto da dos perspectivas: por un lado, que como Duarte hay una veintena de gobernadores que desviaron cerca de 250 mil millones de pesos, evidencia del grado de corrupción de los estados, del grado de impunidad que hubo porque nadie los estaba investigando. Por otro lado, ejemplifica la deficiente actuación de la PGR”.
Esto, puntualiza, a pesar de que el actual encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías, trabajó en la UIF, donde fue el brazo derecho de Bazbaz hasta que Raúl Cervantes se lo llevó como subprocurador jurídico a la PGR (cargo que ocupó Alcántara Soria en el gobierno de Calderón).
No obstante que Elías conoce perfectamente la operación de ambas dependencias, resalta Alcántara, no se ha dotado a la PGR de la técnica ni de los recursos humanos y financieros que, según el informe del GAFI, le faltan para la persecución e investigación de delitos directamente relacionados con lavado de dinero.
Por eso, en opinión del exprocurador de Guanajuato, “Elías es otro tecnócrata como Meade o Videgaray, que no tiene el carácter o el temple para asumir decisiones que pongan en riesgo su trayectoria, decisiones críticas. Hoy Elías está en un proceso de administración de crisis. La PGR está descabezada”.
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EL MÉXICO PRECARIO

Por Carlos Acosta Cordova (Apro)
En materia de empleo, la administración de Enrique Peña Nieto se escuda en cifras que ni sus propios colaboradores avalan, como lo hizo evidente hace varios meses el titular de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. Los ripios y supuestos logros que emanan de Los Pinos simplemente no se sostienen, ni siquiera en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

548257La metralla publicitaria del gobierno ha sido incesante. En tiempos electorales, ante su impopularidad, el presidente Enrique Peña Nieto y su partido recurren al autoelogio, al panegírico de sus supuestos logros.
Radio, televisión, redes sociales y los espacios para anuncios espectaculares se ven inundados estos días por spots, videos, mensajes que dibujan a México como una gran potencia, un país de grandes ligas. Son muchas las ideas que el gobierno quiere encajar en la memoria de los mexicanos, de cara a las elecciones federales, como por ejemplo que de más de 200 países miembros del Banco Mundial, el nuestro ocupa el lugar 15 por el valor de su economía: un billón 47 mil millones de dólares en 2016. Es 17 veces menor a la de Estados Unidos, que ocupa el primer lugar. Pero eso no se dice.
O que México ya es el octavo país más visitado por turistas extranjeros; que somos el quinto productor mundial de automóviles, que el país es el exportador mundial número uno de aguacates; que, con más de 300 empresas internacionales instaladas aquí, la nación es ya la tercera proveedora de la industria aeroespacial en el mundo.
O que México es el cuarto país con mayor biodiversidad, lo que representa una oportunidad para impulsarlo como líder en biotecnología; que en cinco años se han creado más de 3 millones 460 mil empleos, cifra superior a “lo alcanzado en cualquier sexenio completo anterior”, dice con frecuencia Peña Nieto.
O que además del aguacate, México es líder en exportaciones de cerveza, tequila, limas, limones y pantallas planas.
La lista es interminable. Y nada es mentira. Acaso habría que matizar algunos datos.
El problema es que ese rostro impresionante de país moderno, de potencia exportadora que puede competir con cualquiera –y que es el que sólo admite y enfatiza el gobierno–, no corresponde con la vida cotidiana de la gran mayoría de los mexicanos, quienes viven en una desigualdad social cada vez más grave y con ingresos cada vez más precarios.
Peña Nieto ha presumido reiteradamente ser el “presidente del empleo”, pues en su administración se han creado unos 3.5 millones de trabajos formales nuevos, según él.
Pero el propio secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, en entrevista con este semanario (Proceso 2126) el pasado julio, matizó el discurso presidencial, por no decir que le enmendó la plana a su optimismo:
“¿Qué es lo que en realidad ha pasado? Que hay una migración muy importante de empleos que eran informales, hacia la formalidad. Eso ocurrió. ¿Por qué le llaman ‘nuevo empleo’? Yo no utilizo esa palabra, yo utilizo ‘altas al Seguro Social’, para que se reconozcan las dos realidades; una es nuevo empleo y otra cosa es formalización, porque además el trabajo de formalización le corresponde mucho a la Secretaría (del Trabajo). Son empleos nuevos y empleos viejos que se formalizaron. La realidad es que es una combinación”, dijo.
Lo cierto es que las cifras oficiales –las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)– dan cuenta de una realidad: los nuevos empleos son más precarios y es más la gente que recibe salarios más bajos y menos la que recibe salarios más altos.
Por ejemplo, en el último año del gobierno de Felipe Calderón fueron seis millones 790 mil personas las que, en promedio, percibían “hasta un salario mínimo”. En el caso de Peña Nieto, el promedio, hasta el tercer trimestre de 2017, fueron siete millones 455 mil personas las que tenían ese nivel de ingresos. Es decir, 665 mil más: 9.8%.
En el caso de quienes ganan “más de 1 y hasta 2 salarios mínimos”, según el Inegi, en 2012 con Calderón fueron 11 millones 404 mil, en promedio. Con Peña la cifra subió a 14 millones 21 mil 189 personas: 2.6 millones más, 23%.
Un punto de inflexión se da en el rango de “más de 2 y hasta 3 salarios mínimos”. El promedio del último año de Calderón fue de 10 millones 644 mil 88 personas con ese ingreso, contra 11 millones 80 mil 140. Una diferencia, mínima, de 4% en favor de Peña.
A partir de ahí, la cruda realidad de la concentración de los mejores ingresos en menos personas. Quienes percibieron “más de 3 y hasta 5 salarios mínimos” fueron, con Calderón en su último año, 7 millones 364 mil 557, contra 6 millones 617 mil 396 de Peña. Una diferencia de 747 mil 161 personas: 10.14%.
Finalmente, quienes tuvieron ingresos equivalentes a “más de 5 salarios mínimos”, el rango más alto que registra el Inegi, se tiene que el promedio en 2012, último año de la administración pasada, fue de 3 millones 900 mil 335 personas. Con Peña, el número cayó dramáticamente: 2 millones 734 mil 537; 1 millón 166 mil menos, equivalente a 30% abajo.
Es decir, con Peña Nieto casi 1.17 millones de trabajadores abandonaron las filas de los ingresos privilegiados.
De estadísticas y salarios
Todos esos datos se desprenden de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que trimestralmente levanta el Inegi. En resumen, puede verse que, de una Población Ocupada, hasta el tercer trimestre de 2017, de 52 millones 438 mil 646 personas 62% percibe ingresos menores a un salario mínimo y hasta tres mínimos.
Sin duda, los datos más reconocidos sobre la distribución de los ingresos y la concentración de la riqueza en el país los da el propio Inegi a través de su Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que levanta cada dos años. La más reciente, de 2016 y dada a conocer en 2017, revela la magnitud de la concentración de la riqueza en el país.
La ENIGH divide a la población en 10 deciles de hogares. Cada decil representa 10% del total de hogares del país. La encuesta de 2016 arrojó que el decil I, es decir, el 10% de los hogares con menos recursos, tuvo un “ingreso corriente promedio trimestral” de 8 mil 166 pesos, que significan 91 pesos al día (por todos los miembros del hogar) y aproximadamente 37 pesos diarios por perceptor.
En el extremo, los hogares del decil X, los de más altos recursos, tuvieron un ingreso trimestral promedio de 168 mil 855 pesos, que para el hogar en su conjunto significó mil 876 pesos por día, y 766 pesos diarios por cada miembro de la vivienda con ingresos.
En resumen: las familias del decil X tienen ingresos equivalentes a 21 veces los de los hogares del primer decil. O bien, los miembros de los del decil I perciben en promedio un ingreso diario –37 pesos– que es inferior 21 veces al ingreso de los miembros de los del decil X.
De otra forma: los hogares del decil I tienen un ingreso corriente trimestral promedio –8 mil 166 pesos– que es apenas 4.8% del ingreso trimestral –168 mil 855 pesos– de los del décimo decil.
Peor aún, la suma de los ingresos trimestrales del decil I al VII –70% de los hogares del país– es de 170 mil 926 pesos, apenas arriba de lo que perciben los hogares del décimo decil por sí solo.
En las actuales negociaciones para la “modernización” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) salió a relucir el tema de los bajos salarios en México, que Estados Unidos y Canadá cuestionan severamente, y las autoridades mexicanas defienden, pero que paradójicamente no ha llevado a una confrontación.
La razón: justamente los bajos salarios en México es lo que hace “competitiva” a la región de América del Norte frente al mundo, particularmente en el sector automotriz –no por nada prácticamente todas las marcas tienen plantas armadoras en el país–, pero en general lo es en la industria manufacturera.
Y ser más “competitivos” quiere decir que la región puede vender productos más baratos al mundo.
Un estudio de El Colegio de México reseñado recientemente en este semanario (Proceso 2130) refería: “Sin embargo, la diferencia salarial entre los países de la región del TLCAN persiste. En 2016, por cada dólar por hora que un trabajador mexicano ganó en las empresas armadoras automotrices, un estadunidense ganó 9.1 dólares y un canadiense 8.4. En la industria de partes automotrices la brecha fue mayor, de 11.8 y 12.8 dólares, respectivamente”.
También: “La brecha salarial entre los países no sólo se ha mantenido, sino que se ha incrementado. Por ejemplo, en 1994 los salarios en la industria automotriz terminal en Estados Unidos y Canadá eran 5.4 y 5.1 veces los salarios en México; en 2016, dicha razón de salarios se incrementó a 9.1 y 8.4. De igual manera, la brecha salarial se conservó en la industria de partes automotrices, donde un trabajador mexicano ganó 7.8% de lo que gana un trabajador canadiense y sólo 8.4% de uno estadunidense”.
El año violento
Información del Inegi sobre salarios en la industria manufacturera de varios países da cuenta de la dramática situación de los obreros mexicanos que mejores remuneraciones tienen. Tan sólo en enero de 2017 el salario en esa industria, en México, fue de 1.9 dólares la hora; en Chile, de 3.0 dólares y en Estados Unidos, 20.7 dólares por hora.
Para octubre de 2017 el salario en la industria manufacturera en México fue de 2.2 dólares por hora; en Chile, de 3.1, y en Estados Unidos, de 21.1.
De hecho 2017 fue un año singular y caótico. Fue, según cifras del propio gobierno federal, el más violento de la historia reciente del país: 26 mil 573 víctimas de homicidio.
También en la economía. No empezaron bien las cosas en el año y terminaron mal. La inflación se descontroló desde el principio. El fuerte incremento en los precios de las gasolinas, el 1 de enero de 2017, propició un disparo de la inflación que, incontenible, deterioró durante todo el año el valor real de los salarios.
Ya para la primera quincena de diciembre la inflación había alcanzado un nivel de 6.69%, lo que significó un retroceso de 23 años, pues esa cifra es muy similar al promedio mensual de inflación de 1994.
Desde el 1 de enero de 2017 el salario mínimo oficial era de 80.04 pesos, siete más que el vigente durante todo 2016, que fue de 73.04. Es decir, tuvo un aumento nominal de 10%. Ese incremento implicó una recuperación del salario mínimo real que, en 2016, había terminado en un promedio de 60.89 pesos (que significaba el poder de compra del salario nominal de 70.04 pesos) y en enero de 2017 había subido a 64.24 pesos (reales, con base en pesos de la segunda quincena de diciembre de 2010, como estableció el Inegi).
Sin embargo, el llamado gasolinazo del 1 de enero dio al traste con el salario real. Así, de un salario oficial de 80.04 pesos, vigente de enero a noviembre de 2017, se pasó a un salario real declinante.
En efecto, en enero fue de 64.24 pesos el salario mínimo real; en febrero, de 63.87; marzo, 63.48; abril, 63.40; mayo, 63.48; junio, 63.62; julio, 63.08; agosto, 62.77; septiembre, 62.57; octubre, 62.18 pesos, y noviembre (último dato), de 61.55 pesos.
Es decir, el salario mínimo real perdió 4.2% de enero a noviembre. Eso significó que el salario mínimo nominal de 80.04 pesos perdiera casi 18.5 pesos de poder de compra.
Ya el Banco de México dijo que será hasta 2019 cuando la inflación se acerque a su meta de 3%, más una variabilidad de más-menos un punto porcentual. Es decir, seguirán cayendo los salarios reales.
En 2018 no habrá remanentes del Banco de México tan generosos como en los dos últimos años, que le permitieron a la Secretaría de Hacienda bajar la presión de la deuda pública.
La economía sigue desacelerándose. Las negociaciones del TLCAN no pintan nada bien. El presidente Donald Trump ha vuelto a la cargada contra México: insiste en castigar a los dreamers y está decidido a construir su muro. Además de que su reforma fiscal ya tiene tronándose los dedos y sudando frío a las autoridades financieras del país.
Y por si faltara algo, la contienda electoral para definir al sucesor de Peña Nieto no augura un México en paz, tranquilo y con certidumbre. (Con información de Mathieu Tourliere y Juan Carlos Cruz.)
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Legislación laboral, punto débil de México en el TLCAN/ROSALÍA VERGARA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
Desde 1994, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hasta 2016, último año del que se registran datos completos, se han presentado 47 peticiones de revisión por violaciones a los derechos laborales de los tres estados miembros: México, Estados Unidos y Canadá.
Ocho de estos recursos se presentaron simultáneamente en dos oficinas para revisiones por separado, por lo que no se tomaron en cuenta en el documento del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado de la República, denominado “Temas laborales en la renegociación del TLCAN: Propuestas para el Acuerdo Laboral y su significado para las posiciones mexicanas”.
Los 39 casos restantes sí se revisaron y en dos de ellos está pendiente la decisión sobre llevar a cabo o no una revisión formal; otros seis casos aún tienen que pasar por todo el proceso hasta la etapa de resolución formal.
De los casos revisados, 23 impugnaron decisiones de México, 13 de Estados Unidos y tres de Canadá. Las violaciones a los derechos laborales colectivos más recurrentes son: libertad de asociación y protección al derecho a organizarse y el derecho a la negociación colectiva. Las violaciones a los derechos laborales individuales más concurrentes son a las condiciones mínimas de trabajo, a las leyes en materia de salud, seguridad y a la transparencia en el acceso a la legislación laboral.
Desigualdad salarial, un obstáculo
En la tercera ronda de reuniones de renegociación del TLCAN realizadas en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de septiembre pasados, la representación estadunidense hizo una propuesta inicial que siguió en gran parte el capítulo laboral del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). El documento, fechado el 21 de noviembre pasado, establece que el primer cambio constitucional requerido es incorporar la Cláusula Laboral en el texto general del acuerdo de cooperación.
Además, se pone especial atención a las violaciones de los derechos laborales de migrantes reportados en los casos de visas H2A/H2B presentadas contra Estados Unidos, que incluyen pagos ilegales de cuotas de contratación a los reclutadores a cambio de visas, retención de pasaportes y otros documentos por parte de los empleadores, descuentos de honorarios con el pretexto de incumplimiento de contrato en represalia por salir de los lugares de trabajo debido a las malas condiciones y poner en una lista negra a los empleados por denunciar violaciones de los términos de los contratos.
“Ampliar la aplicación de la solución de controversias para incluir todas las violaciones laborales, así como aumentar las medidas de aplicación abriendo todas las violaciones a multas y sanciones comerciales, representa un fortalecimiento importante de los mecanismos de aplicación del acuerdo laboral, pero también representa serios riesgos para México”, indica el documento.
Lo anterior, porque con este nuevo esquema las violaciones al derecho de asociación y negociación colectiva estarían abiertas a mecanismos formales de solución de controversias que al final podrían resolverse por medio de multas y sanciones comerciales.
El problema es que, en México, están cerrados todos los tipos de resolución en los casos de violaciones a los derechos colectivos de los trabajadores, exceptuando las consultas ministeriales.
“Este nuevo escenario expone a México a posibles sanciones comerciales ante la presentación de nuevos casos en su contra”, señala.
Esto significaría una gran presión para las autoridades mexicanas para que se respeten los derechos de los trabajadores, pues las violaciones representan, ahora, un conflicto potencialmente grave para las relaciones comerciales.
Otro problema para México es el alto costo que pueden tener las multas por violaciones a los derechos laborales, pues en 1994 se estableció en .007% sobre el comercio total ordenado en el TLCAN, que si bien al principio era insignificante, después de 24 años de vigencia del tratado, en 2016, representaba una sanción de 314 millones de dólares por caso, si un panel determinara que México no está aplicando sus leyes laborales.
Además, menciona que las sanciones, “al menos según lo previsto en el TPP, no están dirigidas contra las empresas o incluso los sectores de la economía donde ocurren violaciones a los derechos laborales, dado que la Cláusula Laboral se centra en las acciones gubernamentales”.
Las sanciones comerciales se aplicarían a las exportaciones totales de un país en términos de derechos compensatorios sobre una gama de productos, igual al valor de las violaciones laborales.
Adicionalmente, en el contexto de la renegociación del TLCAN, se han cuestionado los bajos salarios mínimos que atraen a empresas estadunidenses al otro lado de la frontera.
“México ha enfrentado importantes críticas por parte de sindicatos en los tres países acerca de la gran disparidad salarial que existe entre los trabajadores en Canadá y Estados Unidos, por un lado, y los mexicanos por el otro, incluso si se trata del mismo sector”, añade.
Para los sindicalistas, afirma, el conflicto principal es que el sistema de regulación laboral en México –con sus límites a la libertad de asociación y negociación colectiva– establece un impedimento considerable para la auténtica representación de los trabajadores, por medio de la cual éstos “podrían negociar con sus empleadores el establecimiento de salarios decentes e iguales a la productividad del trabajador, incluso si ésta fuera menor que la de un empleado canadiense”.
Los sindicatos, menciona el documento, no consideran vital que se homologuen los salarios, sino que México cumpla con su propia legislación laboral y termine con las prácticas restrictivas que limitan la facultad de los trabajadores para negociar incrementos salariales.
En ese sentido, la poderosa Federación Estadunidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales y el Sindicato Nacional de Trabajadores firmaron un pacto para pugnar por cambios al Capítulo Laboral del TLCAN que promuevan el cumplimiento de derechos colectivos e incluyan un salario mínimo que disminuya la brecha entre los países miembros del tratado, pues actualmente el salario mínimo de México es de 7% del estadunidense.
“Las críticas a la política de salario mínimo en México no están fuera de lugar: actualmente el salario mínimo oficial se establece por debajo del umbral nacional de pobreza y únicamente cubre 84% de los productos de la canasta básica”, añade.
Esta situación instó a la Confederación Patronal de la República Mexicana a enviar, en octubre de 2017, una notificación formal a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos solicitando un aumento de 19% al salario mínimo, a 92.54 pesos diarios; monto que cubriría todos los productos de la canasta básica, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. “Esto, sin embargo, representaría un avance mínimo para disminuir la brecha salarial entre los países miembros del TLCAN”, agrega el mencionado documento de la delegación estadunidense.
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AGUIAR TRAS PEDERASTAS DE SOTANA

Por Rodrigo Vera (Apro)
Cardinal_RetesEl cardenal Carlos Aguiar Retes prometió aplicar “tolerancia cero” a los sacerdotes de la arquidiócesis primada de México que abusen sexualmente de menores de edad: “En el asunto de la pederastia, sigo totalmente lo que ya el Papa Francisco nos ha dicho; ‘tolerancia cero’”, advirtió enfático el pasado lunes 11.
Luego indicó que el episcopado mexicano, como cada una de las diócesis del país, tienen “normas” muy estrictas para “afrontar ese mal tan grave” que tanto daña a la Iglesia.
Sin embargo, en junio de 2003, cuando era obispo de Texcoco, se descubrió que Aguiar Retes tenía como párroco al sacerdote pederasta nicaragüense Zenón Corrales Cabrera, a quien la justicia de su país estaba buscando por abusar sexualmente de varias mujeres menores de edad.

Aguiar Retes tenía trabajando al “padre Zenón” en el poblado mexiquense de Otumba, concretamente en el espléndido templo de La Purísima Concepción, con su regio convento adyacente, verdaderas joyas arquitectónicas levantadas en el siglo XVI.
Escondido de la justicia de su país, el padre Zenón oficiaba diariamente sus misas de siete de la mañana y mediodía. Y presenciaba, feliz, las tradicionales carreras de burros que han dado fama a ese poblado aledaño a las pirámides de Teotihuacán.
El padre Zenón había huido de la diócesis nicaragüense de Matagalpa, a la que pertenecía, luego de que se le fueron acumulando denuncias por sus abusos sexuales, ampliamente documentados por la prensa local, que lo consideraba “el más peligroso pederasta” de Nicaragua.
Entrevistadas en Matagalpa por este semanario, Tatiana Sequeira, integrante de la Comisión de la Mujer, y Geni Gómez, del Grupo Venancia, relataron entonces que desde los años ochenta los informes sobre violaciones a los derechos humanos ya documentaban los abusos sexuales del sacerdote (Proceso 1389).
Abusaba, por ejemplo, de adolescentes campesinas integradas al grupo religioso “Hijas de María”, a las que enseñaba a rezar y a entonar cánticos religiosos. Algunas incluso resultaron embarazadas por el sacerdote.
No fue sino hasta el 8 de diciembre de 1998 cuando se interpuso la primera denuncia por abuso sexual ante el Juzgado Segundo de Distrito del Crimen, de Matagalpa. Y fue porque el padre Zenón subió a su jeep a una adolescente de 16 años y ahí la violó. Esa denuncia no prosperó gracias a las influencias y a la investidura sacerdotal de Corrales Cabrera.
Pero en marzo de 1999 el padre Zenón cayó finalmente preso por “violación frustrada”, ya que, en un centro turístico de Masachapa –al sur de Nicaragua–, intentó violar a una niña de 10 años, a la que pudo rescatar su padrastro, quien luego denunció al sacerdote. Pero éste fue liberado gracias a la intervención del obispo de Matagalpa, Leopoldo José Brenes.
Para entonces ya varios medios locales –como El Nuevo Diario y La Boletina– documentaban profusamente los abusos del cura pederasta. Mientras que varias organizaciones de derechos humanos pedían que se le castigara.
La Red de Mujeres de Matagalpa, que aglutina a varias organizaciones feministas, publicaba desplegados exigiéndole a la Procuraduría de Nicaragua que lo aprehendiera, por ser “un peligro para las mujeres, la juventud y la niñez”.
Al parecer ya se le iba a arrestar cuando el obispo Brenes, su superior jerárquico, tomó la decisión de desaparecerlo.
Contó entonces Geni Gómez:
“No volvimos a saber de él. La diócesis de Matagalpa no dio explicación alguna. Guardó silencio. Había rumores de que le habían prohibido oficiar. Unos decían que estaba en Costa Rica; otros, que cumplía un duro castigo en algún lugar apartado.”
Por pura casualidad se descubrió que estaba en la diócesis de Texcoco, trabajando para Aguiar Retes; fue a raíz de que se le denunció ante la Secretaría de Gobernación, por realizar proselitismo político a favor del PRI. Entonces salió a relucir aquí su nombre… y su escondite.
El entonces vocero de la diócesis de Texcoco, Eduardo Israel Salazar, salió en defensa del cura, negando las acusaciones y diciendo:
“Usted bien lo sabe; siempre hay grupos de opositores que quieren dañar la imagen moral de nuestros sacerdotes. Lo que sí puedo decirle es que el padre Zenón es un gran sacerdote. Supo ganarse el cariño y la admiración de los fieles de Otumba.”
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PACTO INMORAL

Por Luciano Campos Garza (Apro)
Salinas mafia BRONCOMONTERREY, NL.- Los dos años que Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, estuvo al frente del gobierno, el Congreso estatal siempre le manifestó su hostilidad, sobre todo al vetar sus iniciativas.
Durante ese periodo el intercambio de diatribas entre él y los legisladores marcó la tónica. Pero esa animadversión desapareció en diciembre pasado, justo cuando el mandatario independiente presentó su solicitud de licencia.
Los diputados del PRI y el PAN, quienes durante meses acusaron al mandatario independiente de mentiroso y chapulín, le allanaron el camino para que colocara como interino a Manuel Florentino González Flores, su principal operador político, aun cuando la ley los faculta a ellos para designar al encargado del puesto.
Esa benevolencia de los dos partidos mayoritarios en el Congreso estatal es resultado de una presunta negociación realizada en la Ciudad de México entre las dirigencias nacionales de los dos partidos para permitir que Rodríguez Calderón dejara el solio y se sumara a los aspirantes a la Presidencia.

De acuerdo con una fuente cercana a las negociaciones –que pide omitir su nombre–, el propósito es que Rodríguez Calderón aparezca en las boletas electorales y le reste sufragios a Andrés Manuel López Obrador, virtual aspirante de Morena, a quien priistas y panistas pretenden acotar a toda costa.

Pero antes, añade la fuente, Rodríguez Calderón debe recabar las firmas necesarias que le solicita el Instituto Nacional Electoral para registrarse formalmente como candidato.
Consultado al respecto, el gobernador interino, González Flores, rechaza esa versión. Hasta el cierre de edición, priistas y panistas en la entidad no habían respondido a la solicitud de entrevista para aclarar esta versión.
Licencia pactada
Desde que asumió la gubernatura, Jaime Rodríguez aseguró que concluiría su mandato; incluso llamó inmorales a quienes dejaban su cargo para buscar otro de mayor relevancia. Pero su aspiración presidencial le ganó y terminó por pedir licencia, por lo que en Nuevo León quedó como un mentiroso.
Durante su gestión, los diputados locales del PRI y el PAN siempre lo enfrentaron. A principios de octubre pasado incluso tuvo que cambiar el formato de la entrega de su segundo informe, pues sólo entró al Congreso cuando sus detractores habían agotado los reproches a su administración.
A partir de entonces, los desencuentros se atenuaron. Y el 20 de diciembre, cuando Rodríguez Calderón acudió a la Oficialía de Partes del recinto parlamentario a presentar su solicitud de licencia por seis meses –del 1 de enero al 1 de julio–, las diferencias simplemente desaparecieron.
Ese día se reunió con los diputados y les pidió que le permitieran buscar la refundación de México. Tras escucharlo, sus interlocutores lo despidieron con abrazos y parabienes.
El 22 de diciembre, pese a que todos los diputados habían externado públicamente que era una afrenta para los nuevoleoneses que los hubiera engañado en las urnas, el Congreso aprobó su petición y sus integrantes avalaron que su secretario general de Gobierno lo sustituyera temporalmente a partir del lunes 1.
Para entonces, la negociación con las dirigencias nacionales del PRI y el PAN presuntamente ya estaba planchada, sostiene la fuente consultada.
Incluso reitera: las cúpulas de los dos partidos acordaron darle al mandatario todas las facilidades para que dejara el estado. Ellos le apuestan a que Rodríguez Calderón le reste votos a López Obrador, quien a nivel nacional sigue punteando las encuestas.
Según esa versión, el mandatario con licencia buscará posicionarse en las entidades del sur del país, incluido Tabasco, donde López Obrador tiene sus posiciones más sólidas.
Bajo el lema: “Desde Nuevo León por un nuevo México”, su estrategia incluye recorridos a caballo para posicionarse como el caudillo que encabezará el renacer del país, destaca el entrevistado, quien insiste en guardar el anonimato.
Así, mientras el tabasqueño intenta acercarse a los votantes de la parte alta de México, donde está su mayor debilidad, Rodríguez intentará llegar a la parte baja, donde no es tan conocido ni está “tan quemado” como en el norte.
Sin embargo, la creciente popularidad de Rodríguez Calderón preocupa a las dirigencias del PRI y el PAN. Al principio estimaban que podría conseguir alrededor de 5% de los votos en la jornada electoral del 1 de julio y restarle fuerza a López Obrador.
Pero ahora temen que, ante el descontento generalizado contra la administración de Enrique Peña Nieto, el gobernador con licencia intente recurrir a una campaña incendiaria –similar a la que le hizo ganar la gubernatura en Nuevo León hace un par de años– y restarle votos también al PRI.
El PRI y el PAN, según el informante, no descartan que Rodríguez Calderón termine negociando su candidatura si su movimiento no despega. Así como ya faltó a su palabra empeñada en Nuevo León, busque alianzas de facto, principalmente con López Obrador, un riesgo que los presuntos negociadores no calcularon.
Para que Rodríguez Calderón y los otros aspirantes sin partido obtengan su candidatura necesitan recabar por lo menos 866 mil 593 firmas de ciudadanos registrados en el padrón electoral del INE en por lo menos 17 estados a más tardar el 19 de febrero.
Hasta el jueves 4, Rodríguez llevaba 1 millón 373 mil 185 respaldos, muchos más de la cifra demandada en sólo cinco entidades, por lo que le falta el apoyo ciudadano en 12 estados.
El encargado de la negociación
Instalado como gobernador interino, Manuel González Flores niega que Rodríguez Calderón haya pactado para quitarle votos a López Obrador a cambio de beneficios para él o para Nuevo León.
“Pregúntele a los priistas de aquí si hace dos años le quitamos votos a alguien; pregúntele también a los de Acción Nacional.
“Los periodistas locales decían: ‘Jaime se va a quedar en el camino, va a negociar o le va a quitar votos a este (candidato) o a ayudar al otro’. Pregúnteles cómo les fue. Es una especulación sin ningún sustento”, dice al corresponsal.
González sostiene que, pese a las diferencias evidentes con Rodríguez Calderón, los legisladores del PRI y el PAN –quienes vetaron más de 20 leyes en dos años– fueron los primeros que le manifestaron su acuerdo para que encabezara la nueva independencia mexicana.
Incluso se ufana: “Yo fui el encargado de llevar esta negociación en un poquito más de 50%. Nuestra profesión es la política, y en ella hay encuentros y desencuentros. Pero eso no implica que en cuestiones fundamentales no podamos unirnos, como, por ejemplo, la posibilidad de que un nuevoleonés sea un presidente de México y traiga grandes apoyos a Nuevo León”.
Pese a que se dice convencido del triunfo electoral de Rodríguez Calderón el próximo 1 de julio, González Flores no despacha en la oficina que este dejó temporalmente, pues colocó ahí un letrero con la leyenda: “Reservado. Ing. Jaime Rodríguez Calderón, gobernador con licencia en busca de la libertad de todos los mexicanos”.
Lo más curioso es que aun cuando él mismo y algunos funcionarios estatales afirmaron que no usarán al gobierno para impulsar a Rodríguez Calderón, el viernes 5 hubo 10 cambios en la administración. Los renunciantes se integrarán a la precampaña de Rodríguez Calderón.
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SOYLA

Por Everardo Monroy Caracas

c1d0fd836b95fc0abb81568373306562--abstract-acrylic-paintings-abstract-artDe entrada, gracias. No te envié textos de una feliz navidad y próspero año nuevo, porque ya me conoces y sabes que tales palabras son un pretexto para estar en familia y gastar dinero.

Sin embargo, después de escuchar tu voz con esa fuerza interior que tanto atrajo a los adinerados temporales o a quienes le apostaron a la muerte por dinero, no hay palabras sino mentiras. Es el arte de desaparecer y admirarte.

Cada vez que te escucho, me acuerdo de ti (más bien, me acuerdo  de tu cuerpo y labios) y lo sabes.

Y cada vez que te olvido, nada pasa, porque cada vagina se contrae y pierde la memoria.

Es así.

Tal vez dejaste de ser importante cuando yo perdí el tamaño de la inteligencia. Has de saber que el cerebro pesa kilo y medio, Imagínate lo que cargas en tus ochenta kilos de recuerdos y a tus sesenta y tantos años.

Siempre serás mi libertad y orgullo.

No lo olvides.

Estoy aquí, porque estas…

Mi SOYLA…