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…Y OTRAS CANALLADAS/III

Por Everardo Monroy Caracas

LOS INDIOS QUE PLATICARON CON DIOS

En la sierra veracruzana existe un pueblo levantado sobre la cresta de un cerro. Por lo mismo, los constructores de esa congregación horadaron una nube y condenaron a sus pobladores a vivir en la oscuridad. Solo tres o cuatro meses al año tienen derecho a ver el sol y los colores de sus llanuras.

Aun así, sus casi veinte mil moradores son felices. En más de dos mil años de existencia, mil seiscientos bajo la venia de la raza de castilla, aprendieron a sembrar manzanos, olmos y duraznales. El olor de fruta se mezcló con la humedad de la niebla y ahora el pueblo es un recipiente de caolín y calhidra, donde cada morador prende veladoras para no perder el rumbo y la razón.

Una vez al año, a principios de febrero, los hombres tienden a disfrazarse de mujeres y látigo en mano brincan y brincan bajo los acordes de las tamboras y los trombones. Es tiempo de la matanza del cordero y la quema del grano. En el corazón de la plaza pública, los gallos de plumaje rojizo o grisáceo tienen que enfrentarse entre sí, como viejos gladiadores romanos, y humedecer de sangre sus espolones tras degollar al oponente.

Por única vez, los santos y arcángeles, principalmente el apóstol Pedro, y el Cristo del corcovado dejan sus poltronas de la vieja iglesia colonial, y se olvidan de sus feligreses, poseídos por las pestes infernales del pulque y aguardiente. Intentan liberarlos de esa pesada carga de remordimientos y temores.

Cada calle tiene nombre propio y las madres parturientas cuentan con su pedestal en la cercanía del hotel La Bodega. Jesuitas y juaristas siempre han vivido en santa paz y los alcaldes, reacios a evitar los favores del soborno, permiten que los cultivadores de sueños y fantasías, trafiquen con marihuana y amapola. Los uniformes verdes y azules son imperceptibles bajo el color del dinero.

Tengo tantos recuerdos de ese pueblo de niebla y fragancias naturales que con solo cerrar los ojos retorno a sus llanuras y siento en mis pies descalzos la frialdad de la arenilla blanca. Cada familia tiene una historia y cada lápida, una lágrima. Nadie quiere creer que Pedro Infante, Kalimán y Memín Pinguín ahí se conocieron. Cada semana huían de las historietas impresas y de los destartalados radios de baterías y hacían de las suyas.

De Pedro puedo decir mucho, porque al internarse en los macizos volcánicos, de cabellera crespa por tanto oyamel y encinos, su voz no paraba de resonar y espantar a las codornices. Le trajo la maldición al pueblo, porque se llenó de enterradores y muertos, acicalados por el néctar de los magueyales y la caña de azúcar.

Del Hombre Increíble poco puedo decir. Tuvo la delicadeza de no estar acompañado de aquel chamaco egipcio, descendiente de faraones. Las mejores batallas de Kalimán y sus adversarios ocurrieron en Huayacocotla. Los lugareños, y me cuento entre ellos, fuimos testigos privilegiados de varios encuentros entre el descendiente de la diosa Kalí y la Araña negra, el conde Bartok, la Diosa blanca, El extraño doctor Muerte, Karma y Humanón. No me van a dejar mentir los paisas de Vivorillas, Palo Bendito, Camarones, El Naranjo, Carboneros, El Zayado, Los Duraznos o Donangu.

De Memín hay mucho que contar porque conocimos las palizas que recibía de doña Eufrosina, su madre, salvaje mujer. Mis compañeros de aula, del cuarto y quinto grado de primaria, optamos por no meternos en su dolor para no odiar a nuestros padres. En algunos casos, experimentamos el mismo tormento. La madre de Carlangas, una prostituta de buena pinta, también nos arruinó nuestros paseos por el arroyo de Agua Caliente. Terminamos ante el padre Canuto revelándole a detalle los soliloquios de la mano y la saliva. Ernestillo y Ricardo jamás lograron convencernos de que la escuela era lo mejor. La niebla nos obnubilaba las ideas y difícilmente conoceríamos la mar o una barriada proletaria. Las pinturas de Marx aún no se materializaban. Difícilmente saldríamos de Huayacocotla, porque tendríamos que crecer y tener dinero en los bolsillos.

Cada día, un autobús cruzaba el serpentinero de cerros antes de ser devorado por el aliento pastoso del cielo. En ese camastrote de anchos neumáticos desgastados y graznidos de moribundo, veía partir a mis amigos una vez al año. Sin embargo, en las vísperas del carnaval llegaban los primos Ricardo, Rubén y Rebeca, de la mano de su madre –la furibunda tía Paz–, y me prodigaban juguetes reciclados y dulces con corazón de chocolate. Dos semanas de juego y aprendizaje. Por ellos me enteré que por el mundo rondaba un agente inglés con permiso para matar. Se llamaba James Bond y utilizaba el prefijo 007. También me entusiasmaban los espías Napoleón Solo y Illya Kuryakin, de la Comisión Internacional Para la Observancia de la Ley, Cipol, eran la contraparte gringa. Sus archienemigos de THRUSH eran eliminados como moscas y mis primos, aliados de la democracia gringa, me ponían al tanto de esas correrías internacionales mientras desgranábamos mazorcas o podábamos los árboles frutales del huerto familiar.

Tantas cosas pasaron durante mi infancia y ahí quedaron. Huayacocotla es un cofre de humo que teme tocar el cielo, pero hay gambusinos de Texcatepec, indios puros, otomíes de abolengo, que llegaron a escalar el cerro del Corcovado y penetraron a los aposentos sagrados del Dios Hebreo. Créanmelo o no, pero hay huayacocotlenses que tuvieron la dicha de asistir a un encuentro entre Jehová y Luzbel y los escucharon apostar por la cabeza de un Papa y diez cardenales pederastas. Los arcángeles y once apóstoles de Jesús pueden decirles si miento.

Es la pura verdad…

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Cascajo

UNA FAMILIA DE TANTAS

cascajo portadaLa cena fue familiar. En un mal restaurante de precios desorbitantes. La reservación la hizo Lena, vía internet. La hija de los Mendoza.

Ir al lugar, a pie y con una temperatura invernal, incomodó a la abuela Peggy, pero entusiasmó a Ponchito y Margarita, niños al fin.

El restaurante Falconieti era italiano con tres salones. Los sanitarios en el sótano, después de descender cien metros de escalinatas.

El olor a desperdicios brotaba de algunas fisuras de la puerta inferior que conectaba al patio trasero.

Don Ruperto Iñiguez, de piernas arqueadas y bastón, tuvo que ser auxiliado para alcanzar la toilette y desaguar.

Todo ocurrió a los pocos segundos de meter las botas cubiertas de nieve en el recibidor del establecimiento.

Lena le recordó al capitán de meseros, viejo y aburrido, sobre el motivo de la presencia de su clan, los Iñiguez Soto.

Lunes 25 de diciembre.

El Falconieti era el único restaurante del barrio que abrió sus puertas sin suficiente personal.

La vieja Peggy se dio cuenta y sugirió que regresaran al departamento y recalentaran los tallarines de arroz tailandés y los huaraches de mole rojo con pavo.

Es lo que habían cenado la noche anterior.

En las casi tres horas que degustaron en aquel lugar plagado de lámparas rojizas, un pino con esferas y luces intermitentes, la comida con nombres impronunciables —por estar escritos en italiano— fue intragable, escasa y costosa: la factura superó los mil trescientos dólares.

Chinguen a su madre —masculló el viejo Iñiguez.

Lena le dio una generosa propina a la mesera de pelo cano, tras revelarle que tenía un hijo enfermo de cáncer.

Y en esos momentos lo cuidaba una de sus vecinas en silla de ruedas.

LEA: Album de familia – Rosario Castellanos

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TRAMA PUTREFACTA

Por Patricia Mayorga (Apro)

votoCHIHUAHUA, Chih.- Desde el gobierno de César Duarte Jáquez se orquestaron estrategias para desfalcar las arcas públicas de varias entidades en contubernio con gobernadores, líderes nacionales del PRI y empresarios, de acuerdo con información ventilada en investigaciones periodísticas y sobre todo, en audiencias públicas de exfuncionarios procesados o sentenciados.
Las principales dependencias oficiales utilizadas para operar los desvíos del dinero público y en las que el entonces gobernador Duarte Jáquez colocó a gente de su confianza, fueron las secretarías de Hacienda, Salud, Comunicaciones y Obras Públicas, Desarrollo Rural, Educación y la coordinación de Comunicación Social.

La investigación relacionada con una red de corrupción de gobiernos priistas se denomina Operación Zafiro y, de acuerdo con información extraoficial de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, incluye entidades como Nayarit, Quintana Roo y Aguascalientes.
El caso del exsecretario adjunto del PRI nacional y exsenador por Coahuila, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, dejó expuesta una red de funcionarios y empresarios que operaron para desviar recursos a campañas políticas o para acrecentar sus fortunas personales.
Gutiérrez Gutiérrez fue vinculado a proceso el jueves 21, en la Ciudad Judicial de Chihuahua, por el delito de peculado agravado.
En el PRI, al exsenador lo apodan La Coneja, por su gran capacidad para conseguir recursos y desviarlos, de acuerdo con los testimonios ventilados en la audiencia de vinculación a proceso.
Está acusado de gestionar al menos 250 millones de pesos para el gobierno estatal a través de la Secretaría de Educación y Cultura del sexenio duartista, y de buscar empresas que simularan contratos para encauzar el dinero hacia campañas electorales en varios estados.
De acuerdo con exfuncionarios que declararon en dicha causa penal, en ese manejo ilegal de recursos participaron Manlio Fabio Beltrones, entonces presidente del PRI, así como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Gutiérrez se encargó de conseguir cinco empresas para la operación. Una es de su propiedad, se llama Jet Combustible y por medio de ella desvió 4 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda estatal.
En la audiencia mencionada se dio a conocer el testimonio del exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera, ya preso por la misma causa y sentenciado a cuatro años de cárcel por desviar 246 millones a través de cuatro empresas, que involucran también a Gutiérrez.
Yáñez Herrera indicó que el mismo esquema se utilizó en Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Durango y Sinaloa. El exfuncionario fue detenido el 27 de marzo pasado y sentenciado el 27 de noviembre. Se declaró culpable y solicitó juicio abreviado, además de brindar información a las autoridades para recibir una condena menor por su colaboración.
Así, se supo que al finalizar diciembre de 2015 César Duarte entró en conflicto con el entonces titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y expresidente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido Romero, porque no quiso colaborar en las operaciones irregulares.
Yáñez Herrera contó ante el Ministerio Público que, recién llegado al cargo, estaba renuente a firmar los contratos ficticios con las empresas que le había indicado el entonces secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, quien también le explicó que el dinero iría a las campañas electorales del PRI y que ya estaba enterado de eso el dirigente nacional de ese partido, Manlio Fabio Beltrones.
En un viaje a la Ciudad de México, Yáñez se contactó con el área de finanzas del PRI nacional y lo recibió Alejandro Gutiérrez Jr., apoderado legal de Jet Combustibles y quien se encargaba de operar el desvío de fondos en los estados.
El hijo de Gutiérrez Gutiérrez le aseguró que estaban protegidos por el SAT, que no auditaría a esas empresas y que ya habían utilizado esa mecánica de triangulación de recursos en otras entidades.
César Duarte le ordenó a Yáñez Herrera que se presentara con Gutiérrez Gutiérrez. En el encuentro, el funcionario estatal le pidió que devolviera los 250 millones de pesos, porque no había forma de comprobarlos, pero La Coneja contestó que no se podía, ya que los habían utilizado en las campañas; e insistió en que las empresas estaban blindadas por el SAT.
Días después, Gutiérrez envió un mensaje a los funcionarios estatales en el que les confirmaba: “Ya hablé con MF. Del retorno, no hay opción”.
Gutiérrez fue detenido el pasado miércoles 20 de diciembre en Saltillo, cuando salía de su casa. Fue trasladado el mismo día al Cereso estatal número 1, donde lo esperaban agentes federales.
Por la misma causa penal está preso el empresario Germaín Lezama, a quien este mes se le dictaron dos sentencias: una por el desvío de 120 millones de pesos de la Auditoría Superior del Estado, y la otra por el desvío de los 246 milones de pesos. Acumula cinco años y seis meses de prisión.
Yáñez Herrera fue sentenciado el 27 de noviembre a cuatro años. Aún están pendientes las sentencias de Villegas Madriles y Tarín García.
Los exfuncionarios sentenciados y el empresario se declararon culpables, por lo que obtuvieron juicios abreviados y sentencias más benévolas que si hubiesen ido a juicio oral sin reconocer su responsabilidad.
Según las declaraciones de los imputados, uno de los candidatos beneficiados con el dinero de los desvíos fue Enrique Serrano Escobar, quien contendió por el PRI, el Panal, el PVEM y el PT a la gubernatura de Chihuahua.
La red político-empresarial
Las empresas utilizadas en el desvío de recursos a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del estado son Servicios y Asesorías Samex, Servicios y Asesorías Sinax, Servicios y Asesorías Sisass y Despacho de Profesionistas Futura.
Los contratos con éstas se dieron a conocer desde marzo pasado, en las audiencias de vinculación a proceso de los exfuncionarios mencionados. Y cuando Alejandro Gutiérrez fue presentado ante el juez de Control Octavo Armando Gaytán Rodríguez se conoció uno más: el de la empresa del exsenador coahuilense.
Éste es el número SH/SD/067/2016, por concepto de prestación de servicios profesionales de elaboración de manuales de procedimientos de tierra y protección civil para aeronaves y helicópteros de Gobierno del Estado, por 4 millones de pesos, y se le dio a la empresa Jet Combustibles.
Los contratos fueron autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que emitió las actas de excepción a la licitación pública y de adjudicación directa para evitar el proceso licitatorio correspondiente.
La empresa Kelper Solution, propiedad de Germaín Lezama, fue utilizada por la Auditoría Superior del Estado para desviar ese dinero.
Por el desvío de 120 millones de pesos se encuentran presos el exauditor Jesús Manuel Esparza Flores y su exdirector de administración, Édgar Omar Ramírez, quienes además enfrenta un proceso por destinar más de 500 mil pesos para las vacaciones de Esparza y su familia.
De acuerdo con la causa penal 2422 /2017, el empresario Jaime Agustín Fong Ríos, detenido el 15 de marzo pasado, fue cómplice del desvío de 15 millones 600 mil pesos a través de Secretaría de Salud hacia la empresa Fritag, SA de CV, de la que es dueño. La operación se realizó a través de la coordinación de Comunicación Social y benefició a la firma Consultoría en Gobernanza GB, SC.
Hasta ahora han sido procesados 14 exfuncionarios y empresarios duartistas en Chihuahua, de los que cinco han recibido sentencia y algunos alcanzaron libertad condicional.
El gobernador Javier Corral informó que, además de las 11 órdenes de aprehensión ya giradas contra Duarte Jáquez, que se encuentra prófugo, se han solicitado otras cuatro. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) pidió una más.
Asimismo, el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral; el exdirector de Egresos de la misma dependencia, Jesús Olivas Arzate; el director de Programación y Control de Pagos, Ángel Mezquitic Aguirre, y el secretario de Finanzas del PRI estatal Pedro Mauli Romero, son procesados en instancias federales por desviar al PRI de Chihuahua más de 14 millones de pesos mediante cuotas que descontaban a los trabajadores del gobierno estatal.
Mauli Romero además se encuentra preso por el desvío de otros 63 millones 833 mil pesos de compensaciones correspondientes a los burócratas del PRI estatal, presuntamente para campañas electorales.
De igual forma, el exdiputado de Movimiento Ciudadano Fernando Reyes Ramírez fue sentenciado a tres años con libertad condicional por el desvío de 2.4 millones de pesos que César Duarte le “prestó” del erario a fin de que aprobara la deuda de bursatilización de 2 mil millones de pesos, el año pasado. Para justificar esa erogación utilizaron a la empresa Bildung Consultoría Organizacional, de Iván Elí Sánchez Jaso, quien también está vinculado a proceso.
Quienes no están detenidos ni procesados, pero han sido señalados en investigaciones periodísticas son Pedro Hernández Flores, exsecretario de Salud, y otros funcionarios de la dependencia que usaron para los mismos fines a las empresas Ymmarsa Pharmaceutic SA de CV, Servicios y Atenciones Médicas K, así como Fritag, Comercialización y Administración de Franquicias Internacionales, entre otras.
Los dueños de Ymmarsa Pharmaceutic eran Juan Hiram Márquez Rodríguez y Jesús Miguel, quienes fueron entrevistados por Proceso en 2014 y confirmaron que compartían domicilio fiscal con negocios de César Duarte.
Ellos se convirtieron en proveedores de los gobiernos de Durango, Coahuila, Aguascalientes, Tabasco y Nuevo León. En la administración de Duarte Jáquez expandieron su cadena de farmacias Economik, que vendieron junto con Ymmarsa y Servicios y Atenciones Médicas K al empresario Eduardo Almeida Navarro cuando se dio a conocer el conflicto de intereses con Duarte.
Almeida Navarro, a su vez, fue uno de los principales proveedores de medicamentos de Duarte Jáquez a través de la empresa Comercialización y Administración de Franquicias Internacionales y es señalado por ganar licitaciones presuntamente irregulares, así como adjudicaciones directas.

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RAPIñA TRICOLOR

Por Jesus Esquivel (Apro)

cerdo2CHIHUAHUA, CHIH.- El desvío de 250 millones de pesos de las arcas de Chihuahua para financiar las campañas del PRI en 2016, durante el gobierno de César Duarte Jáquez, salpica a Los Pinos y convierte al canciller Luis Videgaray y al exsenador y expresidente priista Manlio Fabio Beltrones en presuntos artífices y cómplices de un gran escándalo de corrupción electoral.
La investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua –del gobierno del panista Javier Corral– revela una trama de corrupción electoral y malversación de dinero público –presuntamente diseñada por Beltrones– cuyos tentáculos se extienden por lo menos a otras seis entidades: Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, de acuerdo con expedientes judiciales revisados por Proceso y expuestos públicamente el pasado jueves 21 en una audiencia judicial celebrada en esta capital.

El más reciente eslabón de la cadena de fraude y corrupción presentado por la Fiscalía de Chihuahua se logró conocer con el arresto de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, mano derecha de Beltrones y operador financiero de su partido, y a quien se acusó formalmente del delito de peculado, que se agrava por haberse embolsado 4 millones de pesos de los 250 sustraídos de la entidad norteña para fines electorales.
Proceso y el diario estadunidense The New York Times iniciaron hace varios meses una investigación sobre el desvío de dinero público a las arcas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Mediante entrevistas y la revisión de documentos se descubrió el supuesto involucramiento de Beltrones y de otros altos funcionarios del PRI, con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual, cuando se cometió el delito en Chihuahua, estaba encabezada por Videgaray, actual canciller.
Los documentos revisados y analizados en la investigación periodística, que comenzó en junio de este año, establecen que el plan del robo del dinero del erario chihuahuense se echó a andar en enero de 2016, cuando –según los documentos del juzgado a cargo del caso– Beltrones se coordinó con Duarte para transferir los 250 millones de pesos al PRI por conducto de las secretarías estatales de Hacienda y Educación.
En el oficio número SH/0014bis/2016 del 13 de enero de 2016, el entonces secretario de Hacienda del gobierno de Chihuahua, Jaime Ramón Herrera Corral, envió a la SHCP la solicitud por 275 millones de pesos con la siguiente justificación: “El estado de Chihuahua enfrenta diversas restricciones y presiones financieras y presupuestales para solventar diversos gastos de operación, entre otros el pago de servicios personales que ocasionaría pérdida en la eficiencia de la capacidad de respuesta del estado en caso de incumplimiento de pago oportuno”.
La petición de recursos a la Secretaría encabezada por Videgaray fue dirigida a Isaac Gamboa Lozano, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario.
Dos días después, el 15 de enero de 2016, Gamboa Lozano y Herrera Corral firmaron el convenio por la concesión del monto requerido.
Cuatro empresas
Con base en la revisión de documentos de la corte estatal sobre declaraciones de funcionarios del gobierno de Duarte, procesados e interrogados por las autoridades, los 275 millones de pesos que dio la SHCP sí fueron utilizados para los propósitos que expuso Herrera Corral en su solicitud.
Sin embargo, y de acuerdo con la declaración de la sentencia de Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación de Chihuahua, Beltrones, Duarte y Gutiérrez Gutiérrez fraguaron el plan consistente en que 250 millones de pesos de las arcas estatales se enviaran en efectivo al PRI mediante contratos con cuatro empresas que supuestamente prestarían servicios al sistema educativo. El uso de esas empresas era una cortina de humo, por si se hacía una investigación del asunto, para que se asumiera que el dinero se destinó a cubrir necesidades legítimas, lo mismo que el aporte federal.
En su declaratoria de culpabilidad de fraude y enriquecimiento ilícito –delitos por los que fue sentenciado a cuatro años de cárcel y a devolver 246 millones de pesos al estado–, Yáñez Herrera asegura que las cuatro empresas fueron propuestas por Gutiérrez Gutiérrez, con el argumento de que las entidades ya habían sido usadas para el mismo objetivo en otros cinco estados: Durango, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Las irregularidades en el proceso de contratación directa de las cuatro empresas, sin licitación, se expone hasta en el orden cronológico asignado en los números de contratos y en las fechas en que éstos fueron firmados.
El 24 de febrero de 2016 la empresa Servicios y Asesorías Samex, SC, representada por Sandibel Gallardo Gallardo, y el gobierno estatal, representado por Yáñez Herrera y por el director general de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, firmaron el contrato número SH/AD/078/2016 por 55 millones de pesos. Los servicios que esta empresa prestaría a Chihuahua, y que nunca llevó a cabo, serían: capacitación e impartición de un curso para la actualización de 5 mil 605 padres de familia de nivel preescolar y primaria en el desarrollo de un sistema de actitud eficaz, enfocado a desarrollar una mejor calidad de vida en el ambiente familiar.
Con la empresa Servicios y Asesorías Sinnax, SA de CV, representada por José Juan Saliano González, Yáñez Herrera y Villegas Madriles, firmaron el 25 de febrero el contrato número SH/AD079/2016, por 55 millones de pesos, por servicios que tampoco se prestaron: un curso para la actualización de docentes de nivel básico y evaluación de personalidades, motivaciones, áreas de oportunidad y fortalezas.
El 26 de febrero de 2016, Villegas Madriles y Yáñez Herrera rubricaron el contrato SH/AD/080/2016, por 46 millones de pesos, con la empresa Servicios y Asesorías Sissas, SA de CV, representada por Aarón Talavera Mejía, por 46 millones de pesos a cambio de la capacitación e impartición de un curso en temas relativos al medio ambiente, dirigido a docentes para que éstos lo impartieran a alumnos de niveles preescolar y primaria en el estado.
El último contrato, el número SH/AD /077/2016, asignado a Despacho de Profesionistas Futura, SA de CV, representada por María de Lourdes Gallardo Carrillo y firmado por Villegas Madriles y Yáñez Herrera, amparó 90 millones de pesos por la presunta prestación de servicios “profesionales de planeación, diseño e implementación de software que se denomine ‘Sistema Integral de Trámites y Movimientos del Personal de Subsistema Estatal’, el cual tiene como fin sistematizar y hacer más eficientes los procesos de administración de recursos humanos del magisterio”.
La suma de los montos asignados al vapor a estas cuatro empresas por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua da la cifra de 246 millones de pesos. En dicha ecuación queda claro que faltaban 4 millones de pesos de los 250 solicitados en el Acta de Adjudicación SH/AD/080/2016, firmada a las 19:00 horas del 26 de febrero de 2016 por Antonio Enrique Tarín García, presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado; Érick Manuel Hernández Aguilar, representante de la Dirección de Programas de Inversión de Hacienda, y por Karla Areli Jurado Bafidis, directora administrativa de la Secretaría de Educación.­
En esa Acta de Adjudicación de recursos del estado para la contratación de las cuatro empresas –que están en la lista negra del Sistema de Administración Tributaria (SAT)– quedó en blanco la línea correspondiente a la firma de un testigo, que en este caso debió ser algún funcionario de la Secretaría de la Contraloría de Chihuahua.
Estalla el escándalo
El jueves 21, The New York Times publicó en la primera plana de su edición impresa un amplio reportaje firmado por su corresponsal en México, Azam Ahmed, y por el corresponsal de Proceso en Washington, en el cual se expuso el mecanismo del desvío de fondos del erario chihuahuense para el PRI, con la presunta coordinación de Beltrones, Duarte, Gutiérrez Gutiérrez y la supuesta anuencia de la SHCP de Videgaray.
Horas antes de esa publicación, en la tarde del miércoles 20, el diario neoyorquino subió a su página en internet la nota que daba cuenta de la captura de Gutiérrez Gutiérrez y del robo del dinero de Chihuahua para los fines electorales del PRI.
La publicación del reportaje mencionado se precipitó por el arresto de Gutiérrez Gutiérrez, anunciado por el gobernador Javier Corral en su cuenta de Twitter. En un operativo conjunto de la Policía Federal y la estatal de Chihuahua, fue detenido a petición de la corte estatal, acusado de peculado agravado.
Corral, según las versiones a las que este semanario tuvo acceso, se vio obligado a hacer precipitadamente el anuncio de la captura del exdirectivo del CEN priista porque los agentes federales se negaban a entregar al detenido a las autoridades del gobierno de Chihuahua para ser llevado a la capital del estado, donde iba a ser presentado ante el juez.
Las declaraciones de Yáñez Herrera fueron la clave para detener a Gutiérrez. Gracias a ellas y a las pesquisas de la Fiscalía estatal, que siguió la ruta del dinero, se descubrió que los 4 millones de pesos faltantes de la asignación de los 250 desviados a las arcas del PRI se los embolsó Gutiérrez. De ahí la acusación de peculado.
El 15 de abril de 2016, a las cuatro de la tarde con 20 minutos y 36 segundos, se depositaron 4 millones de pesos en la cuenta de Banorte número 072076005436939210, a nombre de la empresa Jet Combustible, SA de CV, propiedad de Gutiérrez Gutiérrez.
La entidad que realizó el depósito a la cuenta de la empresa de quien fuera mano derecha de Beltrones fue el estado de Chihuahua, cuya referencia la estipula el documento de la transferencia bancaria revisado por Proceso.
Fracaso electoral
La trama del desfalco a Chihuahua para financiar las campañas del PRI en las elecciones de 2016 –de acuerdo con las declaraciones de los cinco implicados que han sido capturados y sentenciados, y a una decena más de antiguos funcionarios del gobierno de Duarte que están cooperando con la Fiscalía estatal– obedeció a los temores de Beltrones de perder el control de los gobiernos de los estados a donde se enviaron los fondos estatales, como los 246 millones de pesos del estado de Chihuahua.­
El robo en cada una de esas entidades no funcionó para materializar los planes definidos supuestamente por Beltrones. En esos comicios el partido del presidente Enrique Peña Nieto perdió siete de las 12 gubernaturas en juego, y en cuatro de ellas el PRI fue el gran derrotado por primera vez en su historia.
Poco después del fracaso del PRI con Beltrones como presidente del CEN, en agosto de 2016, Duarte descubrió que el gobierno electo que encabezaría Corral tenía conocimiento de los desvíos de dinero.
Esto se desprende de la declaración de sentencia de Yáñez Herrera que se leyó en audiencia en la ciudad de Chihuahua el pasado jueves 21, cuya copia ya había sido revisada en días anteriores por The New York Times y Proceso.
La alarma en el gobierno de Duarte no fue compartida por los exdirectivos del PRI. Poco después de agosto del año pasado, por orden de Duarte se pactó una reunión en la sede del CEN del PRI en la Ciudad de México, a la que asistieron Gutiérrez Gutiérrez, Yáñez Herrera, Alejandro Gutiérrez Jr. (hijo del ahora implicado y acusado de peculado agravado), otros cuatro directivos del PRI y funcionarios del gobierno chihuahuense.
La declaratoria de sentencia de Yáñez Herrera sostiene que el exsecretario de Educación cuestionó a los Gutiérrez sobre las cuatro empresas entre las que se repartieron los 246 millones de pesos, argumentando que evidentemente eran frentes creados con el único propósito del timo.
Alejandro Gutiérrez Jr. “le refirió que las empresas que le habían proporcionado eran serias, a lo que el declarante le preguntó si eran capaces de soportar esos recursos y desviar el dinero”, se lee en la declaratoria de la sentencia.
Herrera Corral y Yáñez Herrera querían en esos momentos, y luego de descubrir que el gobierno electo de Corral estaba enterado del fraude, que el CEN del PRI les devolviera los 250 millones de pesos para cubrir el desfalco.
La declaración de sentencia de Yáñez Herrera establece de la siguiente forma la contestación de Gutiérrez a las necesidades del gobierno de Duarte de cubrir el desvío de los 250 millones de pesos por medio de las cuatro empresas: “Que las empresas estaban blindadas por el SAT y, en caso de una auditoría, no habría problema… la respuesta fue que no se podía devolver el dinero, que lo habían operado en campañas de otros estados y que no se preocupara”.
En una reunión posterior a la celebrada en el CEN del PRI en la Ciudad de México, ahora en Plaza Carso, de acuerdo con la declaración de sentencia de Yáñez Herrera, ante la insistencia del gobierno de Duarte de cubrir el fraude con la devolución de los 250 millones de pesos, Gutiérrez estaba iracundo y, por ello, a modo de reclamo, preguntó a los funcionarios del estado de Chihuahua: “¿Por qué sigue viva la persona que firmó las facturas?”.
Ante las evidencias recolectadas por la Fiscalía de Chihuahua del gobierno de Corral y con la aceptación de culpabilidad, de declaratorias y sentencias de quienes fueron funcionarios del gobierno de Duarte, Beltrones podría y debería ser citado a declarar sobre el asunto; lo mismo que Videgaray, como titular de la SHCP en ese momento, ya que debió aprobar la transferencia de los 275 millones de pesos, o por lo menos haber revisado la solicitud del gobierno de Duarte.
En un país donde sí se aplican las leyes, en caso de que Videgaray se deslinde del asunto aludiendo el desconocimiento de la transferencia de dinero, podría ser acusado del delito de omisión y falta de cumplimiento de sus responsabilidades como administrador y guardián del dinero del Estado mexicano.
Como máximo representante del PRI en 2016 y hasta la fecha, Peña Nieto debería también aclarar si se enteró del plan orquestado presuntamente por Beltrones.
Ahora José Antonio Meade, destapado por Videgaray como próximo candidato del PRI y ratificado posteriormente por Peña Nieto, a la luz del escándalo destapado en Chihuahua tendrá problemas para convencer al electorado de que él es distinto de los funcionarios y exfuncionarios del partido que lo arropó, sobre todo cuando los emblemas de este sexenio, reconocidos a nivel nacional e internacional, son la impunidad, la corrupción y el fraude electoral.

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UN HOBBIT EN LA ISLA

Por Everardo Monroy Caracas

rehost_2016_9_13_18a45fbd-69b8-4c47-9a1c-764ba553e205—Deja de burlarte del viejo y ten cuidado al caminar porque la banqueta está frisada.

—Pero, mira mamá –responde con entusiasmo la niña—, tiene las orejas de hobbit y usa una de sus botas de nieve como cenicero…

El supermercado aun está a dos blogs y la novedad no cesa. Durante la noche, la temperatura descendió a menos de treinta grados centígrados y el agua de la nieve derretida asumió la consistencia del hierro.

La isla aun respira por sus calles y construcciones sumergidas en una pasta blancuzca y llorosa.

Los ancianos deberían quedarse en su guarida para no poner en jaque a los peatones o ser víctimas de mofa. Verlos desplazarse de esa manera por las planchas de cemento congelado —verdaderos caracoles de concha frágil—, nos enfrenta a una realidad despiadada y amarga. No hay retorno.

Si aceptaste deambular entre un cascajo de hielo, fue para no consumirte por la angustia. Y ahora, en un viernes de aire irrespirable, tienes que observar a una infanta, que aún no entiende los sinsabores de la edad, pero que con suma facilidad, gracias al cine e internet, ha convertido al pobre viejo de barba hirsuta, en una criatura de Jota-erre-erre Tolkein.

LEA: J. R. R. Tolkien, el mago de la – Eduardo Segura Fernandez

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EL MONSTRUO DE LA CALLE

Por Everardo Monroy Caracas

yLBijpfqCuando crees que el hombre-colectivo tiende a desaparecer ante la omnipresencia del hombre-individuo, o el yo toma el control de tu comunidad, te das cuenta de tu equivocación al recorrer las cortinas del escondrijo donde duermes y respiras nicotina y miedo.

La puerta que conecta con el pasillo principal vibra al ser golpeada por unos nudillos impacientes. Tienes que abandonar la cama, meter tus flacos pies en las pantuflas y enfrentarte al monstruo de la calle. Y lo que encuentras te conmueve.

Tras el umbral y un aliento de curry y paprika de una India devastada por el hambre, un par de mujeres de rostro ajado y playeras azul cielo, te recuerdan que la navidad está presente y que los compañeros del edificio, metidos en la fundación Alexis Vive, decidieron regalarte un pavo al horno, relleno de frutas y verduras.

—Todos queremos que pase la noche buena con el estómago lleno, vecino –te dice Pamela Landeros al tiempo de mostrarte el montículo de carne ennegrecido por la horneada.

Sin embargo, es la botella de ron que cuelga en la mano derecha de María Concepción, la hija de Pamela, lo que verdaderamente te conmueve. Es la primera vez que dejaste de ser un escorpión y entrar en las entrañas del panal o el pensamiento colectivo. Los trescientos cuarenta vecinos del edificio lograron visibilizar a la abeja descarriada y optaron por darte un poco de amor. Olvidaron tu vieja identidad de militar y el haber detenido y torturado, durante el Caracazo del 89, a sus hijos o padres por oponerse al gobierno de la Cuarta República.

LEA: Comprender Venezuela, pensar la – Carlos Fernandez Liria

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EL LADO EQUIVOCADO

Por Everardo Monroy Caracas

canicheMacanear o gasear es parte del rol que juega un policía (o cana), alimentado de rencor y guita.

—Es mi trabajo –se justifica Piñeiro ante su pibe, después de consumir los espaguetis con queso mozzarella y el tarro de cerveza oscura.

El uniforme, manchado de sangre, terminó en la lavadora y Evita tendrá que dejárselo impecable esa misma noche.

Su abuelo, Ernesto Piñeiro, prefiere apartarse del comedero y observar lo que ocurre en el viejo televisor que le regaló, en su cumpleaños sesenta y ocho, su hija Stella, maestra de inglés y secretaria de una oficina burocrática.

—¿Y por qué tanto quilombo, entonces…?

—Mejor sigue comiendo y has vos tus deberes de la escuela…Tampoco quiero dramas en la mesa… Con los de la calle tengo…

El viejo Piñeiro sabe que Ernesto II está del lado equivocado y que él, a partir de julio del próximo año recibirá menos dinero de su jubilación.  Los conchetos tienen a sus perros y, por desgracia, Ernesto II era uno de ellos.

Ernesto III obedece y prosigue con los espaguetis y el trozo de longaniza de cerdo que en esta ocasión estaba escaso de sal y mostaza. Su padre evitaba mirarlo a los ojos y ahogaba su furia y remordimiento con más cerveza alemana.

Lea: El secreto de sus ojos – Eduardo Sacheri (6)

 

 

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DIFICIL MARCHA

iraPor Everardo Monroy Caracas

Difícil la marcha.

Las piernas amenazan desaparecer en aquella lava gélida y blanca. Estas solo en aquel tramo de la avenida Rousseau con árboles pelones y tétricos.  Para ser lunes, esa parte de la isla está desierta.

Tu teléfono celular repica con un trozo del himno nacional. Debes responder, sin importarte los riesgos de quedar atrapado en aquel lodo albo y quemante.

—¿Qué pasa?

—Ya te envié el link para que leas la revista Proceso

Olvera supone que su amigo continúa en el departamento y frente a la computadora portátil.

—Gracias –Willy prefiere agradecer que quejarse por el dilema que enfrenta.

No era necesario salir, pero necesitabas aceite vegetal para freír un par de huevos.

El supermercado se encuentra a diez minutos de tu departamento. Tus botas contra la nieve no son las óptimas. Perdiste el recibo de compra. Por lo mismo, no pudiste regresarlas el invierno pasado.

Olvera está molesto.

En Proceso te grillaron para que los directivos de la trasnacional WordPress te quitaran tu blog. Perdiste tus escritos de dos años. Se lo comentaste el sábado por la noche, bajo el fragor de las cervezas.

La aventura virtual te ha costado dos computadoras portátiles (contaminadas) y la perdida de dos blogs, uno, en blogspot.com.

lea: esta inteligente y generosa revista:

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JUSTICIA CASTRENSE

Por Jenaro Villamil (Apro)

157628_militares_abuso_portada_460x290Sin importar las críticas y los exhortos a México de parte de la ONU –incluyendo sus cuatro altos comisionados–, la OEA, la CNDH, universidades y un gran número de organizaciones civiles, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso de la Unión. Sus promotores y defensores alegan que sólo las Fuerzas Armadas pueden enfrentar al crimen organizado. Sus opositores afirman que la actuación militar enterrará los derechos humanos. Y en la promoción de esa ley hubo un personaje central, un cabildero militar para quien la seguridad interior no comporta la defensa de ciudadanos o personas ante el crimen organizado, sino “la supervivencia de las instituciones de la República y el orden constitucional”.
El pasado 29 de noviembre los relatores especiales Edison Lanza, de la OEA para la libertad de expresión, y David Kayne, de la ONU para los derechos humanos, se reunieron a puerta cerrada con 10 senadores y dipu­tados del PAN, del PRD y de Morena. La preocupación central de ambos era la inminente aprobación en México de la Ley de Seguridad Interior.
–¿Ustedes creen que se apruebe?, ¿creen que México se va a pelear contra todo el sistema de las Naciones Unidas de defensa de los derechos humanos? –preguntó Kayne.

La senadora panista Marcela Torres Peimbert respondió: “Cuando el sistema quiere imponer algo en México, utiliza todos sus recursos… y están en eso”.
Un día después, y en sesión fast track, la Cámara de Diputados aprobó la polémica ley y la envió al Senado el pasado lunes 4. La tensión social y las protestas de organismos civiles y de instancias internacionales frenaron unos días su aprobación en la Cámara de Senadores, además de que el viernes 8 el presidente Enrique Peña Nieto hizo un “llamado al Senado” para que ampliara “los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”. Pero fue un llamado a misa.
El lunes 11, a la sesión cerrada de las Comisiones Unidas acudieron siete mandatarios estatales (los de Durango, Querétaro, Guerrero, Colima, Jalisco, Tlaxcala y San Luis Potosí) y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La mayoría de ellos presionó para que se aprobara sin cambios la minuta de la ley.
Sólo Miguel Ángel Mancera, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, advirtió que había “excesos” en ella. “Es una ley perfectible”, afirmó.­
Entre el martes 12 y el miércoles 13 arreciaron las protestas de organismos defensores de derechos humanos, de activistas y hasta de actores, como Diego Luna, quien encabezó una marcha convocada mediante las redes sociales, para hacer una “clausura simbólica” del Senado.
Mientras cientos de personas colocaban veladoras a las afueras del recinto y gritaban consignas contra la militarización del país, 15 senadores del PRI, del Partido Verde y del PAN mayoritearon en comisiones con el propósito de aprobar un dictamen con cambios sólo en nueve artículos para tratar de minimizar la inconstitucionalidad de la ley.
La madrugada del viernes 15, tras más de 20 horas de monólogos y escaso debate entre defensores y opositores al proyecto, el pleno del Senado aprobó en lo general –con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones– una Ley de Seguridad Interior cuestionada ampliamente dentro y fuera del país.
La bancada del PAN se dividió, pero el PRI y el Verde, solos, ya tenían mayoría. El bloque PT-Morena, más el PRD y algunos senadores panistas votaron en contra.
La minuta se envió el mismo viernes 15 a la Cámara de Diputados, la cual en hora y media la avaló con 262 votos a favor –del PRI, Verde, Panal, algunos del PAN y dos del Partido Encuentro Social–, y sólo 25 en contra, de Morena y Movimiento Ciudadano.
Franca colisión
La discusión de la Ley de Seguridad Interior mostró la clara colisión entre el respeto a los derechos humanos en los operativos contra el crimen organizado y la demanda de permitir el uso de “las capacidades de fuego” de las Fuerzas Armadas.
La victoria es para el alto mando castrense, para los gobernadores priistas y panistas que apoyaron la ley y para los tres principales personajes del gobierno federal que presionaron para su aprobación: el presidente Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Y en un hecho sin precedente, se manifestaron en contra los cuatro altos comisionados de la ONU: los de derecho a la privacidad; derechos humanos; contra las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y derecho a la libertad de opinión y de expresión.
A ellos se sumaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), así como 25 comisiones estatales de derechos humanos, el colectivo ciudadano Seguridad Sin Guerra –que aglutinó a 240 organizaciones civiles–, la Coparmex, los rectores de tres de las más importantes universidades del país –la Nacional Autónoma de México, la de Guadalajara y la Iberoamericana– y prácticamente todos los especialistas en derecho constitucional.
“Nunca antes cuatro altos comisionados se habían pronunciado sobre un problema específico en México”, apuntó en tribuna la senadora panista Laura Rojas, quien reprochó durante el debate que “no se puede participar activamente y liderar en los organismos, cuando éstos condenan violaciones graves a derechos humanos, por ejemplo en Venezuela, y desautorizarlos cuando señalan riesgos a los mismos en nuestro país”.
El jueves 14, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores le respondieron a Zeid Ra’ad al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que era motivo de “gran sorpresa” su crítica a la Ley de Seguridad Interior porque “no considera” los retos que México enfrenta en esta materia: el mercado más grande de drogas ilícitas, el persistente tráfico ilícito de armas de alto poder, la decisión de Estados Unidos de “desviar hacia nuestro territorio el flujo de drogas ilícitas”.
“Es preciso subrayar que el proyecto de ley no tiene por objetivo que las Fuerzas Armadas asuman un papel policiaco permanente, sino limita –a un año– la duración de sus intervenciones”, afirmó el comunicado de las dependencias federales. No mencionó que esos operativos se pueden prorrogar.
Según testimonios de varios senadores, el principal argumento que utilizaron los promotores de la ley para presionar su aprobación antes del inicio de las precampañas electorales de 2018 fue el siguiente: habrá casi 15 mil candidatos a 3 mil 400 cargos de elección, que no podrían recibir la protección de las Fuerzas Armadas sin una Ley de Seguridad Interior.
El proceso electoral de 2018 fue “el punto de inflexión” que aceleró el cabildeo a favor de la ley, como apuntó el experto en temas de seguridad nacional Javier Oliva Posadas, durante su participación en los foros del lunes 11 en el Senado.
Otros argumentos se ventilaron durante la discusión en el pleno del Senado. El panista Roberto Gil Zuarth subió a tribuna a defender el dictamen. Acusó a los opositores a la ley de hacer acusaciones “frívolas”. Y ante la pregunta de la senadora Dolores Padierna –“¿cuál ha sido el resultado para los derechos humanos tras 11 años de participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública?”–, calificó de maniqueo decir que el Ejército es el mayor violador de esos derechos.
La filípica de Gil Zuarth a favor de la ley y del papel de las fuerzas armadas recibió aplausos de las bancadas del PRI y del Verde, mientras sus correligionarios del PAN apoyaron las intervenciones de las senadoras Torres Peimbert y Adriana Dávila, así como la del yucateco Daniel Ávila Ruiz, quienes argumentaron contra una mayor presencia militar.
Gil Zuarth añadió que la fracción VI del artículo 89 de la Constitución le da facultades al Ejecutivo para regular y disponer del Ejército en funciones de seguridad pública.
Los senadores Isidro Pedraza, del PRD, y Fidel Demédicis provocaron reacciones airadas de la bancada del PRI. El primero les recordó cómo se creó en el seno del Ejército un grupo de élite –los “gafes”–, que luego se convirtió en el cártel de Los Zetas, uno de los más peligrosos y sanguinarios. Demédicis acusó directamente a Peña Nieto de ser el máximo responsable de las matanzas y violaciones cometidas por el Ejército en Tanhuato, Tlatlaya y en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El senador Miguel Barbosa, vicecoordinador del PT-Morena, señaló que “los delincuentes cometen delitos y los derechos humanos son violados por las autoridades”. Esta intervención generó otro debate con Gil Zuarth, quien habló de las nuevas tesis alemanas sobre el “efecto irradiador” de los derechos humanos y, según él, el crimen organizado es el principal violador de esos mismos derechos.
Provocadora, Dávila dijo que sus correligionarios del PAN que apoyaron la ley “están legalizando el fracaso” y señaló que el PRI ahora creó otro sector: la Confederación con Acción Nacional (“el CAN”, dijo).
En su tercera intervención, el senador Manuel Bartlett, coordinador de PT-Morena, enumeró todas las violaciones a los artículos constitucionales que contiene la ley: al 73, porque no es competencia del Congreso legislar en materia de seguridad interior; a los 39, 40 y 41, porque “no puede establecerse un régimen militar de excepción”; a los 119, 124 y 129, sobre derechos humanos; a los 39, 115, 116 y 124, porque se altera la certeza jurídica; y al 6, porque viola el principio de máxima publicidad.
“Constituye un golpe de Estado esta ley. En lugar de buscar la paz, ustedes decretan el exterminio”, sentenció Bartlett.
La priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación y una de las responsables de la dictaminación, sentenció a gritos desde la tribuna: “¡Que quede claro: no se militarizan las calles; al contrario, se pone orden!”.
De nada sirvió la moción suspensiva y la continua argumentación de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que una y otra vez criticó la “simulación” del diálogo. Su petición fue rechazada por 69 votos contra 39.
El cabildero militar
La victoria más clara fue para el principal cabildero de la Ley de Seguridad Interior, el general brigadier Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa desde noviembre de 2016, quien estuvo presente en casi todas las reuniones cerradas con las bancadas y con los representantes de organismos públicos, para convencerlos de que esta ley no está hecha para beneficiar a las Fuerzas Armadas.
Así se los dijo el lunes 4 a los representantes de organizaciones civiles que acudieron, en franca protesta, a la Junta de Coordinación Política del Senado. Ramos Flores insistió en que esta ley “no es para las Fuerzas Armadas, sino para la seguridad de todo el Estado”.
También regañó al comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, quien a nombre del organismo autónomo reprochó que la propia Ley de Seguridad Interior, en su artículo 9, consagra la reserva de toda su información.
Se reunió el miércoles 6 con la bancada del PAN para convencer a los “indecisos”, y contó con el apoyo de gobernadores como Miguel Ángel Yunes, de Veracruz; José Rosas Aispuro, de Durango; y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, quienes acudieron a la “cargada” de mandatarios a favor de la ley.
Vinculado al procurador general del sexenio de Fox, general Rafael Macedo de la Concha, Ramos Flores participó en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2004, y en 2011 asesoró en temas de corrupción a la procuradora del último tramo del calderonismo: Marisela Morales.
A finales del año pasado fue mencionado como candidato para ocupar la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, desde donde tendría acceso a los casos de abusos y crímenes de militares en distintos operativos, como la matanza de 22 personas en Tlatlaya o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La presión de los organismos de víctimas sobre la entonces procuradora Arely Gómez y su sucesor, Raúl Cervantes Andrade, frenó el nombramiento.
En entrevista con la revista Foro Jurídico, publicada en noviembre de 2016, Ramos Flores expuso ampliamente la necesidad de una Ley de Seguridad Interior que distinga claramente entre seguridad nacional y seguridad pública.
Para el militar, la seguridad interior no se trata de la defensa de ciudadanos o personas ante el crimen organizado, sino de “la supervivencia de las instituciones de la República y el orden constitucional”.
“Ha sido necesario apoyar en esta materia (de seguridad pública) con las Fuerzas Armadas, en tanto implique un problema de seguridad interior. Actuamos en coadyuvancia ante un problema de envergadura (el crimen organizado), pero en mi opinión nos encontramos en una línea muy delgada entre las funciones de la policía y el Ejército en ese terreno”, argumentó.
“Lo anterior ha provocado que erróneamente se pretenda que para auxiliar a esas instancias, sin afectar los derechos humanos, las Fuerzas Armadas se despojen de las características propias de su naturaleza, como armamento, equipamiento y adiestramiento militar, limitando sus capacidades para enfrentar la amenaza que representan los grupos criminales, de tal suerte que, al final del día, la fortaleza que se buscaba con su empleo se pierde, favoreciendo las acciones de los grupos criminales”, se quejó.
La Ley de Seguridad Interior, tal como se aprobó en el Congreso, le da la razón a la demanda de la Secretaría de la Defensa Nacional. Finalmente se privilegiará el uso de las Fuerzas Armadas y “las características propias de su naturaleza” frente al respeto a los derechos humanos.